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CDMX.– Rosario Robles Berlanga está de regreso. La Secretaria de Estado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto acusada y luego exonerada de haber sido omisa en el esquema de corrupción conocido como la “Estafa Maestra” mediante el cual se desviaron más 5 mil millones de pesos tiene previsto sacar en los próximos meses un documental sobre su tiempo en prisión, así como publicar un libro. Destaca que, a la par de su regreso a la vida pública del país, no ha descartado alguna aspiración política, la cual —dijo— definirá en su momento.
Así, en tan sólo unos meses, Robles Berlanga ha recuperado su libertad en un caso en el que fue cuestionado el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR), para posicionarse como una opositora al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabiliza de su tiempo en prisión como parte de una supuesta “venganza” sobre un caso evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el sexenio pasado.
A su lista de escándalos en los que se ha visto involucrada se suma una presidencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que quedó marcada por la recepción de recursos por parte del empresario argentino Carlos Ahumada, quien fue su pareja sentimental. Sin embargo, la retórica de “víctima” de la que se ha apropiado parece hacer poco para recuperar su capital político, observó Adriana Greaves de la organización Tojil, la cual presentó la denuncia inicial del caso “Estafa Maestra” a las autoridades.
“Creo que Rosario tiene una retórica de ella haber sido la víctima, que en realidad no, no fue una víctima, ella sí participó en todos estos escándalos. Lo que sí atribuimos es que la Fiscalía no hizo su labor de realmente desmantelar la red en la que estaban involucradas otras personas, y que siguen estando en indagatorio, en teoría”, dijo Greaves. “En el caso de la ‘Estafa Maestra’ creo que hay un tinte político y un poco de impunidad, porque la bandera de este sexenio [de López Obrador] ha sido el combate a la corrupción y lo único que hemos realmente visto es una simulación, una cortina de humo, en la que se agarran adversarios políticos a gente que les conviene realmente perseguir y los persiguen penalmente”.
No es el único caso en el que ha sido puesta en duda la actuación de la FGR a cargo del Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien enfrenta acusaciones de litigar desde ese cargo sus casos personales, como sucedió con el pleito con su familia política, en vez de atender los cargos de alto perfil como el de Robles Berlanga o el de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en donde el Ministerio Público federal ha recibido reveses importantes como el que un Juez desechara en marzo pasados pruebas clave.
Economista de formación, Robles dio sus primeros pasos en la política de mano del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). Posteriormente tuvo un importante paso por las filas del Sol Azteca, donde como dirigente nacional tuvo las acusaciones de recepción de dinero por parte de Ahumada.
Estos recursos, de acuerdo con las denuncias, tuvieron como destino a la propia Robles para el financiamiento de campañas, algo que ella siempre negó. Años después volvió a estar envuelta en otro escándalo que también implicó dinero, esta vez como Secretaria de Desarrollo Social y como Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cargos que desempeñó en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, acusaciones que la mantuvieron en Santa Marta Acatitla bajo la figura de prisión preventiva entre 2019 y hasta febrero de este año.
Este lunes, Robles lanzó desde su cuenta de Twitter un promocional en el que cuestionó el accionar del actual Gobierno: “Es la venganza el arma homicida de la democracia mexicana de los últimos tiempos. Es la cárcel la promesa de un hombre que pretende destruir al precio que sea lo que se construyó con el sudor, la visión, el esfuerzo e incluso la sangre de millones de mujeres y hombres que lucharon antes que él por un país libre”.
En la grabación de casi 3 minutos, la exfuncionaria hizo referencia a su tiempo en la cárcel, donde estuvo presa mientras se resolvían los cargos en su contra al haber sido acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público en el 2019. Cuatro años después, fue exonerada y se le retiró la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021 y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.
Y aunque en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula no descartó buscar un puesto político a futuro tras la publicación de su video, Greaves de la organización Tojil consideró que “no hay ninguna posibilidad” de que Robles pueda recuperar su capital político, pues aunque pudo haber sido una víctima de un “una persecución política”, también “es una persona de quien hay muchos indicios de que participó en una red de corrupción”.
En 2017 fue publicada la “Estafa Maestra”, el reportaje de Animal Político que recopiló los hallazgos de la ASF a la Sedesol y Sedatu de Robles. Cuando Rosario Robles dejó la Sedesol, el 27 de agosto de 2015, la ASF detectó anomalías en el manejo de recursos por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos; en la Sedatu, sólo en su primer año de gestión se encontraron un posible daño al erario por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
Sobre los cuestionamientos por el mal manejo de recursos públicos, Robles declaró en diversas ocasiones que aunque fue la titular de ambas secretarías de Estado, hay órganos ejecutores del gasto “responsables con nombre y apellido”.
Pero en el juicio esa aseveración resultó cuestionada.
El 13 de agosto de 2019, durante la audiencia en la que se le dictó prisión en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, el Ministerio Público y el Juez José de Jesús Delgadillo Padierna determinaron que por el tamaño del monto en anomalías ella sí fue enterada, además de que cuando entregó la Sedesol a José Antonio Meade, ella debió informarle y asentarlo en las actas entrega recepción, que la Sedesol se encontraba en el trabajo de justificar miles de millones de pesos faltantes a la ASF.
Sin embargo, dos meses después de que Robles Berlanga fuera enviada al Penal, las actas entrega-recepción que ella entregó a Meade, fueron declaradas como extraviadas. Y no sólo esas: también las que Meade entregó a su sucesor, Luis Miranda Nava.
Ya presa, Rosario y su defensa iniciaron una estrategia para asegurar que ella era una presa política.
En ese tiempo en el que sus abogados interpusieron toda una serie de amparos para que ella continuara su proceso en libertad, se negó a ser testigo colaboradora de la Fiscalía a cambio de beneficios para su caso.
La importancia de que aceptara dicho trato era crucial, ya que al ser una secretaria de Estado, pudo hablar de sus superiores, que serían el Secretario de Hacienda (en ese entonces Luis Videgaray) y el Presidente de la República (Enrique Peña Nieto). Pero eso no ocurrió.
UNA EXONERACIÓN “INCONGRUENTE”
El 24 de febrero de 2023, Robles Berlanga quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019 y también se liberó de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021 y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.
El objetivo de los abogados fue demostrar que la acusación de ejercicio indebido del servicio público por el desvío millonario continuado de 2012 a 2018, había prescrito. El Juez de Control Roberto Omar Paredes determinó sobreseer la causa penal.
Para Adriana Greaves, cofundadora de Tojil, la argumentación que dio el Juez tuvo razones “completamente incongruentes” que sumaron a que la detención de Robles y la supuesta investigación de la “Estafa Maestra” fueran realmente una simulación.
“La Fiscalía General de la República no ha resuelto ningún caso grande de corrupción, incluido el de la ‘Estafa Maestra’. Realmente no ha habido una recuperación de activos, ni un acceso a la verdad de qué sucedió en estos casos. En casos del sexenio anterior, por lo menos se ha visto una simulación aunque ningún caso ha sido condenado, aún esperamos en el caso de Duarte, el de Collado, el de Lozoya, pero no hay ninguna investigación, ni siquiera simulación de los casos actuales”, apuntó.
“Creo que hoy en día la Fiscalía se ha vuelto un aparato que corresponde a intereses políticos (…) pero en la Fiscalía son incapaces realmente de hacer una investigación que pruebe, que llegue a tener evidencia suficiente que pruebe más allá de la duda razonable que las personas cometieron [un delito]”.
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