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Los responsables de la custodia de las dos hijas menores de edad del juez anticrimen Uriel Villegas Ortiz, asesinado el 16 de junio de 2020 en la ciudad de Colima por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son de las personas beneficiadas hasta ahora con los recursos de uno de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que extinguieron legisladores de Morena y sus aliados.
De acuerdo con el padrón de beneficiarios del Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, los encargados de la custodia de las hijas de Villegas Ortiz recibieron el último apoyo de este instrumento financiero en el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), por un monto de 37 mil 430 pesos.
Villegas Ortiz, quien al momento de su asesinato era juez sexto de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima, fue ultimado en su domicilio junto con su esposa, Verónica Barajas Vega, y frente a sus hijas, en ese entonces de tres y siete años de edad.
Un año antes de su homicidio, en febrero de 2019, Villegas Ortiz había renunciado al vehículo blindado y a la escolta que le había asignado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por los casos que revisaba, entre ellos, los expedientes de narcotraficantes como Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
Los apoyos que reciben los responsables de la custodia de las menores, a través de dicho fideicomiso que administra el CJF, no están acreditados a nombre de estos, sino de Uriel Villegas Ortiz, de acuerdo con los documentos que publica este organismo en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Al día siguiente del crimen del juez y de su esposa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina —que en aquella ocasión se realizó en la ciudad de Puebla— que se trataba de “un crimen atroz y condenable”.
López Obrador afirmó que su gobierno estaba trabajando de manera conjunta con el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Fiscalía General de la República (FGR) para “castigar a los responsables” del asesinato del juez Uriel Villegas, quien estaba al frente de la investigación por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y robo de combustible en contra de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.
La exministra Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación y hoy senadora por Morena, quien votó en contra de la desaparición de dichos fideicomisos en la sesión del miércoles en la madrugada en la Cámara alta, declaró en aquella ocasión que “el juez murió por hacer su trabajo” y puntualizó que “llevaba casos de personajes de la delincuencia organizada”.
Desde el tercer trimestre de 2020 (julio-septiembre) se acreditan los dos primeros registros de apoyo económico a las hijas del juez anticrimen, por un monto de 39 mil 288 pesos y otro por dos mil 261 pesos. En total, son seis los beneficios otorgados a las menores de edad a través de dicho instrumento en vías de liquidación.
Los otros apoyos económicos registrados en el padrón de beneficiarios de dicho instrumento a los responsables de la custodia de las hijas del fiscal anticrimen asesinado se realizaron en el primer trimestre de 2022 (enero-marzo), por la cantidad de 35 mil 145 pesos, y uno por un monto de dos millones de pesos, en el primer trimestre de 2021. La suma total de apoyos canalizados es de casi 2.1 millones de pesos.
El Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que el miércoles en la madrugada fue liquidado con el voto mayoritario de senadores de Morena, PVEM y PT contaba con un patrimonio, hasta el 12 de agosto de 2023, de 69 millones de pesos.
La extinción oficial de ese fideicomiso y de los otros 12 que administraba el CJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrará en vigor cuando López Obrador publique su decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Del saldo con el que contaba ese instrumento financiero, se destinaron 9.7 millones de pesos para 23 apoyos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), todos de áreas administrativas, que laboran en las entidades de Puebla, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas, Colima, Nuevo León, Campeche, Guanajuato, Michoacán y Ciudad de México. Los pagos se hicieron entre 2019 y 2023.
A tres años de este crimen, las fiscalías de Colima y General de la República han capturado al menos a 10 presuntos sicarios del CJNG que participaron en el asesinato, de los cuales solo a tres se les ha ejercido acción penal: David Ulises Lara, “El Nene”, presunto autor material de la ejecución del juez; Adrián Alfredo de la O y Marcial Ovidio Zelaya.
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