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Ciudad de México.- El feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa indignó a las mujeres en México debido a las omisiones y negligencias por parte de las autoridades estatales desde el momento en que la joven de 18 años desapareció.
Como si no fuera suficiente, el cuerpo de Debanhi fue violentado nuevamente con una exhumación, derivada de la obstaculización y falta de ética que, desde un inicio, los funcionarios locales pusieron en el camino para acceder a la justicia.
En búsqueda de una respuesta, la familia de Debanhi Escobar autorizó el proceso de exhumación en el Anfiteatro del Hospital Universitario, lugar a donde arribaron peritos especializados para realizar el procedimiento con el fin de obtener un tercer dictamen. Sin embargo, la exhumación es un procedimiento que pudo haberse evitado si, durante la investigación en torno a la desaparición y posterior feminicidio de Debanhi, las autoridades no hubieran actuado desde la negligencia.
Por ejemplo, desde la última vez que la joven fue vista con vida en la carretera, las autoridades locales ignoraron pistas y operaron con base en un protocolo deficiente, pues Debanhi fue localizada en el mismo punto donde presuntamente ya había sido buscada: las instalaciones del Motel Nueva Castilla.
A esto le siguió la investigación sobre su feminicidio, que en un inicio concluyó que la joven había caído “accidentalmente” a una cisterna. Incluso el fiscal de la entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, afirmó que Debanhi se puso de pie luego de caer. Dicha declaración puso en evidencia el poco compromiso de las autoridades neoleonesas para esclarecer el delito y sancionar al o los responsables.
Las acciones de los funcionarios públicos encargados de investigar el feminicidio de Debanhi Escobar han violado normas y estándares internacionales. Tal es el caso de la Convención Belém Do Pará, que en su artículo 7 exhorta a los Estados a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. En ese sentido, se hace el llamado a las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones a actuar con debida diligencia.
La investigación sobre el feminicidio de Debanhi Escobar también viola lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sentencia “Campo Algodonero” contra México, donde se dictó al Estado mexicano adoptar una “política integral y coordinada, respaldada con recursos adecuados, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas reparadas”.
Sin embargo, lejos de respetar estos lineamientos, las autoridades de Nuevo León decidieron violentar nuevamente el cuerpo de Debanhi para acceder a la verdad detrás de su feminicidio. Esto evidencia que incluso después de su muerte, los cuerpos de las víctimas son maltratados como parte de una violencia continua proveniente de la negligencia estatal.
Ante este panorama, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, afirmó que las “exhumaciones deben ser el último recurso para acceder a la justicia y aportar a la investigación”, ya que es doloroso para las familias y puede ser evitado, siempre y cuando se siga el debido proceso desde el principio de las indagatorias para brindar justicia a las víctimas y sus familiares.
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