Redacción El CoahuilenseCiudad de México.- Al cierre de 2023, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra frente a un reto electoral mayúsculo con las elecciones más grandes que tendrá México en su historia y la violencia política en razón de género está siendo un tema de discusión y debates sociales, como fue la resolución que emitieron por el caso de Delfina Gómez, hoy gobernadora electa del estado de México pero que las acciones se suscitaron mientras contendía por el puesto.
Se ha señalado que el Tribunal Electoral endureció su criterio para calificar la violencia política de género, al considerar que una crítica, como podría ser el señalar una supuesta subordinación de aspirantes mujeres a un hombre en el poder. Además, los magistrados del Tribunal Electoral afirmaron que era necesario eliminar cualquier expresión que pudiera contener estereotipos de género que afectaran a las mujeres en sus aspiraciones. Mónica Soto advirtió que una vez que arranquen las campañas del 2024 se incrementarán los ataques contra las mujeres.
Este nuevo criterio de los magistrados electorales deriva de la denuncia presentada por Delfina Gómez Álvarez, entonces precandidata al gobierno del estado de México, contra la diputada federal del PRI, Melissa Estefania Vargas, quien criticó a la morenista por depender “de las decisiones políticas de un grupo de hombres”, por lo que en la sesión del pasado 27 de diciembre, los integrantes del Tribunal Electoral determinaron que esas expresiones rebasaron los límites de la libertad de expresión en el marco de la contienda electoral.
Con el voto a favor de la nueva presidenta, Mónica Soto Fragoso, y de los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña, se confirmó lo determinado por el Tribunal Electoral del Estado de México, de que Melissa Estefanía Vargas cometió violencia política de género en contra de Delfina Gómez Álvarez, decisión que podrá tener implicaciones en las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 2 de junio.
La controversia se originó por la denuncia de Delfina Gómez Álvarez, en su carácter de precandidata única a la gubernatura del Estado de México por Morena, contra la diputada del PRI, quien expresó en una conferencia de prensa en el periodo de intercampañas, difundida en las redes sociales de la denunciada y retomadas por el medio periodístico “Latinus”. El Tribunal Electoral local declaró la existencia de las infracciones y, en consecuencia, la denunciante acudió a la Sala Superior.
El pleno de la Sala Superior confirmó el veredicto, al considerar que del análisis de las expresiones denunciadas se advirtió que constituyeron violencia política de género en perjuicio de la precandidata, porque tuvieron por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales.
La ahora magistrada Mónica Soto Fregoso se pronunció por confirmar la sentencia, pues las mujeres también reproducen violencia patriarcal al estar inmersas en ellas, “ser mujer no hay cierto permiso para violentarnos”.
Esa postura fue respaldada por los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña. Mónica Soto agregó que las declaraciones de Melissa Vargas no deben ser permitidas y pidió a los magistrados no ser laxos con la violencia política de género.
Sin actualizar dicha infracción
La minoría de las magistraturas, conformada por el aún magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otalora Malassis, consideró que no se actualizó la violencia política de género, aunque ambos dieron argumentos distintos para concluir que no se actualizó dicha infracción, y coincidieron en que se trató de una crítica válida en el contexto de un proceso electoral para renovar la gubernatura de una entidad federativa (SUP-JDC-226/2023).
En el debate de la última sesión del 2023 entre los cinco integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Rodríguez Mondragón defendió los argumentos expuestos por Janine Otálora, quien como responsable del caso resolvió que la legisladora priista sólo había ejercido la crítica que es propia de las contiendas.
La propuesta de Otálora era revocar la determinación del tribunal mexiquense, bajo el argumento de que las expresiones denunciadas constituyen críticas hacia una precandidata vinculadas con su disponibilidad para participar en un debate dentro del proceso electoral en el que se evalúan capacidades y aptitudes de quien aspira a ocupar una gubernatura, así como la forma y personas que intervienen en la toma de sus decisiones, aunado a que expresiones denunciadas no tuvieron por objeto menoscabar o anular los derechos político-electorales de la entonces precandidata.
Mientras Otálora y Rodríguez Mondragón alegaron que las expresiones denunciadas por la ahora gobernadora contra la diputada Vargas eran propias de la libertad de expresión que se da entre los protagonistas de una contienda electoral, los magistrados Soto, Fuentes y De la Mata determinaron que los dichos de la priista rebasaron los límites de ese derecho.
Antes de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la autoridad del Estado de México determinó que la legisladora priista sí incurrió en el delito de violencia política de género, por lo que la representante del distrito 26 de Toluca negó haber cometido ese delito, por lo que adelantó que interpondrá un juicio ella era solo víctima de un linchamiento político.
“En diversas ocasiones he reiterado mi compromiso con la ley y la igualdad. Siempre me he conducido dentro de los límites establecidos, y soy una firme defensora de la justicia y la sana convivencia en sociedad”, dijo el pasado 14 de junio del presente año.
Cabe recordar que, en una conferencia de prensa de marzo de 2023, la diputada Melissa Vargas acusó que Delfina Gómez era una mujer manipulada y que se escondía del debate. Ello, al no responder a la solicitud formulada por Alejandra del Moral, otrora precandidata del PRI-PAN-PRD, de contrastar sus propuestas en un foro público.
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