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El 31 de marzo de 2023, el juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con sede en Xalapa, Veracruz, Rodolfo Pedraza Longi, declaró improcedente el juicio de amparo promovido por el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel, el cual buscaba suspender la construcción del cuarto muelle de Cruceros en Cozumel.
Aunque los promoventes del amparo habían sido previamente reconocidos como habitantes de Cozumel en el juicio de amparo del 26 de enero de 2022, Pedraza Longi consideró que no cumplen con ese requisito, a pesar de haber presentado documentos oficiales que acreditan su residencia en la zona.
De acuerdo con la sentencia, ni las copias certificadas por la Notaria Pública número Quince de Cozumel, Quintana Roo, de las credenciales para votar de los demandantes expedidas por el Instituto Nacional Electoral, ni las constancias de residencia que indican claramente su residencia, son consideradas como confiables y suficientes para acreditar que los demandantes habitan en la comunidad que afirman estar afectada por los títulos de concesión y las omisiones en el procedimiento de emisión, según lo establecido en el documento
Los demandantes anunciaron su intención de interponer un Recurso de Revisión contra la sentencia y solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso, lo que implica que la construcción del muelle no puede llevarse a cabo hasta que se resuelva dicho recurso.
La empresa Muelles del Caribe, SA de CV, obtuvo el 5 de enero de 2022 un Título de concesión publicado en el Diario Oficial de la Federación, para la construcción, operación, aprovechamiento y explotación de una Terminal Marítimo-Portuaria de cruceros de uso particular, propiedad Nacional, ubicada en el Municipio de Isla de Cozumel, Quintana Roo.
El amparo interpuesto por los perjudicados con el respaldo legal del Centro Contra la Discriminación, AC (CECODI) fue asignado al expediente número 62/2022 del Juzgado Tercero de Distrito en Cancún, bajo la jurisdicción de la jueza Pamela López Swain, quien admitió la demanda a través de un auto con fecha del 28 de enero de 2022.
La jueza Pamela López Swain otorgó, mediante sentencia incidental con fecha del 11 de abril de 2022, la suspensión definitiva de la concesión a las promoventes, lo que implica que no se permitirá la ejecución de las obras relacionadas con dicho instrumento hasta que se resuelva el juicio de amparo.
La jueza López Swain consideró que la suspensión otorgada evita un daño irreparable al medio ambiente, asegura la preservación de la materia del juicio y permite una tutela efectiva del derecho fundamental al medio ambiente, en cumplimiento del principio de precaución y del interés de la sociedad.
Además, se resalta que los efectos de los actos reclamados podrían causar un daño irreparable al entorno adyacente del ecosistema habitado por las personas promoventes del amparo.
No obstante, Pamela López Swain dejó de ser jueza en septiembre de 2022 debido a una licencia, y en su lugar se designó a Ana María Nava Ortega, quien ahora continuará conociendo del juicio.
Finalmente, el 7 de febrero de 2023, los autos fueron remitidos al juez Rodolfo Pedraza Longi para que dictara sentencia en apoyo de Nava Ortega.
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