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Aunque las concesiones portuarias deben otorgarse por medio de concursos públicos tal como marca la ley, el gobierno de Yucatán busca quedarse con la ampliación y gestión del Puerto de Progreso, por adjudicación directa.
Tal como decidió el Congreso estatal en mayo pasado, se etiquetaron 3 mil millones de pesos para obtener financiamiento del proyecto, pues entre los trabajos se proyecta la construcción de una plataforma para aumentar capacidades.
“En sesión de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que contiene la iniciativa enviada por el Gobierno del Estado para contratar en los ejercicios fiscales 2023 y 2024 uno o más financiamientos hasta por 3,063 mdp para la implementación del proyecto de inversión pública Ampliación Puerto de Altura de Progreso y Obras Complementarias”, se asentó en un comunicado.
De acuerdo con la información difundida, la entidad procedería mediante la creación de un órgano específico para este fin, no obstante, la decisión iría contra más de una norma.
A partir de este sexenio el sistema portuario se encuentra bajo jurisdicción de la Secretaría Marina, mientras que desde 1993 quedó asentado en la Ley de Puertos el manejo federal que debe prevalecer en estos recintos.
Por ejemplo, el artículo 3 asegura que todo lo relacionado con la administración, operación y servicios portuarios, así como con las demás actividades conexas a estos, quedará bajo la competencia de los poderes federales; aunado a que el reglamento en la materia establece que las concesiones deben darse por “concurso público”.
A la fecha, el ordenamiento portuario conseguido en México ha colocado al país entre los más dinstinguidos por las eficiencias logísticas alcanzadas en movimiento de contenedores, y carga y descarga de navíos, con 80% de inversión privada, por lo que preocupa el interés de otros gobiernos locales por tomar control en los puertos de Manzanillo, Tampico, Altamira y Veracruz.
