perse
Ciudad de México.- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para despenalizar el aborto a nivel nacional, Melisa Ayala, coordinadora de Litigio y Documentación de GIRE, explicó que, una vez que fue notificada la sentencia de la Corte, el Congreso de la Unión está obligado a derogar el articulado que criminaliza a las mujeres que abortan y al personal médico que les asistan, además de que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar el servicio, por tanto el Senado ha dado inicio a esta ruta legislativa por la despenalización.
La ruta de la despenalización dio inicio en la reunión de trabajo denominada “Salud sexual y reproductiva; resolución de amparo en revisión 267/2023 SCJN”, en el Senado de la República, la cual congregó a legisladoras y especialistas en la agenda de aborto en México.
Es importante detallar que el pasado 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer, ni personal de salud, se le podrá castigar por abortar, por tanto IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres que lo soliciten.
Asimismo, la Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal. Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.
Durante la reunión de trabajo Francisco Cué Martínez, responsable de vinculación legislativa del GIRE, indicó que los Congresos locales están obligados a reformar su legislación penal para derogar los delitos de aborto; “lo que está diciendo la Corte es que se abandone el uso del derecho penal para regular quién, en qué momento y bajo qué circunstancias puede acceder o no a un aborto”, acotó.
Agregó que el derecho a decidir de las mujeres es el resultado de una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la intrínseca libertad de la persona, a autodeterminarse y a escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus convicciones.
Durante la misma reunión, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher Camarena hizo un llamado a no ignorar las observaciones realizadas por organismos internacionales en la materia, como el caso de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde se pidió a los Estados adoptar medidas para impedir que las mujeres sean coaccionadas en su fecundidad.
En tanto, la senadora Eunice Renata Romo Molina, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, aseveró que las organizaciones civiles tienen aliadas en el Congreso, que están en constante trabajo para difundir y legislar sobre los derechos reproductivos de las mujeres.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PES dijo que, más allá de las banderas políticas, este es un asunto jurídico, por lo que es necesario impulsar su difusión para que la ciudadanía conozca la resolución de la Suprema Corte, pues aún existen muchas dudas sobre lo que se puede hacer con esta decisión.
En tanto, Isabel Fulda Graue, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), aseguró que esta resolución es un paso importante para el acceso al aborto en las instituciones de salud pública, pues su criminalización, incluida en el Código Penal Federal, hacía que el personal de salud no quisiera otorgar este servicio.
El antecedente
Este hecho acontenció luego de que feministas de Grupo de Información en Reproducción Elegida, conocida como GIRE junto con otras organizaciones locales emprendieran una estrategia jurídica nacional que consistió en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.
Con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.
Las defensoras de GIRE manifestaron que “confían en que las entidades del país, cuya legislación aún obstaculiza la autonomía reproductiva, tomen en cuenta los criterios del máximo tribunal de justicia a fin de garantizar el derecho a decidir de las mujeres”.
Hay que recordar que hace una semana, el 30 de agosto la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN), declaró la invalidez de la penalización del aborto en Aguascalientes. Es la segunda vez, después de Coahuila, que se consigue la despenalización del aborto mediante una acción judicial ordenada por el máximo tribunal.
Con esta decisión, son 12 las entidades federativas en México que despenalizan la interrupción del embarazo: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y ahora Aguascalientes (2023).
A partir de este fallo de la Suprema Corte, el Congreso de Aguascalientes deberá derogar los artículos declarados inconstitucionales antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se notifique la sentencia.
Esta decisión sienta un precedente obligatorio para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte al haber sido aprobado por 4 votos.
Es importante señalar que Cultivando AC, junto a Morras help Morras, TERFU AC, CECADEC y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), fueron las organizaciones encargadas de impulsar una estrategia jurídica con el fin de despenalizar al aborto en varias entidades del país, entre ellas Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Chiapas, Morelos y San Luis Potosí.
TE RECOMENDAMOS LEER:
