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Monterrey . – La Comisión de Gobernación del Congreso local de Nuevo León aprobó al gobernador Samuel García una licencia para ausentarse del cargo por seis meses y pueda contender por la presidencia de la República.
La licencia tendrá vigencia del 2 de diciembre próximo al 2 de junio de 2024 y será el Congreso en el Pleno quien determine la persona que quede como gobernador interino.
Los diputados esperaron hasta las 15:25 horas al vencer el plazo de 24 horas que le habían dado al gobernador para que aclarara su ambigua solicitud de licencia, sin embargo, nadie acudió a realizar esa aclaración.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona estuvo de acuerdo con la licencia de seis meses, pero no aprobó que no hubiera un pronunciamiento sobre la propuesta de que el gobernador interino sea el secretario de Gobierno, Javier Navarro.
Por otro lado, a través de un escrito que entregó al INE, el gobernador Samuel García busca que le definan sobre sus derechos en torno a la licencia para contender por la Presidencia de la República en las elecciones del 2024.
Incluso, quiere que se pronuncie sobre su derecho a dejar como encargado de despacho al secretario general de Gobierno.
Argumenta que en el Congreso local se niegan a sesionar para dar trámite a su licencia. «En principio, pido que mi consulta se trámite con el carácter de urgente, porque Movimiento Ciudadano inicia su proceso para elegir a su candidato a presidente, y en el Congreso local se niegan a sesionar nuevamente mi solicitud de licencia», añade.
«Tengo incertidumbre sobre cuestiones inherentes a mi derecho a ser votado con todas las calidades y condiciones que establece la Constitución y la Ley, por lo que acudo a ustedes para que desahoguen mi consulta lo más pronto posible, ya que el proceso interno de MC ya comenzó, y si pretendo participar tengo que presentar mi solicitud a las instancias partidistas únicamente el próximo 3 de noviembre y las precampañas están próximas a iniciar», abunda.
También argumenta que la interpretación de que el Congreso deba definir al interino es inconstitucional.
«Esa interpretación sería inconstitucional y generaría la expulsión de dicha norma del sistema jurídico», explica en su argumentación.
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