Puebla.- Estaba previsto que este 25 de abril se llevara a cabo la primera audiencia del juicio oral contra María Dolores, quien está en prisión preventiva desde hace cuatro años por haber defendido a su amiga Rosita Marimar del agresor Tomás N. No obstante, las autoridades a cargo tomaron la decisión de aplazar la audiencia, con lo que se continúa retrasando el acceso a la justicia para Dolores, quien además fue víctima de trata por parte de Tomás.
Durante la semana pasada, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social dio a conocer el caso de María Dolores G.L., una mujer de 25 años y madre de 4 hijos, originaria de Tabasco. Dolores fue enganchada y llevada con engaños al Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, para ser explotada sexualmente. Ahí fue retenida y prostituida a la fuerza por Tomás N., entre cuyas víctimas también se encuentra Rosita Marimar.
Ambas sufrían constantes amenazas y distintas formas de violencia por parte de su agresor. Varias personas del pueblo, incluyendo las autoridades del municipio, sabían que eran obligadas a ejercer la prostitución y nadie intervino, lo anterior, en virtud de que el local donde se llevaron a cabo estos actos estaba ubicado literalmente frente el Palacio Municipal.
Un día, mientras Tomás intentaba ahorcar a Rosita Marimar, Dolores intervino y atacó al hombre para defenderla en un acto de legítima defensa, pues estaba en riesgo la vida de Rosita y su propia vida. Como resultado de estos hechos, Dolores provocó la muerte de Tomás, por lo que la Fiscalía del Estado de Puebla acusa a ambas mujeres de homicidio calificado y pide una condena de hasta 50 años de prisión.
Para ello, la Fiscalía se está basando en una investigación plagada de estereotipos de género según lo informado por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Además, no está tomando en cuenta el contexto de explotación y violencia que sufrían las dos acusadas. De igual forma, se ha violado el debido proceso en un sin número de ocasiones retrasando la audiencia de inicio del juicio por más de 4 años con argumentos que -de acuerdo con el Grupo- no se pueden sostener bajo ninguna lógica jurídica.
Estas violaciones se repitieron el 25 de abril, cuando, pese a que se tenía previsto que iniciara el juicio con la causa penal 18/2019/SANMARTÍN (designado a la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, María Guadalupe Muñoz Pérez), esta audiencia se difirió nuevamente. La defensa de Dolores exigió una explicación presencial para que se le notificara personalmente esta situación y se fijara una nueva fecha lo más próxima posible, la cual se definió para el 17 de mayo de este 2023.
Luego de que el caso ha sido expuesto en medios de comunicación nacionales e internacionales, se han recabado por medio de la plataforma Change.org más de 20 mil firmas de todas partes del mundo exigiendo y vigilando el trabajo de las autoridades. Sin embargo, la Fiscalía y la Jueza volvieron a negarle el derecho a Dolores de una justicia pronta y expedita.
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