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Ciudad de México.- La violencia obstétrica es una agresión recurrente en los servicios de salud pública y privada, ante esa realidad la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para educar y capacitar al personal encargado de la atención de las mujeres durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida.
Por ello, la Comisión de Igualdad de Género aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de transformar los modelos de atención de salud reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos.
Además, se busca dotarlos de instrumentos que les permitan otorgar una atención materno-infantil con perspectiva de género y promover un parto humanizado, intercultural y seguro que fortalezca el respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres.
El dictamen, aprobado con modificaciones y por unanimidad de 26 votos, se desprende de las iniciativas presentadas por diputadas de Morena, PAN y PVEM, que plantean incluir acciones para capacitar al personal de salud en perspectiva de género en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada de Morena, Julieta Kristal Vences Valencia, recordó que la violencia obstétrica consiste en cualquier acción u omisión realizada por personal de salud, que provoca daño físico o psicológico a las mujeres durante las etapas de embarazo, parto y posparto.
Resaltó que este tipo de violencia se manifiesta al negar el acceso a los servicios de salud reproductiva, tratos crueles o degradantes por parte del personal médico, y limita la capacidad de la mujer para tomar decisiones libres e informadas sobre los procesos reproductivos.
“Recordemos que en la violencia obstétrica a veces el personal de salud quiere tomar decisiones que no le corresponden, como cuando acaban de tener un bebé y quieren ponerles un dispositivo intrauterino (DIU) o que en ese momento la quieren operar, decisiones como estas que solo les corresponde a las mujeres”, puntualizó.
La diputada del PVEM, María del Carmen Pinete Vargas, una de las promoventes, subrayó que en los últimos 5 años, 1 de cada 3 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto en México, sufrieron algún tipo de maltrato de quienes las atendieron, lo que es una clara violación a sus derechos humanos.
Refirió que, si bien existe un marco legal que protege los derechos humanos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, la realidad que viven es una constante violación cuando acuden durante su embarazo o parto, por lo que es importante incluir en la ley un trato humanizado.
La diputada de Morena, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, también promovente de la iniciativa, consideró necesario visibilizar, prevenir y sancionar la violencia obstétrica. “Estoy agradecida por agilizar este tema; es importante caminar juntas en todo lo que se refiera a lucha contra la violencia a la mujer”.
La diputada de Morena, Judith Celina Tanori Córdova, aseguró que además de respetar los derechos de las mujeres, se les debe otorgar un trato digno y responsable por parte del personal de salud, pues en ocasiones el maltrato es muy fuerte como si hubieran cometido un delito.
Por eso, agregó, es importante que haya una buena formación del personal de salud para defender los derechos de las mujeres, por lo que este dictamen abona en su beneficio para recibir una atención médica digna.
Violencia obstétrica en servicios de salud pública
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, señaló que a pesar de que la violencia obstétrica es recientemente conceptualizada, tiene su base de exigibilidad desde el año 2000 en que el Comité DESC de la ONU emitió la Observación General 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, cuando fueron fijados como elementos del derecho a la salud tanto la aceptabilidad para proveer servicios de salud sensibles al género, como la prohibición de discriminación.
Sumado a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido desde hace más de 15 años que características identitarias como el género constituyen determinantes sociales de la salud, por lo que los Estados están obligados a adoptar medidas para la prevención, atención y reparación de la violencia de género en el ámbito de la salud.
Ante esa situación, la CDHCM emitió la Recomendación 06/2023 sobre violaciones al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica, la cual se sumó a otros 11 instrumentos recomendatorios emitidos previamente por este organismo en los que se documentan fallas en la atención a la salud materna o constitutivos de violencia obstétrica, que en su conjunto reúnen 68 casos y múltiples víctimas.
La recomendación basó su análisis en la falta de acceso a información fiable y de calidad que padeció la víctima en 2018 con motivo del desarrollo de su primer embarazo, lo que le generó incertidumbre sobre su estado de salud y el de sus hijos.
La Presidenta de la CDHCM mencionó la relevancia de que la violencia obstétrica haya sido reconocida el año pasado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma de violencia de género al resolver el caso Brítez Arce y Otros vs. Argentina. En los próximos meses -comentó- será emitida una sentencia más en ese tema para la región: Beatriz y Otros vs. El Salvador.
Asimismo, Ramírez Hernández señaló que si bien dichos criterios regionales impulsan el reconocimiento de esta forma de violencia de género tradicionalmente invisibilizada, la violencia obstétrica como elemento contrario al respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes está plasmada en la Constitución Política de la Ciudad de México desde 2017 y posteriormente explicitada en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que junto con el desarrollo de los instrumentos recomendatorios antes referidos, ha contribuido a implementar medidas para su erradicación.
A pesar de los avances normativos y el desarrollo en torno al tema, la violencia obstétrica sigue siendo una práctica común. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), la Ciudad de México ocupa el tercer lugar entre las entidades federativas con mayor prevalencia de Hernández contra las mujeres de 15 a 49 años con 39.2 por ciento del total de las entrevistas realizadas.
La Presidenta de la CDHCM reiteró que el elemento central de la violencia obstétrica es que constituye una de las formas de violencia basada en el género que afecta la supervivencia, el bienestar, la libertad y la salud de las personas embarazadas, e incluso, en algunos casos, de sus hijas e hijos. De ahí la importancia de redoblar la adopción de medidas adecuadas para que las mujeres y personas gestantes de esta Ciudad no sean víctimas de este flagelo.
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