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Ciudad de México.- La Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador llega al pleno de la Cámara de Diputados. El dictamen se endureció en los últimos días al plantear la renovación total tanto de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Lo cierto es que Morena no tiene los votos —las dos terceras partes de los legisladores— para sacarla del Congreso por lo que, como sucedió con la Reforma Eléctrica, el camino será trazado a través de cambios a leyes secundarias para reducir los costos del actual sistema.
“No se va a poder por ahora llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí se va a presentar una reforma legal”, adelantó desde días pasados el Presidente López Obrador al ser cuestionado sobre el camino que depara su propuesta, cuyos ejes centrales son sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular, y de pasar a un Congreso con menos legisladores y que los partidos sólo reciban prerrogativas —es decir, recursos públicos— en tiempos de campaña.
La propuesta de reforma ha sido empleada por la oposición para articular su discurso y para movilizar a decenas de miles de personas en la Ciudad de México y el resto del país bajo la narrativa de “defender” al INE. Incluso sacó a las calles a expresidentes y dirigentes partidistas que denunciaron el intento del Presidente por “desaparecer” al órgano electoral. No obstante, la prensa reseñó cómo parte de los asistentes desconocía el contenido y los tiempos legislativos de la propuesta, o el hecho de que el oficialismo no cuenta siquiera con los votos para aprobarla: sólo tiene junto a sus aliados 276 y para una reforma a la Constitución se requieren 334 votos de los 500 legisladores que integran la Cámara, es decir, las dos terceras partes.
Al igual que la narrativa empleada por la oposición, el Presidente López Obrador ha hecho lo propio para enfatizar esos cambios a los que —ha dicho— se resiste la oposición:
“Ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no quieren? Lo voy a volver a repetir: que se reduzca el presupuesto. ¿Qué es lo que no quieren? Que en vez de 500 diputados haya 300, para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa por el pueblo, no lo aceptan. ¿Qué es lo que no aceptan? El que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan? Que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre. Entonces, eso no lo aceptan”, dijo el pasado 24 de noviembre.
El dictamen de la reforma constitucional que se discutirá en el pleno de San Lázaro fue modificado hace unos días y ahora propone adelantar la salida de los 11 consejeros para dar paso a un Consejo General de siete miembros.
Es en el artículo segundo transitorio del dictamen en donde se establece que por única ocasión, la elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral se llevará a cabo el primer domingo de febrero de 2023. Se indica además que el INEC sustituirá plenamente al INE “y los integrantes del Consejo General de este último cesarán en sus funciones al momento en que sea declarada la elección de las personas integrantes del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y éstas rindan protesta de ley”.
Los titulares de la presidencia y de las consejerías electorales durarían en su cargo seis años y no podrán ser reelegidos. Serán votados de manera directa y secreta por la ciudadanía a nivel nacional, el primer domingo de agosto del año que corresponda, a excepción de la primera votación que se realizaría por única ocasión en febrero de 2023. Y quien reciba más votos al momento de su elección ocupará la presidencia del órgano electoral.
Para el proceso de elección, cada uno de los Poderes de Unión postulará veinte personas de manera paritaria: el Poder Ejecutivo lo hará a través del Presidente de la República; el Legislativo postulará diez personas por cada Cámara, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con mayoría de ocho votos.
En el mismo sentido refiere que “a partir de la rendición de protesta de las personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes ocupan actualmente dichos cargos cesarán en sus funciones”. Se señala también que desaparecerán los organismos públicos locales electorales a partir de la instalación del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
El oficialismo sabe que los votos opositores en el cuerpo legislativo le cerrarán el paso y lo obligarán a una reforma a leyes secundarias, más austera, conocida como “plan B”. La alianza Va Por México que componen PAN, PRI y PRD y su socio en muchos temas, Movimiento Ciudadano (MC), no le darán votos al oficialismo para las dos terceras partes de los votos que requiere para llevar a fondo su reforma, aún cuando el priismo, por medio de sus dos principales liderazgos en la Cámara baja, Alejandro Moreno Cárdenas —líder nacional del PRI— y el coordinador parlamentario Rubén Moreira consideraron en un principio abrirse al diálogo.
“Lo importante para nosotros es luchar juntos, defender la democracia en este país, fortalecer a las instituciones electorales, tanto al Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Federal Electoral”, dijo ayer “Alito” Moreno Cárdenas.
Adriana Báez, integrante de Buró Parlamentario, consideró que el oficialismo sí pensó en la posibilidad de que se aprobara la Reforma Electoral después de que Morena logró que el PRI les respaldara con la reforma de la Guardia Nacional. “No queda claro por qué el presidente nacional del PRI decidió regresar a la alianza opositora, lo que queda claro es que el partido bisagra es el PRI y ahora decidió, con su presencia en la marcha del 13 de noviembre en favor del INE, que no pasaría la reforma en el sentido en como la envió el Presidente”, comentó.
El Presidente y Morena son conscientes de esto y, de acuerdo con observadores, lo que se busca es, como sucedió con la Reforma Eléctrica, exhibir a la oposición para señalar que son estos partidos los que no quieren un cambio al sistema electoral actual.
“Si se ve desde el bloque oficialista, se busca trasladar el costo político a la oposición en temas tan claves como la reducción en el número de consejeros, la nueva forma de elegir a magistrados y consejeros, la reducción en el financiamiento de los partidos políticos y la idea de reducir los plurinominales, con lo cual el mensaje es ‘quise cambiar el sistema político, quise una democracia más barata, quise reducir el control de las cúpulas políticas, pero me lo impidieron las fuerzas políticas de la oposición’”, señaló el analista político Jorge Aljovín.
Por otro lado, ahondó, “la lectura de la oposición es que la marcha del 13 de noviembre tuvo el efecto de desarticular al Presidente de la República, por primera vez quitarle la agenda pública y la oposición, por primera vez en el Congreso, ganó una batalla legislativa que veremos si da para capitalizarla, avanzar y que, en 2023 en Coahuila y Estado de México, tengamos elecciones competitivas. No solo se reduce al ámbito electoral, sino que es el banderazo a los próximos comicios de 2023 y de a2024 con nueve gubernaturas y la joya de la Corona, la Presidencia”.
EL PLAN B ELECTORAL
En cuanto al plan B, el Presidente López Obrador ha dicho que presentará una reforma legal que permita “lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones, y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto”.
“Lo de la Constitución, ya engañaron a muchos que queríamos destruir al INE. Les diría que me quedo con eso, porque fue una mentira de una desproporción que les debería de dar vergüenza, pero no sólo a los publicistas, a los que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se lo creyeron”, criticó el mandatario la semana pasada.
Esta propuesta de plan B sería presentada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados —es decir el 15 de diciembre—, y consiste en legislaciones secundarias que no necesitan una mayoría calificada, es decir la tercera parte de los votos.
“El plan B del Presidente es enviar una serie de propuestas de reforma a las leyes secundarias, pero serán muy ligeras porque la Constitución contempla cómo son designados los consejeros electorales, habla del Instituto Nacional Electoral, de que los Oples operan en las entidades, viene cómo se integra la Cámara de Diputados y el Senado e incluso parte de los congresos locales; todo eso está en la Constitución”, explicó Adriana Báez.
La integrante de Buró Parlamentario indicó que realmente hay un margen de maniobra muy limitado para el Presidente con las reformas secundarias, “pero es posible que mande la del voto electrónico –hasta la oposición lo aprueba– y es muy probable que fusione las vocalías de capacitación electoral, porque su división no viene muy especificado en la Constitución. Eso tendrá un impacto en las actividades del INE, complicará la operación de las elecciones. Pero no veo más posibilidades”.
Dentro de las modificaciones que se podrían hacer con la reforma legal se prevé la implementación del voto electrónico, las acciones afirmativas, la modificación de la estructura del INE; así como sus facultades y atribuciones en normas procesales y asuntos de fiscalización para así, evitar “sanciones excesivas”.
“A partir de estas reformas secundarias lo que puede llegar a ocurrir es limitar las funciones administrativas del INE, controlar su servicio profesional electoral. En abril de 2023 habrá una renovación de cuatro consejeros electorales, por lo que tendremos una poca resistencia de las consejerías electorales de los nuevos integrantes del instituto, en dado caso de que el oficialismo decida cooptar estos cuatro nombramientos”, comentó a su vez Jorge Aljovín.
Pero quedaría fuera la reducción del número de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral y tampoco se podría establecer su elección a través de voto popular ni el recorte del financiamiento público a partidos políticos.
“La oposición no puede bloquear el plan B porque Morena tiene la mayoría y cualquier propuesta que manden por ley secundaria se aprobará. Si hay algo que contravenga la Constitución, seguramente se apelará al recurso de inconstitucionalidad para detenerlo, pero no veo muchas posibilidades de grandes cambios como lo tenía contemplado el Presidente”, expuso Báez.
Aljovín dijo a su vez que “el triunfo para la oposición es que con reformas secundarias ya no se podrá modificar el número de integrantes de las cámaras del Congreso, ya no se le podrá reducir el financiamiento a los partidos políticos y tampoco se podrá modificar el método de elección de consejeros. Pero donde el oficialismo puede contraatacar es a través de minar las facultades del INE e inhabilitar a los Oples, que seguirán existiendo, pero congelados. No es un capítulo acabado, es el as bajo la manga que tiene el oficialismo y que la oposición tendrá que neutralizar a través de mecanismos jurisdiccionales y por lo tanto será una guerra de largo aliento”.
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