Redacción El Coahuilense
Oaxaca de Juárez.- Durante 13 años Judith Méndez ha luchado por alcanzar el derecho de su hija a una pensión alimenticia. A lo largo de este tiempo tanto el padre como las instituciones han actuado en su contra, ambos han retardado los procedimientos e incluso favoreciendo al deudor, así lo di a conocer la mujer quien sigue en espera de que la situación cambie en favor de ellas.
En México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5 por ciento de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones de sus ex parejas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEGI)
El derecho a una alimentación saludable para las y los niños, se regula de acuerdo con Convenciones Internacionales y está suscrita en la Convención sobre los Derechos del Niño del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que establece que deben tener garantizada una alimentación suficiente, accesible, duradera y en condiciones saludables.
Fue apenas el pasado 21 de febrero cuando se llevó a cabo la audiencia de apertura de sobre, que contenía los resultados de la prueba de ADN que confirma la paternidad de la niña de Judith con el deudor alimentario. Con este paso ella pensó que el camino había terminado, pero no fue así, pues la actuación de la jueza Alicia Magali Medina Bustamante, favoreció al deudor fijando una pensión de solo el 15 por ciento de los ingresos.
Judith relató que, durante la audiencia, la secretaria del juzgado, Nancy Araceli Santiago González, presionó para que se acordaran los convenios de pensión de inmediato. Ante la sorpresa de Judith quien esperaba simplemente la lectura de los resultados de la prueba y la programación de una próxima audiencia para discutir los convenios relacionados con la paternidad y la pensión.
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La jueza Medina Bustamante, de manera inesperada, impuso un 15 por ciento de pensión alimenticia en total por los dos centros de trabajo en donde labora el deudor y desechó la propuesta del 20 por ciento solicitado por las abogadas de Judith.
La decisión de la jueza -señaló- refleja discriminación y violencia de género porque no considera los gastos reales que implican la manutención y cuidados, así como la capacidad económica del padre quien es político, abogado, catedrático y ha tenido cargos influyentes dentro de la sección 22 del sindicato de maestros.
La pensión retroactiva ocurre cuando el deudor alimentario no cumple con sus responsabilidades de manutención durante el periodo de crecimiento de su hijo y debe reponer este daño tiempo después. Dicha retribución económica puede solicitarla tanto el responsable primario del menor como el acreedor a este derecho.
Violencia vicaria
De acuerdo a la Universidad Complutense de Madrid, “la violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos”, dentro de la violencia de género, la violencia vicaria es la más cruel y despiadada porque se da una suerte invisibilidad, que sucede al manto protector de una sociedad que permite o tolera este tipo de actuaciones; en este caso el fiel de la balanza de la justicia no voltea a ver la situación planteada desde la mirada solidaria, con perspectiva de género.
La situación se agravó cuando Judith fue acusada de «envenenar» a su hija contra su padre, desestimando las razones psicológicas de la menor para no querer convivir con él pues en el inicio del proceso el papá de la niña, negó que fuera su hija. La secretaria y la jueza, desde la percepción de Judith, se colocaron del lado del deudor y actuaron como defensoras.
“Todo esto es parte del sistema machista y patriarcal. A nosotras como mujeres nos toman a locas y nos hacen esperar como si no valiera nada el proceso que estamos enfrentando. Nos hacen esperar sin importarles que tenemos hijos a quienes alimentar y vestir. No se dan cuenta que las infancias son las que quedan en medio y son las que más necesitan la pensión”, expuso.
La próxima audiencia está programada para el 7 de marzo, donde se discutirán los convenios relacionados con la paternidad, la pensión alimenticia retroactiva y los gastos asociados al proceso.
Para Judith, el camino para obtener justicia para su hija ha durado al menos 13 años, sin embargo, sostiene que aunque el camino sea arduo, no hay que bajar la guardia porque los derechos de las y los niños son irrenunciables; así que instó a otras madres a no desistir en la lucha por los derechos de sus hijos y a alzar la voz, destacando que la perseverancia puede llevar al logro de la justicia.
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