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Los reflectores del Gobierno federal se centraron en gran medida en el Instituto Nacional Electoral durante el 2022, al cual acusó de tener gastos superfluos e innecesarios que podrían disminuir en pro de la austeridad que ha impulsado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, una discusión constante entre la autoridad electoral y el Ejecutivo que ha alzado críticas de académicos, ciudadanía y los partidos de oposición.
Ciudad de México.– El 2022 estuvo marcado por las asperezas entre Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales iniciaron desde 2019 a raíz de que los consejeros electorales se ampararon para poder ganar más que el Presidente, un episodio que precedió a los señalamientos de la falta de recursos para la primera consulta de Revocación de Mandato y que llegaron a su punto más crítico con la serie de reformas propuestas en el Poder Legislativo que aglutinaron a la oposición en bajo la campaña #ElINENoSeToca.
El Jefe del Ejecutivo federal ha hecho de la austeridad un discurso constante, pidiendo a las y los consejeros electorales que reduzcan su sueldo y suelten sus privilegios –tales como seguros de gastos médicos por 295 millones de pesos–, mientras que la autoridad electoral ha hecho un llamado a que no se le reduzca el financiamiento en el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo el argumento de que impacta en sus funciones constitucionales.
“Hemos visto una cerrazón por ambos bandos, en la consulta de Revocación de Mandato y la discusión en torno a la Reforma Electoral”, consideró el especialista Jorge Aljovin en entrevista con SinEmbargo. “Uno de los graves problemas que hemos tenido en nuestra democracia es que no se ha querido dar ningún paso atrás, y se ha considerado que los privilegios son intocables, que existe una realeza electoral que no tiene una capacidad de autocrítica”.
Las prestaciones y beneficios de la élite que trabaja en las altas esferas el INE ha sido documentada ampliamente: asesores de consejeros que ganan más de 100 mil pesos mensuales, junto con prima vacacional, quinquenal, aguinaldo, seguro de vida y apoyo de gastos funerarios; un seguro médico que cubre también a las parejas e hijos de los altos mandos del instituto; y un Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, que recibe una remuneración anual de más de dos millones de pesos más prestaciones. En tanto, el Presidente mexicano ha expresado su desdén por estos gastos, sugiriendo que la autoridad electoral tiene “recursos suficientes” y debería de llevar a cabo “un plan de austeridad” y ponga fin a “gastos superfluos”.
“Quienes hemos convivido en esta dinámica de los comicios electorales nos damos cuenta que hay ventanas de oportunidad para poder mejorar, apuntalar y generar ahorros considerables (en el INE); sobre todo porque hay una insensibilidad por parte de la autoridad electoral”, expresó al respecto Aljovin.
“Hay un sector de la población que simplemente dice que la democracia nos cuesta menos de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Me parece que simplemente encapsular en una cifra y no estar sensible a las propias necesidades de la población es un error”.
EL COSTO DE LA DEMOCRACIA
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados publicó en diciembre de 2021 un análisis del presupuesto que se le ha otorgado al Instituto Nacional Electoral entre los años 2010 y 2022, así como el destino que han tenido estos fondos.
La gráfica comparativa muestra un incremento a lo largo de los 12 años, siendo los montos más bajos correspondientes a años en los cuales no se celebraron elecciones federales ordinarias (2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 y 2022). El 2018, año en el cual Andrés Manuel López Obrador resultó victorioso para asumir la Presidencia de la República, fue el año en el cual las autoridades electorales han recibido mayor presupuesto, con un total de 28.6 mil millones de pesos correspondientes traducidos en dinero de 2022.
La doctora Karolina Gilas, exinvestigadora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió que una lectura de esta gráfica no se puede realizar sin contextualizarla con las transformaciones históricas que ha vivido el INE.
“A raíz de la Reforma Electoral de 2014, se incrementaron las facultades del Instituto Nacional Electoral; e implicaron incluso en algunas ocasiones, por ejemplo, en el 2019, asumir la organización de las elecciones estatales. Entonces hay un nivel de gasto comparable, pero con otras facultades, con facultades que han incrementado, que han crecido”, explicó. “También lo que ha crecido es el padrón electoral en los últimos 10, 15 años”.
En el 2012, el entonces Instituto Federal Electoral contabilizó a 84 millones 464 mil 713 ciudadanos que conformaban el padrón electoral. Seis años después, la cifra incrementó a 89 millones 332 mil 031; y para 2022 aumentó hasta llegar a los 96 millones 710 mil 453 de electores.
Por otro lado, el estudio del CEFP identificó que, en años electorales, el mayor incremento de recursos se asigna a los rubros de “Organización electoral nacional” y “Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión”, que en conjunto representan en promedio un 34.0 por ciento del presupuesto del INE.
“De acuerdo con las Bases Generales del Presupuesto 2021 del INE, 76.9 por ciento de los recursos del [rubro] ‘Organización electoral nacional’ corresponden a los siguientes proyectos del INE: Actividades administrativas y sustantivas de Órganos Delegacionales (13.7 por ciento); Asistencia electoral (26.2 por ciento); Integración y funcionamiento de Órganos Temporales (12.3 por ciento); Materiales electorales (11.2 por ciento); y Ubicación e instalación de casillas (13.4 por ciento)”, detalla el informe.
La académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció que el INE es una institución perfectible y que se podría analizar simplificar procedimientos para disminuir sus costos de operación, pero defendió que “la democracia lo vale”.
“A mí me parece que lo más caro que puede pasar es que perdamos nuestras instituciones y que perdamos la democracia que tanto trabajo, esfuerzos, vidas, y también dinero, ha costado construirlo a lo largo de los años. No estoy diciendo que el INE no sea perfectible”, argumentó Gilas. “Esa discusión sobre austeridad que tenemos hoy, que está dominando la discusión pública, está mal colocada, está desviada y en cierto sentido se ha convertido en un argumento perverso. (…) Me parece que hay recursos millonarios destinados a muchos otros proyectos que sí les parecen importantes a quienes gobiernan el día de hoy, sin mayor debate, sin mayor cuestionamiento. Entonces, para ciertos gastos sí hay (presupueso) y hay holgado, para otros no hay porque parecen ser imprescindibles; todo depende de las prioridades que tenga el Gobierno”.
Algunos puntos que consideró que se podrían revisar es el gasto en monitoreo de medios de comunicación, ser “más racionales” en los gastos de representación, en viáticos de funcionarios electorales, buscar proveedores de servicios y bienes a un costo más bajo, eliminar “incentivos” para que los partidos políticos impugnen todas las decisiones del Instituto “cuando saben que no tiene razón y que no tienen fundamento”, e incluso simplificar el procedimiento de votación. Pero para esto, agregó, necesitaría existir un cierto grado de confianza a las autoridades electorales por parte de la ciudadanía y los partidos políticos.
LA REVOCACIÓN DE MANDATO
El 10 de abril de este año se realizó la primera consulta de Revocación de Mandato para la Presidencia de la República. Más de 16.5 millones de ciudadanos y ciudadanas acudieron a las urnas para definir si querían que Andrés Manuel López Obrador se mantuviera en su cargo o dimitiera por falta de confianza, pero previo a su realización se generaron múltiples disputas entre el Gobierno federal y el INE. En enero, la autoridad electoral solicitó a la Cámara de Diputados que se ajustara su presupuesto para considerar los gastos del ejercicio, solicitud que también fue rechazada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Previo a la celebración de la consulta de Revocación de Mandato, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello publicó en sus redes sociales un video en el que aseguraba que el proceso iba en buena marcha “pese a las muchas trabas que han sido puestas por actores políticos”.
La consulta inédita reunió los votos de sólo el 17.7 por ciento de la lista nominal, lo cual generó cuestionamientos si el ejercicio –que costó mil 692 millones de pesos– realmente fue un avance en la democracia.
“Andrés Manuel nunca buscaba que alguien le revocaran el mandato, lo único que quería es un ejercicio de expresión pública que ratificara el nivel de apoyo con el que cuenta el Ejecutivo en la población”, consideró Karolina Gilas. “Me parece que no es necesario contar con un mecanismo como Revocatoria de Mandato, que no son mecanismos viables, no son mecanismos que han servido en ninguna experiencia conocida para mejorar la democracia en ningún lugar existente, empíricamente, en la historia de las democracias en el mundo; siempre tienden a ser mecanismos que derivan justo en crisis políticas que minan la democracia”.
La politóloga aseguró que pese a esto, las autoridades electorales tuvieron que desplegar un operativo similar al de elecciones federales ordinarias, lo cual derivó en un conflicto con el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, quienes se negaban a otorgarle mayor presupuesto.
El analista Jorge Aljovin, por su parte, añadió que la Revocación de Mandato de este 2022, lejos de fortalecer la democracia, solamente agudizó las divisiones entre el Poder Ejecutivo federal –quien buscaba cumplir una promesa de campaña– y el Instituto Nacional Electoral, en el cual ninguno de los dos personajes mostró disposición para que el ejercicio de participación ciudadana llegara a buen puerto. “No hubo una voluntad para poder transitar en un proceso que era inédito. Justamente al tratarse de un proceso inédito se requerían de medidas extraordinarias, sobre todo porque fue encarado como si fuera un proceso igual que los comicios federales”, indicó.
Destacó que aunque las condiciones en las que se produjo la primera consulta no fueron favorables, el precedente que sienta tener una legislación que permite convocar a esta consulta fue algo “positivo” porque permitirá evaluar el desempeño de futuros gobernantes.
LA PUGNA AMLO VS. INE
El titular del organismo autónomo ha sido señalado por el oficialismo por su protagonismo en el INE y se le ha acusado de defender los intereses de la oposición política, a lo cual el Consejero ha respondido que es la institución es un “árbitro” que “seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral”.
Incluso, en entrevista en abril de 2021 con SinEmbargo, defendió su posición en los reflectores indicando que: “Lo ideal sería un árbitro que no se ve, pero cuando tú tienes a jugadores que juegan al límite, cuando los equipos juegan al límite, pues el árbitro tiene que verse porque si no, el partido se descompone. El escenario ideal sería jugadores, en este caso partidos, candidatas y candidatos que cumplieran puntualmente con lo que dice la Ley”.
Pero el analista Jorge Aljovin difirió y compartió que este protagonismo no ha aportado a generar un diálogo entre el INE y demás instancias gubernamentales, de tal forma que pudiera surgir un consenso en cuestiones como la Reforma Electoral aprobada el pasado jueves en el Congreso de la Unión.
“Lo que está ocurriendo es que la discusión en torno a los costos de nuestra democracia han dejado de tener elementos técnicos, sino justamente se está contaminando con política, y eso es muy preocupante, sobre todo porque se está personificando en dos personas: en el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello y en el Consejero Ciro Murayama Rendón. Esto es muy preocupante porque no solamente han adoptado una actitud de establecer una comunicación con el Presidente de la República, sino que están tomando un partido y están estableciéndose como los estandartes de la oposición, cuando lo que requerimos es una autoridad imparcial que sea fría y objetiva”, contempló.
Asimismo, resaltó la necesidad de que la ciudadanía reclame a las instituciones gubernamentales y a sus representantes políticos que se genere un debate serio con respecto al sistema electoral y el INE.
“Lamentablemente, en esta polarización que ha existido entre el Instituto Nacional Electoral y el Presidente de la República hemos tenido poco espacio para que se dé un debate calificado de altura, particularmente porque está reinando en esta discusión la descalificación y la polarización, algo que es muy preocupante en nuestro país”, apuntó Aljovin.
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