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CDMX.– A pesar de que el cabildeo de la industria extractiva en el Congreso logró ajustes a su favor para obtener agua de laboreo y seguir especulando con las concesiones, el Gobierno federal enfrenta el reto de aplicar la recién aprobada Ley Minera tanto a los empresarios más ricos de México, Carlos Slim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y la familia Baillères (Peñoles), como a las compañías canadienses, que concentran la mayoría del capital extranjero del sector, planteó el colectivo Cambiémosla Ya.
La Ley en materia minera que el Senado aprobó en la madrugada del sábado actualiza la legislación salinista que durante tres décadas priorizó la extracción y especulación de minerales por encima del derecho humano al agua, al medio ambiente sano y al territorio.
“Más allá de la peculiar noche en el Senado, se prevé que venga una lluvia de amparos. ¿Cómo implementar lo que se aprobó? El trabajo es enorme, urge reglamentar estas buenas intenciones”, dijo Manuel Llano, miembro del colectivo que impulsó durante años una reforma, Cambiémosla Ya, y director de CartoCrítica, una organización que recién mapeó los proyectos mineros en territorio nacional y detectó que el 82 por ciento de concesiones no tiene ninguna operación, ya que sólo se usan para especular ante inversionistas.
Hasta el cierre de esta edición, la Cámara Minera (Camimex) ni la Secretaría de Economía, encargada de dar concesiones mineras, dieron a SinEmbargo un comentario solicitado sobre las posibles impugnaciones o demandas millonarias de empresas internacionales y nacionales. Por la noche de ayer, la dependencia dirigida por Raquel Buenrostro informó en Twitter que hubo un encuentro con el Embajador de Canadá, Graeme Clark, así como con representantes de empresas mineras canadienses para reiterar que con esta reforma “se respetan los tratados comerciales”.
Pero no se han pronunciado sobre las mineras nacionales. De acuerdo con la lista de Forbes 2023, Carlos Slim se mantiene como el empresario más acaudalado del país al acumular 93 mil millones de dólares (14.5 por ciento más respecto a 2022), con negocios de telecomunicaciones, infraestructura y minería a través de Grupo Frisco. Le sigue Germán Larrea Mota, con 26 mil 600 millones de dólares (13.8 por ciento menos que en 2022 por el precio del cobre), una fortuna basada en transporte y minería vía Southern Copper y Minera México; así como la familia Baillères, que tras la muerte de Alberto Baillères administra 6 mil 900 millones de dólares (3.8 por ciento más que en 2022), mediante las mineras Peñoles y Fresnillo, así como otros rubros.
La “mano negra” de la Cámara Minera de México, observada por los integrantes de Cambiémosla Ya, se enfocó en dos fases. La primera, en la Cámara de Diputados, consistió en “corregirle la plana” a la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, en el Senado, la táctica fue posponer su votación hasta tiempo indefinido bajo el argumento de que no se había discutido lo suficiente.
Así se logró ajustar hasta por 80 años la duración de una concesión para especular, además no se requiere desmonte de presa de jales y se mantuvo el agua “de laboreo”, es decir, quedarse con el agua subterránea hallada durante las extracciones sin considerar su disponibilidad, un volumen que implica 2.9 veces más que el concesionado por la Conagua a la minería, calculó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
“Los mineros están defendiendo su otro negocio, el de la especulación financiera, a partir de las concesiones. El 82 por ciento de las concesiones mineras vigentes nunca ha tenido una operación: cuando tienes una concesión de 100 años, la traspasas, la hipotecas, especulas y es el pan nuestro de cada día”, dijo el director de CartoCrítica, Manuel Llano.
Respecto a lo que se logró rescatar del cabildeo, además de la aplicación de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, entre los puntos de la nueva Ley Minera se destaca la prohibición de producir en zonas con sequía y en Áreas Naturales Protegidas, ya que actualmente hay concesiones en estas zonas, entre ellas, de Grupo México, la empresa de Germán Larrea con impunidad ambiental tras la explosión de la carbonera en Pasta de Conchos y el derrame en ríos de Sonora.
Los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa —pese a Pasta de Conchos— le otorgaron concesiones ubicadas en el núcleo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, cuya migración desde Canadá y Estados Unidos se ha reducido porque la crisis climática ha limitado sus procesos de reproducción. En tanto, en 1997, 2006, 2009, 2012 y 2017, en los sexenios de Zedillo, Calderón y Peña Nieto, se dieron otras concesiones mineras que abarcan Valle de los Cirios y la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en Baja California.
Asimismo, los más de 600 proyectos mineros que se encuentran en bosques y selvas son en su mayoría de mineras canadienses, pero también hay explorando u operando compañías de la familia Baillères (Peñoles), de Slim (Frisco), de Larrea (Grupo México) y de Alonso Ancira (Altos Hornos de México), como documentó el informe “Bosques comunitarios y minería en México” del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Uno de los proyectos pausados es el de la mina Naica operado por Peñoles en Chihuahua. Desde enero de 2015 paró operaciones por una inundación y se continúa con los trabajos para la reactivación. Otro caso es el de la mina San Antonio de Grupo México, en Aquiles Serdán, Chihuahua, la también cual fue cerrada por una inundación.
“La reducción fiscal a empresas mineras explica que los principales hombres ricos del país son los dueños de las principales mineras, actividad que no es de utilidad pública. Lo que sí es mantener estos ecosistemas”, dijo Sol Pérez Jiménez, una de las autoras del estudio.
PRESIÓN DEL GOBIERNO CANADIENSE
La Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía tiene el registro de 77 proyectos en desarrollo (trámites) y en producción de un puñado de empresas canadienses como Argonaut Gold, First Majestic y Pan American Silver que extraen oro, plata, cobre y otros minerales.
Pese a los señalamientos de activistas y organizaciones internacionales de que sus operaciones han violado el derecho a la consulta indígena, al medio ambiente sano y el territorio, la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro tuvo que justificar la Ley Minera a la Ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng.
“Le explicó que las propuestas de cambio son para modernizar la normatividad que no tiene cambios desde 1992 y en la cual se respetan los tratados internacionales”, informó la dependencia en un breve tuit.
Durante la charla, la Ministra de Comercio planteó que el gobierno canadiense está preocupado por la reforma a la Ley Minera, ya que afectaría las inversiones en el sector minero del país y, planteó, pone en riesgo la competitividad del bloque de Norteamérica y la resiliencia de las cadenas de suministro.
Una muestra de la presencia de las mineras canadienses la vivieron náhuas de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Durante ocho años rechazaron la mina de cielo abierto que la empresa canadiense Almaden Minerals pretendía instalar en la Sierra Norte poblana, que bebe del río Apulco. Almaden es dueña del 72 por ciento de las concesiones mineras en esa zona.
Sus filiales minera Gorreón y minera Gavilán adquirieron desde 2003 y 2009 las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande II. Nunca realizaron la consulta libre, previa e informada que ahora es obligatoria. Tras una larga lucha jurídica, hace unas semanas la comunidad de Tecoltemi logró el fallo sobre la cancelación definitiva de concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán.
“Al principio de esta lucha nos alarmamos mucho porque no nos dimos cuenta a qué hora entraron y llevaban más de 10 años trabajando. Estábamos muy preocupados”, contó en entrevista Irma Hernández, originaria de Ixtacamaxtitlán, en 2018. “Nos robaba el sueño. Decíamos: ‘Somos poquitos, qué vamos a hacer ante este monstruo’. Pero algo que nos ayudó mucho es empezar a dar información en todas las comunidades”.
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