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Ciudad de México.– Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del Presidente Felipe Calderón está la espera del veredicto de los 12 miembros del jurado que desde el jueves dialogan para determinar si es culpable de tener nexos con el narcotráfico, una situación que podría abrir la puerta a investigaciones paralelas.
El jueves, luego de las sesiones donde tanto la defensa como los fiscales del caso llevaron a cabo sus argumentos de cierre, el Juez Brian Cogan dio las últimas instrucciones a los jurados para que discutan el tema entre ellos y alcancen una conclusión sobre las acusaciones contra García Luna.
Los 12 miembros del jurado, seis hombres y seis mujeres, comenzaron las deliberaciones de los cinco cargos y las seis agravantes en contra del exsecretario de Seguridad Pública en México. Entre ellas, la de “conspiración para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos”.
En este caso, la situación se tornó tensa el jueves pasado en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, donde se desahoga este caso luego de más de tres años de la detención del titular de Seguridad mexicano en el sexenio de Calderón. La Fiscalía aseguró este jueves que tenía testigos listos para testificar contra García Luna con respeto a las relaciones que mantuvo con otros policías supuestamente corruptos luego de su salida de la administración pública en 2012, lo que demostraría que seguía siendo un “conspirador” en el tráfico de droga hacia EU.
Sin embargo, los fiscales argumentaron que no usaron a estos testigos —de los que no se dio detalles de quiénes son— porque pensaron que no los necesitarían. La defensa de García Luna, a cargo del abogado César de Castro, argumentó en favor de que se deseche ese cargo de conspiración, porque supuestamente al salir del Gobierno, su cliente había dejado de ser parte del entramado que permitía el trasiego de droga y por lo tanto, debido a que pasaron más de cinco años de que ocurrió el delito según el estatuto de limitaciones de EU, ya no era posible juzgarlo.
“Esa conspiración si es que existió… ya no existe”, aseguró la defensa, en un alegato de última hora para intentar salvar a García Luna. Sin embargo, los fiscales señalaron que ellos consideraban que haber dejado su cargo en el Gobierno no implicaba haber dejado de ser conspirador, pero debido a los tiempos del juicio, que ellos mismos acortaron, ya no fue posible presentar a esos testigos.
Por lo tanto, la discusión entre ambas partes se centró en las indicaciones que el Juez Cogan le dio al jurado antes de enviarlos al salón donde el martes continuarán con las deliberaciones —porque el lunes es feriado en EU— sobre las acusaciones contra García Luna. Los jurados no tienen un límite de tiempo y pueden solicitar volver a ver pruebas o testimonios, aunque no así los argumentos de la defensa ni de la Fiscalía estadounidense.
En ese sentido, los fiscales argumentaron ante el Juez Cogan que debía indicarles a los jurados específicamente que para dejar de conspirar tendría que haber tomado una acción específica y que sus supuestos colaboradores entendieran que dejaba de participar en la comisión de delitos.
El Juez Cogan sólo aceptó parcialmente la solicitud de los fiscales. Les indicó a los jurados que lo primero que deben analizar es si existió o no la conspiración de García Luna para facilitar el envío de droga a Estados Unidos. En caso de que los jurados lleguen a la conclusión de que eso ocurrió, deben discutir si García Luna se retiró o no de la conspiración.
En favor de las autoridades estadounidenses, el Juez Cogan detalló a los jurados que García Luna tuvo que dejar muy claro que salió de esa conspiración y que la acción que haya tomado para separarse haya sido clara para sus presuntos co-conspiradores. Debe estar “más allá de la duda razonable”, indicó el juzgador, pues mientras a la Fiscalía le tocaba probar que era culpable de participar en la conspiración, era la defensa la que tenía que probar que había dejado de participar en ella.
En caso de que los jurados consideren que sí participó en la conspiración, también tendrán que decidir si García Luna dejó de ser conspirador a partir de 2012, cuando dejó la Secretaría de Seguridad Pública, o eso no fue un hecho suficiente.
LA GRAN INCÓGNITA DEL CASO: QUÉ PASÓ LUEGO DE 2012
Saritha Komatireddy, una de las fiscales del caso, argumentó el jueves pasado, dentro de la discusión sobre si García Luna era conspirador o lo había dejado de ser a su salida en 2012 de la entonces SSP federal mexicana, que “sus actividades como consultor con los Weinbergs eran altamente dependientes con respecto a sus continuas relaciones con funcionarios corruptos en México”, tales como supuestamente Ramón Pequeño y Facundo Rosas.
Sin embargo, el Juez Cogan rechazó la noción de la Fiscalía, asegurando que no había podido probar que los negocios de García Luna con los Weinbergs estuvieran ligados a los supuestos pagos millonarios que le realizó el Cártel de Sinaloa, según los testimonios de tres narcotraficantes detenidos en EU durante el juicio, aunque sí aceptó detallar en las instrucciones al jurado sobre lo necesario para determinar si García Luna seguía siendo conspirador o no.
Durante el juicio, el Juez no permitió la presentación de pruebas sobre el enriquecimiento de García Luna después del 2012, pero sí había autorizado a los fiscales abordar ciertos aspectos de las propiedades o acciones del exfuncionario siempre y cuando fueran “continuación” de hechos ocurridos antes de ese año.
Uno de los grandes triunfos de la defensa liderada por de Castro fue haber limitado que se abordara la riqueza de García Luna después del 2012, ya que el Juez Cogan consideró que no correspondía al periodo en que fue funcionario y habría tenido nexos con el narcotráfico.
Aunque la pequeña ventana se abrió el jueves para García Luna y su defensa, también podría ser el anuncio de algo peor, ya que es imposible determinar si los testigos de los que hablaba la Fiscalía que tenía listos para hablar sobre el exfuncionario mexicano puedan aparecer o no en otro caso contra García Luna.
El Gobierno mexicano encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado por lo civil a García Luna, en un juicio que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra no sólo del exsecretario de Seguridad de Calderón sino “de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.
“Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, durante la conferencia presidencial del 9 de febrero.
De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.
A pesar de que continúa el examen de otras operaciones, explicó que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”.
A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.
Asimismo, reveló el nombre de las personas demandadas, incluidos “los Weinbergs” a los que se refirió la Fiscalía de EU en Nueva York esta semana: Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar no todos los contratos, puesto que son muy largos, pero vamos a poner de ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos, que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total 20 años como ya se señaló”, reiteró Gómez Álvarez.
Esta semana, la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, subió al estrado este martes para explicar de dónde viene supuestamente la riqueza que su esposo amasó. Cuestionada sobre bienes entre 1994 y 2008, ella respondió de manera lógica en cuanto a la compra-venta de casas y negocios.
“La Fiscal Erin Reid cuestionó ciertas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los García Luna, pero Pereyra señaló que hubo ajustes posteriores”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter en donde también precisó que la Fiscal quiso preguntar sobre la vivienda de 3.7 millones de dólares en Miami, pero el Juez aceptó la objeción de la defensa al no entrar en el periodo de acusaciones (2001-2012).
LA RESOLUCIÓN DEL JURADO, EN CUALQUIER MOMENTO
El jueves por la tarde, el jurado comenzó las deliberaciones para determinar el futuro judicial del exsecretario de Seguridad Pública mexicano y hasta el viernes no habían llegado a una decisión.
La hoja de cargos inicia con las acusaciones 2, 3 y 4 por conspiración para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos; una vez decididos sobre esos cargos podrán responder sobre el número uno, que es liderar una organización criminal durante un largo periodo.
El primer cargo contra el exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón contempla las agravantes, es decir, seis hechos que soportan la conspiración de cocaína.
La violación uno es por la distribución internacional de aproximadamente 5,000 kilogramos de cocaína en septiembre de 2008; la distribución de 23 mil kilogramos de cocaína el 30 de octubre de 2007; distribución de aproximadamente 19 mil kilos de cocaína en marzo de 2007.
La violación cuatro es la distribución de aproximadamente mil 997 kilogramos de cocaína el 28 de enero del 2003; la violación cinco por la distribución de mil 925 kilogramos de cocaína el 16 de agosto del 2002, y la sexta que es por la distribución de aproximadamente mil 923 kilogramos de cocaína el 24 de mayo del 2002.
El quinto cargo es por falso testimonio a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para la naturalización.
Sobre dichas violaciones se presentó evidencia con testigos cooperantes, agentes de la DEA, FBI, la Guardia Costera, fotografías y videos. García Luna es señalado por sus nexos con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y la Organización de los Beltrán Leyva.
El Juez, que pidió no prejuzgar a García Luna por su “género ni su etnicidad” y aceptó que se trataba de un caso complicado, también le recordó al jurado que estaba ante “probablemente una de las decisiones más importantes que tomarán en su vida”.
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