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Ciudad de México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves en la conferencia matutina, que Alejandro Encinas Rodríguez presentó su renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) para integrarse al equipo de campaña de la coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, Claudia Sheinbaum, no obstante dejó varios pendientes, principalmente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, justicia para activistas, defensoras de derechos humanos y madres buscadoras de familiares desaparecidos.
Su reemplazo será el abogado Félix Arturo Medina Padilla, quien se desempeñaba como titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) desde diciembre del 2021 y quien también estará al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
En la presente administración federal, los colectivos de búsqueda en todo el país han registrado 2 mil 799 fosas clandestinas, según datos del Registro de fosas clandestinas operado por la Comisión Nacional de Búsqueda y el cual concentra la información de la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Estatales y las Procuradurías Locales. Sin embargo, aunque en 2019 el gobierno reconoció la crisis forense ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y decidió crear el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), poco se ha hecho para realizar las labores que permitan identificar a las personas que continúan en calidad de desaparecidas.
Incluso, el baile de cifras ha sido una constante. Por ejemplo, en agosto del 2022, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que las personas fallecidas sin identificar y reportadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en realidad representaban un 33.7 por ciento más que las reportadas por el servicio forense, pasando de 38 mil 891 personas a 52 mil 004 .
En el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado 29 de septiembre, madres y padres rechazaron la “narrativa de hechos” sobre la desaparición de los jóvenes presentada por el Gabinete de Seguridad, pues afirmaron que nuevamente los revictimiza.
Al presentar el Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló las diferencias entre la verdad histórica y la investigación que llevó a cabo la comisión; sin embargo, a nueve años de la desaparición de los jóvenes estudiantes perpetrada el 26 de septiembre de 2014, los familiares rechazaron las conclusiones vertidas en ese informe, argumentando que se trata de un “crimen de Estado”. Incluso lo señalaron de intentar crear ‘su verdad histórica” como ocurrió en la administración de Enrique Peña Nieto.
Otro caso que deja inconcluso Encinas es el de la guardería ABC. A la fecha las 794 víctimas, de un total de936 reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tanto niñas y niños como personas trabajadoras y madres y padres de familia, no han tenido la reparación integral del daño.
Apenas el pasado 5 de junio, el ex subsecretario ofreció un informe sobre los avances de la investigación por los 49 niños y niñas fallecidos en el incendio ocurrido en el 2009.
En ese entonces, Encinas señaló que ‘se había hecho lo posible por atender a las víctimas y que el gobierno ya había erogado recursos para reparación del daño de 142 personas, entre quienes destacan niñas y niños fallecidos y lesionados, así como adultos lesionados.
Asimismo, señaló que ya había hay dos personas detenidas: Sergio N. y Karla N., quienes se desempeñaban como director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora nacional de Guarderías en el IMSS respectivamente, pero aún faltan más personas implicadas que continúan impunes, tal es el caso del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, a quienes las madres y padres de los niños fallecidos hacen responsables, al primero por haber aceptado un esquema de subrogación de guarderías del IMSS que no garantizaba las condiciones seguras de estas instancias, y a su esposa por estar relacionada familiarmente con Marcia Altagracia Gómez del Campo, integrante del grupo de la sociedad civil que dirigía la Guardería ABC al momento del incendio.
En lo que respecta a la protección a periodistas y defensoras de derechos humanos, un análisis realizado por el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) señala que en los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las agresiones contra mujeres periodistas aumentaron un 209.27 por ciento respecto al primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto, sin embargo, frente a estas cifras, el gobierno respondió con la campaña “De Frente a la Libertad”, de justicia nada.
Una política de disculpas
Sin justicia, pero con disculpas, así fue la gestión de Alejandro Encinas. Lo hizo a nombre del Estado mexicano al menos en ocho casos:
- 10 enero 2019, caso Lydia Cacho. Disculpa pública a la periodista y defensora de derechos humanos Lydia María Cacho Ribeiro y reconocimiento de la responsabilidad del Estado a la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En 2005, el ex Gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif confabularon para detener y abusar de Cacho, luego de que ésta ventiló una red de prostitución infantil.
- 03 diciembre 2020, caso Acteal. Disculpas por la responsabilidad del Estado en la matanza de 45 indígenas a manos de civiles armados en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
- 19 diciembre 2020, caso desaparición forzada de tres jóvenes: Christian Téllez Padilla, en Veracruz 2010, Jesús Israel Moreno Pérez en Oaxaca 2011 y Víctor Manuel Guajardo Rivas en Coahuila 2013. Disculpas por violaciones a los derechos humanos
- 4 octubre 2021, caso Arturo Medina Vela, quien fue víctima de violaciones graves a sus derechos humanos al restringirle el derecho a un debido proceso en igualdad de condiciones.
- 31 agosto 2022, caso Casino Royal. Disculpa pública a las familias de las 63 personas, 52 de las cuales murieron, así como 11 lesionadas durante el atentado que derivó en el incendio del Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011, en Monterrey, Nuevo León.
- 19 octubre 2022, caso Digna Ochoa y Plácido, por el asesinato de la abogada y defensora de derechos humanos ocurrida el 19 de octubre de 2001. La disculpa fue por las irregularidades cometidas en el marco de la investigación de su muerte.
- 18 mayo 2023, caso Damián Gallardo Martínez. Disculpa pública por la detención arbitraria y tortura profesor de origen ayuujk y defensor de derechos de los pueblos indígenas y del acceso a la educación, ocurrida en el 2013. La disculpa fue por violaciones graves a sus derechos humanos.
- 24 de agosto 2023, caso Mirey Trueba Arciniega vs. Otrs y vs. México, cuando Mirey fue asesinado por elementos de las fuerzas armadas en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua.
Casos como los de Kenia Hernández Montalván, integrante del Colectivo “Zapata Vive” y defensora de los derechos de mujeres y pueblos indígenas, que ha pasado más de mil días en prisión o Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), desaparecida el 27 de abril del 2018, son solo algunos de os casos que siguen en la impunidad total.
Por otra parte, la desbandada de los responsables de investigar los casos de criminalidad en el país obstaculiza que las victimas tengan justicia. Apenas el pasado 24 de agosto, renunció Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entidad que aún permanece acéfala. Ello, en un contexto de incremento en la desaparición de mujeres, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que al 30 de agosto de 2023 hay en total 111 mil 547 personas desaparecidas.
Relevo sin experiencia en temas de derechos humanos
La gestión de Medina Padilla en la Procuraduría Fiscal de la Federación estuvo orientada a combatir los delitos fiscales sobre cualquier tipo de defraudación fiscal, principalmente sobre grandes empresas deudoras. El PFF es la entidad consejera jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene como prioridad garantizar el éxito de la política fiscal del país.
Es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado a través de diplomados en Políticas de Seguridad Nacional y Seguridad Pública y, en Género y Derecho. Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Fue Jefe delegacional en Tláhuac, donde anteriormente se desempeñó como director general Jurídico y de Gobierno y de Participación Ciudadana. En 2015 fue jefe delegacional y director general de Jurídico y Gobierno en la alcaldía Magdalena Contreras.
Ha sido coordinador general de Enlace Interinstitucional con los Gobiernos de los Estados y del seguimiento de la Conago en la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México. Ex director de la Conferencia Nacional de Municipios de México y director de Enlace Interinstitucional en la Asociación de Autoridades Locales de México.
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