Ciudad de México.- A 18 años de los hechos ocurridos en Sabinas, Coahuila, las mujeres viudas y familiares de los mineros se reunieron para levantar la voz y recordar las promesas incumplidas del gobierno federal, de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que continúan atrapados en la mina, es por ello que Elvira Martínez, líder de la Organización Familia Pasta de Conchos, afirmó que continuará exigiendo la aplicación de justicia.
“He aprendido que esto no se acaba hasta que tú quieras, hasta que dejes de gritar. He ido aprendido que las cosas tienen que ir cambiando, y te toca hacer a ti lo que sea; aunque no logres lo tuyo, como sería en este caso poder rescatar sus cuerpos; pero si sirve para que las cosas cambien en la región, hemos hecho un llamado a las medidas de no repetición, urge. Urge que no haya más muertes, que no haya más huérfanos, más viudas en esa región minera de nuestro país”.
“Se cumplieron 18 años de aquella tragedia y pues es fecha que hasta el día de hoy no hemos podido recuperar y dar sepultura a nuestros familiares, el avance en las obras es muy poco, lleva mucho atraso. Sin embargo, igual nos aferramos a la esperanza de que se vaya trabajando y, que estos trabajos al final culminen con la búsqueda y la recuperación de nuestros familiares”, comparte la líder de la Organización Familia Pasta de Conchos.
La mujer quien se volvió activista tras perder a su esposo en la mina dijo que también continúan en la exigencia de castigar a los responsables del hecho y la instauración de medidas de no repetición para prevenir que hechos como la explosión ocurrida en 2006 en Sabinas, Coahuila, lugar donde perdieron a sus esposos, padres, hermanos o amigos quienes se dedicaban a la minería.
La mina en Pasta de Conchos es propiedad de Grupo México, y en 2006 sufrió una explosión por acumulación de gas metano, que lesionó con quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que lograron escapar, y dejó atrapados a 65 mineros.
A Elvira Martínez Espinosa la vida le dio un vuelco aquel domingo 19 de febrero de 2006 cuando ocurrió el desastre minero de Pasta de Conchos, para la ahora viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado uno de los 63 mineros que aún están atrapados en la mina, a 18 años de aquella tragedia, no hay tregua, no puede haber descanso.
Elvira Martínez Espinosa, comparte un poco de su historia personal, porque muchas veces se nos olvida que detrás de los sucesos o las cifras, esta el componente humano, relata: “cuando ocurrió esto, la verdad, fue algo muy, muy inesperado; yo no me veía sola en un futuro, yo me veía al lado de marido, ver crecer a nuestros hijos, envejecer juntos y tener a nuestros nietos; por la mente no me pasaba que mi vida iba a cambiar completamente, entonces sí, este ha sido un cambio tremendo en mi vida”.
La viuda de Jorge Vladimir refiere que cuando su marido vivía tenían el sueño conjunto de construir su propia casa y, que por lo tanto, ella también trabajaba para lograrlo, “porque los sueldos no daban para mucho, entonces lo del sueldo de él lo ocupábamos, para los gastos y para pagar los servicios de luz y agua; y, lo que yo ganaba de mi sueldo lo usábamos para irlo guardando y luego ir comprando el material para construir la casa”.
Haciendo referencia al impacto que tuvo cuando ocurrió la tragedia, dice: “cuando esto sucede, yo la verdad, me bloquee; yo no quería ver, o a lo mejor, aceptar lo que estaba sucediendo, mi mente no alcanzaba a ver lo que estaba sucediendo, entonces, para mí fue muy difícil. Me pasaba los días, los meses y hasta el año y, yo con la esperanza de ver regresar a Vladi con vida, me costó un año porque me aferraba, de una cosa a otra, yo decía ellos pueden sobrevivir, pueden estar tanto tiempo sin agua, no sé, buscaba cualquier explicación”, comparte que eso era parte de la negación o aceptación de los hechos.
“Fue un suceso que me cambió completamente, terminó con el sueño que yo tenía de envejecer junto a mi marido, el de ver crecer a nuestros hijos y nietos. Entonces, aquello se acabó, ya no iba a ser así. Sí fue algo difícil porque tuvieron que pasar varios años para poderme enfrentar a mi nueva vida”, describe.
La activista relata que aunque han sido años muy difíciles, también ha tenido el acompañamiento de personas sensibles a lo que ellos, como familiares de los mineros fallecidos, han estado pasando, entonces, bueno: “ahí la vamos llevando, ¿no?”
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Comparte que tras 18 años de lucha la gente se va cansando, “ayer platicábamos que en 18 años la gente se convierte en adulta, por decir, un niño pasa por el kínder, vive la primaria, después la secundaria y con tres años más de bachillerato, la gente se vuelve adulta; entonces todo lo que conlleva para que ese niño crezca, es el tiempo que llevamos luchando”.
Dice, “sin embargo, hay algo que no me deja retirarme de exigir justicia, sin desistir, entonces aquí seguimos”, aunque comenta que ya hay muchas ausencias en su movimiento “en muchas de las familias que luchamos, hay que gente que ya falleció, precisamente, me dieron la noticia de que una de las viudas había fallecido el día 18, así como ella, se han ido otras cinco más y padres que nos han acompañado desde el principio como Don Raúl Villasana o Doña Trini, también han fallecido papás y mamás, hermanos o hijos de los mineros fallecidos, también se han ido”.
Destaca que ya no hay fuerza para hablar de realizar movilizaciones, “nos movemos a través de las dependencias o de la vía jurídica” refiere que los últimos recursos que tenían los han utilizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “pero sabemos son procesos muy, muy largos”.
Refiere que a lo largo de estos 18 años no todo ha sido malo ya que ha contado con el respaldo de las organizaciones civiles y de comunidades eclesiásticas que las han ayudado a mantener viva la esperanza.
“Soy consciente de que el tema de justicia no es muy agradable para las autoridades, o sea, no les gusta, les incomoda mucho. La poca justicia que pudiéramos nosotros esperar recibir sería que se nos entregaran los restos de nuestros familiares, ya que pedir que se castigue a los responsables es pedir mucho”.
“Se sabe quienes son los culpables, sin embargo no se les quiere castigar; los deudos estamos tan decepcionados de cómo se hace justicia en este país, que al menos, ya que nos entreguen los cuerpos y que podamos salir de ahí con ellos, porque les digo, me tienen ahí enterrada con él, porque te digo, no puedo salirme de ahí, porque siento que me jala, que me estira; entonces no queda más que seguir luchando«.
De igual forma, sus compañeras de causa también subieron un video en el que se puede apreciar el llamamiento a las autoridades, lo más importante para ellos es el rescate que aún no se ha cumplido; además de llamar a cuentas a Grupo México y las medidas de no repetición del caso para que otras familias no tengan que vivir una situación parecida a la de ellos.
Otra de las demandas o peticiones, consiste en visibilizar que se comenzaron a retrasar con las acciones de búsqueda y, sin ánimo de ofender, solo a manera de recuento, dijeron: el sexenio se quedo corto.
Lucha viva
Para mantener vivas esas voces y el mensaje de los deudos, el pasado 19 de febrero, sacerdotes pertenecientes a la Compañía de Jesús en México, ofrecieron una misa en conmemoración de los mineros fallecidos en la mina de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, acontecida en el 2006, expresando así su solidaridad a las familiares, el memorial tuvo lugar en el Anti-monumento 65 ubicado en la avenida Paseo de la Reforma.
La indolencia e ineficacia del Estado mexicano para ofrecer justicia a los deudos del siniestro minero, conocido, como “Pasta de Conchos”, no ha hecho mella en los familiares que a lo largo de 18 años han alzado la voz para pedir tres cosas, básicamente: castigo a los responsables, el rescate de los cuerpos y la instauración de medidas de no repetición para prevenir que hechos como la explosión ocurrida en 2006 en Sabinas, Coahuila, vuelvan a ocurrir.
La Compañía de Jesús en México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reiteraron su solidaridad a las familias de los mineros fallecidos, los Jesuitas se sumaron a la exigencia de justicia de los familiares, ante las promesas incumplidas del gobierno federal, de rescatar los cuerpos de 63 mineros que continúan atrapados en la mina.
“A 18 años del siniestro de los mineros #PastaDeConchos, la Compañía de Jesús en México reitera su solidaridad a las familias y se suma a sus exigencias de verdad, justicia y medidas de no repetición”, expresaron en su red social.
En su cuenta de X, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, voz autorizada de los jesuitas para hablar de los derechos humanos en el país, también exigió el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados.
“Se cumplen 18 años del siniestro en la mina de @PASTADECONCHOS y 5 años de la promesa de la actual administración de realizar el rescate de los 63 cuerpos de los mineros. Acompañemos a las familias durante el memorial en el antimonumento, y en su exigencia de #RescateYa”, señalaron en la red social, para invitar a la sociedad a que se sumara a la causa.
¿En qué consiste el caso conocido como Pasta de Conchos?
De acuerdo a una recapitulación de información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., organismo de la sociedad civil que ha acompañado a los deudos a lo largo del tiempo, brindando acompañamiento en la búsqueda de justicia para los familiares de los 63 mineros, los hechos, son:
El 19 de febrero de 2006, la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, sufrió una explosión por acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad de la mina; 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados.
El lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Recomendación 26/2006, determinó que “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.
Inexplicablemente, las labores de rescate quedaron a cargo de la propia compañía responsable de las condiciones de trabajo: Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea. El 4 de abril del año 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos, y en una decisión inédita, la empresa decidió suspender el rescate argumentando que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas. Solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se haya negado el rescate de los atrapados: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos; en ambos casos, la parte patronal es Grupo México.
Las familias y organizaciones acompañantes señalaron que la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.
El caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Las familias de los mineros no han cesado en su demanda de que se rescaten los restos de los trabajadores y de que se investigue y finquen responsabilidades por lo sucedido, contemplando a todos los responsables.
Después de recurrir a todas las instancias judiciales en México –en las que los rechazaron con argumentos como su falta de interés jurídico para reclamar el rescate o el castigo a los responsables-, las familias acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2010 a presentar el caso, acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos.
Las familias y sus representantes argumentaron ante la CIDH que el Estado mexicano es responsable por la por poca efectividad de las inspecciones laborales realizadas y aportaron pruebas para demostrar la demora injustificada y falta de debida diligencia en esclarecer y sancionar estos hechos. La postura del Estado ante el organismo interamericano fue pedir que el caso se declarase inadmisible puesto que las y los peticionarios contaron con diversos recursos internos para buscar justicia.
Tras analizar las pruebas de ambas partes, en febrero de 2018 la CIDH dio la razón a las familias; señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros, además de que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso.
En mayo de 2018, las familias peticionarias señalaron que, para llegar a un acuerdo de “solución amistosa” para el litigio internacional, el rescate de los cuerpos era una condición previa necesaria.
En 2019, el Gobierno federal se comprometió con las familias a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para delinear la ruta del rescate de los cuerpos de los mineros. En mayo de ese mismo año, quedó instalado el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos. Se trata de un Comité creado por indicación directa del presidente de la República y encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con participación de diversas dependencias del gobierno y de las familias y sus representantes.
El Comité tiene como objetivo cumplir con la exigencia principal de las familias: la recuperación de los restos de los mineros en Pasta de Conchos. Sus integrantes también dan seguimiento a la situación en la región, particularmente para impulsar el cumplimiento de recomendaciones de la CNDH sobre violaciones a derechos humanos.
Promesas sin cumplir
Se cumplen 18 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos y cinco años de la promesa del actual gobierno de realizar el rescate de los restos de los 63 mineros sin haberlo podido cumplir. El presidente Andrés Manuel López Obrador, eligió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que realizara esta labor sin consultar con las familias. Esto significó que se disolviera el “Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos” a cargo de la entonces titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde y en el cual participaban dependencia, familiares y representantes.
Al designar que CFE haría las obras de Rescate, el presidente se comprometió a regresar cada seis meses para supervisar los trabajos. Esto no sucedió hasta el pasado mes de enero, dos años después del compromiso. La falta de supervisión y la inexperiencia en minería y rescate de la CFE, ha traído como consecuencia un retraso de obras de más de dos años y contando. En una decisión inexplicable, la CFE adjudicó de manera directa el contrato de las obras a empresas que igual la misma CFE, no tenía experiencia en minería ni en rescate. Contratos que tuvo que cancelar argumentando su incumplimiento. Sin embargo, ahora una de esas empresas esta de nueva cuenta trabajando en el Rescate en la mina.
En el pasado encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las familias, se comprometió a que, de no acabar el Rescate en su administración, como se puede prever por los retrasos de CFE, él propondría la promulgación de un DECRETO acompañado de un FIDEICOMISO que permitan continuar las labores hasta la conclusión en la Recuperación de los Restos de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos. Por ello, solicitamos que dicho DICTAMEN y el FIDECOMISO sea presentado a las familias en la próxima reunión a celebrarse en el mes de abril en Palacio Nacional como ofreció el presidente.
En este complejo proceso que hemos vivido no solo por el incumplimiento en el Rescate, sino por la falta de derecho a la Verdad y Justicia y al hecho de que no se han tomado Medidas de No Repetición durante esta administración, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las familias, seguiremos impulsando el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca que el Estado mexicano dé respuesta a las demandas de las familias y se responsabilice por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso.
Las y los familiares agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil y eclesiales -entre ellos a Raúl Vera López, obispo emérito de la Diócesis de Saltillo- que nos han acompañado en este caminar para expresar nuestras demandas en distintos plantones, marchas y eucaristías. Igualmente, reconocemos el trabajo de difusión de las y los periodistas de la región y a todas las personas solidarias que les han apoyado a nivel nacional durante 18 años.
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