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Ciudad de México.- Al día de hoy no se tienen datos sobre cuántas familias de víctimas de feminicidio han tenido que huir de sus hogares a causa de amenazas por parte de los feminicidas, siendo trasladadas a otros estados donde enfrentan abandono institucional, aseguró el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Entre estas historias se encuentra la de la familia Quintana Gutiérrez, cuyos integrantes enfrentaron una serie de violencias y omisiones a raíz del feminicidio de la niña Fátima Quintana Gutiérrez, mismas que provocaron la muerte de su hermano Daniel.
El 5 de febrero de 2015 Fátima, de 12 años de edad, fue víctima de feminicidio en La Lupita Casas Viejas, un pueblo ubicado en el municipio de Lerma, estado de México. Ese día tres hombres, entre ellos un menor de edad, la agredieron sexualmente y perpetraron en su contra violencia física.
Tras el asesinato, la familia se vio amenazada por las familias de los presuntos feminicidas; situación que obligó a las y los 12 miembros de su hogar a huir para salvar la vida.
Actualmente se encuentran en su cuarto desplazamiento luego de que en la tercera medida de protección Daniel, hermano de Fátima, perdiera la vida como consecuencia de negligencia institucional y médica.
En 2020 Lorena y Daniel peregrinaron en los hospitales Materno infantil de Guadalupe, el particular San Vicente, el Hospital Universitario y en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica “Buenos Aires”, donde se ignoró el malestar estomacal de Daniel e incluso se decidió administrarle ansiolíticos.
A raíz de lo anterior el joven de 16 años falleció como consecuencia de una fisura en la cavidad abdominal derecha.
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León emite recomendación
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (CEDHNL) emitió la Recomendación 02VG/2023 por violaciones graves a los derechos humanos en el caso de Daniel, quien no recibió la atención médica que requería en dos hospitales estatales.
En el documento dirigido a la Secretaría de Salud estatal, concluyó que en este caso se incurrió en violaciones graves al derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y no discriminación, a la integridad y trato humano, así como al interés superior de la niñez.
En cuanto a la atención brindada en el Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad y posteriormente en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica “Buenos Aires”, el Organismo de Derechos Humanos determinó que la actuación del personal de ambos hospitales fue omisa en prestar atención médica al no sujetarse a las normas que regulan su actuación, “ya que al no realizar una exploración física adecuada, impidieron que recibiera una atención integral y oportuna que requería y a la que tenía derecho”.
Por tales motivos, la CEDHNL solicitó una disculpa pública ante la madre del adolescente, la señora Lorena Gutiérrez, además de atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como una compensación.
Sumado a ello se recomendó dar vista a la autoridad competente para que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de las personas servidoras públicas que participaron en las violaciones a derechos humanos.
Vivir en desplazamiento
La familia Quintana Gutiérrez está conformada por Lorena y Jesús (padre de Fátima); sus hijas e hijos: Jimena (con esposo y dos hijos), Janet (también con pareja y madre de dos hijos), Omar y Daniel.
Es decir, en total eran 12 personas las que vivían en riesgo tras el feminicidio de Fátima. La situación se agravó cuando recibieron disparos en su domicilio. Fue así como en septiembre de 2016 la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de México les otorgó un primer desplazamiento, obligados así a abandonar sus empleos, a sus conocidos y el proyecto de vida que ya tenían planteado.
Desde ese primer desplazamiento al último, la familia ha tenido que “vivir con lo mínimo”. Entre perfiles bajos y el abandono institucional han enfrentado dificultades médicas, de traslado, laborales y también las afectaciones emocionales que el feminicidio y posterior desplazamiento trajeron consigo.
Al respecto la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, recordó en conferencia de prensa realizada este 14 de septiembre, que la violencia feminicida tiene graves impactos en las familias.
“Mientras hablamos del rostro de los feminicidios, olvidamos los impactos que provocan a las familias, no solo en lo emocional, también les destruyen las vidas”, aseguró.
Explicó que entre las diferentes omisiones que viven las familias se encuentran aquellas que tienen que ver con medios de subsistencia. “Son familias que deben abandonar sus propiedades, van a lugares donde las viviendas no siempre son dignas. Tampoco cuentan con servicios mínimos como salud, educación; se encuentran en abandono”, sentenció María de la Luz Estrada.
Por su parte, la abogada de la familia e integrante del OCNF, Anayeli Pérez Garrido:, recordó que la violencia feminicida no está siendo atendida de manera adecuada casi por ninguna autoridad.
“No se considera como víctimas a las familias, quienes deberían ser reconocidas como tal con claridad. Ellas tienen el derecho a la verdad, al acceso a la justicia y a la reparación del daño”.
Ante panoramas como el que enfrenta la familia Quintana Gutiérrez, ambas defensoras coinciden en la necesidad de que autoridades como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se coordine de forma adecuada con los estados para atender a las familias que enfrentan desplazamientos por el delito de feminicidio.
“Se ven desplazadas forzadamente por un tema de seguridad, pero se les deja en el abandono. Están solas, piden auxilio. Falla la atención integral que se tiene que dar, las autoridades actúan omisas y negligentes”, puntualizó la coordinadora del OCNF.
Una exigencia que no se detiene
Por el feminicidio de Fátima fueron detenidos los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde, junto a José Juan Hernández Tecruceño, quienes eran vecinos de la niña en Lerma, Estado de México.
Luis Atayde fue sentenciado a 73 años y cuatro meses de prisión, José Juan recibió prisión vitalicia, mientras que Misael Atayde fue sentenciado a cinco años de cárcel, ya que el feminicidio de Fátima lo perpetró cuando él era menor de edad.
Fue el pasado mes de junio cuando el feminicida salió de prisión, a punto de cumplir 25 años de edad. Sin embargo, Lorena acusa que desde un inicio el proceso estuvo plagado de irregularidades.
“Entonces nosotros no sabíamos lo que era la perspectiva de género, pero la magistrada de menores no nos quiso apoyar para darnos una orden de presentación para el menor alegando que la carpeta estaba mal integrada, que no había pruebas suficientes para vincularlo. Fue así como él se fue libre el 19 de septiembre de 2015, posterior a esto dos años después lo capturan y es presentado ante el tutelar de menores”.
Cuando Misael fue ingresado al Centro De Internamiento Para Adolescentes «Quinta Del Bosque» Zinacantepec ya tenía 20 años. Sin embargo, cuando asesinó a Fátima estaba a tres meses de cumplir 18 años, no era mayor de edad, por lo que únicamente se le sentenció a cinco años.
El día que se dictó su sentencia su madre estaba presente junto a él. Se le indicó que debía pagar una reparación del daño a la familia Quintana Gutiérrez, pero tanto él como su mamá aseguraron que no contaban con recursos económicos para cubrir la cantidad solicitada, por lo que pidieron una prórroga e incluso la posibilidad de “pagar en abonos chiquitos”.
“Encima de todo no hay leyes que garanticen una reparación del daño por parte de estos asesinos”. Y es que lo anterior se repite con su hermano Luis Ángel, sentenciado en 2017. Sin embargo, al día de hoy tampoco se ha hecho efectiva la reparación de su parte.
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