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Hace un año Nuevo León atrajo las miradas de todo México al exhibir las omisiones, negligencias y la ineficacia de las autoridades al investigar las desapariciones de mujeres y casos de feminicidio que se registraron con días de diferencia. María Fernanda Contreras, Debanhi Escobar Bazaldúa y Yolanda Martínez Cadena son nombres que sus familias y las mujeres de la entidad no han olvidado.
En 2022 el Estado de Nuevo León registró 156 muertes violentas de mujeres, de las cuales únicamente 102 se investigaron como feminicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aún con lo anterior, para la entidad el año 2022 fue el más violento para las mujeres desde 2017, cuando el Congreso de Nuevo León aprobó tipificar como autónomo el delito de feminicidio en el Código Penal local.
Al hablar del delito de desapariciones, el panorama no es mejor. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documentó en 2022 a nivel nacional dos mil 729 casos de desaparición de niñas y mujeres, de las cuales 171 se concentraron en Nuevo León, siendo aquellas de 10 a 24 años las principales víctimas.
En este contexto se registraron los casos de desaparición y posterior feminicidio de María Fernanda, Debanhi y Yolanda. Enmarcadas en una creciente ola de violencia contra las mujeres y una desatención por parte de las autoridades estatales.
María Fernanda Contreras, un año pasó para que se reanudara el proceso contra su feminicida.
María Fernanda Contreras tenía 27 años cuando fue reportada como desaparecida en Apodaca, Nuevo León, el 3 de abril de 2022. Ese mismo día su familia se movilizó para intentar dar con su paradero. Fue así como su padre, Luis Carlos Contreras, pudo obtener una localización GPS aproximada del teléfono celular de su hija.
La familia alertó a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, quienes recorrieron la zona indicada, pero no encontraron ningún indicio. Cuatro días pasaron y las autoridades localizaron sin vida a Fernanda en la misma zona donde el GPS había arrojado su ubicación.
La revictimización también imperó en el caso luego de que el 11 de abril, cuatro días después de que María Fernanda fuera localizada, el director de la Unidad Especializada de Investigación Antisecuestros, Javier Caballero García, descartara un posible secuestro o rapto previo a la desaparición de la joven, asegurando que la víctima ingresó “sin aparente uso de la fuerza” al domicilio donde fue encontrada sin vida.
Sin embargo, en ese momento el funcionario omitió mencionar que Raúl ‘N’, el hombre con quien María Fernanda ingresó al domicilio fue llamado a declarar el día lunes 4 de abril y en este punto ya se tenía conocimiento de que fue la última persona en ver a la joven, que ya tenía denuncias por amenazas y que además presentaba rasguños en la cara y marcas de mordidas en las manos.
Lo anterior no fue evidencia suficiente y las autoridades lo dejaron en libertad. Tras estas negligencias y declaraciones revictimizantes, la familia de María Fernanda emitió un comunicado exigiendo la detención inmediata del presunto feminicida y una disculpa pública por parte del director de la Unidad Especializada de Investigación Antisecuestros “por su falta de empatía y respeto”.
El 12 de abril la Fiscalía detuvo a su presunto feminicida, ese mismo mes fue vinculado a proceso. Sin embargo, la defensa de Raúl ‘N’ presentó un recurso de amparo argumentando que al ser detenido no le fueron leídos sus derechos. Debido a lo anterior, su vinculación quedó sin efectos en ese momento.
11 meses tuvieron que pasar para que Raúl ‘N’ fuera vinculado a proceso por segunda vez. Finalmente el 24 de marzo de este 2023 un juez determinó también el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, por lo que se esperaría que el juicio contra el feminicida comience en este mes de abril.
“Quisiéramos olvidarnos de lo malo y enfocarnos en el duelo y no es posible porque debemos estar pendientes de esto, con el abogado, investigando cosas. No es posible seguir adelante mientras pase esto”, aseguró a medios de comunicación Fabiola Contreras, hermana de María Fernanda, durante un acto de memoria y exigencia de justicia realizado en Nuevo León el pasado domingo 2 de abril.
En lo anterior coincide Fabiola Ruiz, madre de María Fernanda, quien asegura que deben enfrentar la impunidad que impera en Nuevo León:
“Encima que uno tiene pena y dolor, la falta de justicia que vivimos en este país, la impunidad, es lo que más nos duele, porque uno va tratando de sobrevivir esta pena”, expresó.
Debanhi Escobar, un año sin verdad ni justicia
Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció el 9 de abril de 2022 luego de ser abandonada por un taxi en la carretera Monterrey-Laredo, muy cerca del Motel Nueva Castilla. Desde el momento en que la última fotografía de la joven de 18 años se difundió en medios de comunicación y redes sociales, su caso movilizó e indignó a toda una sociedad.
Días exhaustivos de búsqueda comenzaron para su familia y mujeres que se sumaron a las movilizaciones para localizar a Debanhi. Personal de la Fiscalía estatal realizó revisiones en distintas zonas, incluido el Motel Nueva Castilla, pero también comenzó la filtración de información a medios de comunicación a través de videos en los que se observaba a la joven caminar sola por avenidas cercanas al punto donde fue vista por última vez.
Tras varios días de rastreos, Debanhi fue localizada sin vida la noche del 21 de abril. Sin embargo, con ello también comenzaron a salir a la luz las negligencias en que había incurrido la FGE, ya que la joven fue localizada en el mismo punto donde presuntamente ya había sido buscada: las instalaciones del Motel Nueva Castilla.
El primer informe de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León reveló que la causa de muerte de Debanhi fue una “contusión profunda de cráneo”, lo que apuntó, según las autoridades locales, a que la joven caminó en lugar y cayó por sí sola en la cisterna donde fue localizada dentro del predio del motel.
Incluso el fiscal de la entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, llegó a declarar que Debanhi estaba viva al momento de caer a la cisterna. Dicha afirmación puso en evidencia el poco compromiso de las autoridades neoleonesas para esclarecer el delito y sancionar al o los responsables.
Esta versión no respondía a las incógnitas de la familia de Debanhi, por lo que su padre, Mario Escobar, solicitó que se realizará una segunda autopsia al cuerpo de su hija a cargo de peritos independientes quienes determinaron que la joven sí había sido víctima de violencia, misma que culminó en un feminicidio. Tirando así la primera versión de la Fiscalía en la que se responsabilizó a Debanhi de su propia muerte.
Las autoridades de la entidad determinaron necesario la realización de una exhumación. Es decir, el cuerpo de Debanhi fue violentado por tercera vez en un intento por acceder a la verdad detrás de su feminicidio.
De esta forma el 18 de julio de 2022, en conferencia de prensa, Felipe Edmundo Takajashi Medina -director del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO- informó los resultados de la tercera autopsia realizada a Debanhi donde reveló la verdadera causa de muerte de la joven de 18 años de edad.
“Se tienen los elementos para establecer que la causa de muerte de Debanhi Susana se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. El intervalo postmortem que se estableció con base en hallazgos es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima. No se encontró evidencia o lesión que pudiera sustentar violencia sexual. Se descarta asfixia por sumersión”.
Es decir, Debanhi permaneció con vida por casi siete días antes de su muerte. Sin embargo, las autoridades de Nuevo León no realizaron un trabajo de búsqueda adecuado y eficiente para dar con su paradero.
En medio de este proceso las filtraciones a medios de comunicación e intentos por revictimizar a Debanhi no pararon. En un momento se llegó a suponer que la joven estaba involucrada en “servicios sexuales” y que había sido asesinada por dos personas ligadas al crimen organizado. También se pudieron visualizar videos en los que se observaba a Debanhi junto a sus amigas en una tienda. Una grabación más la dejaba ver en medio de un altercado junto a otros jóvenes en el lugar donde se llevó a cabo la fiesta a la que acudió la noche de su desaparición.
Al mismo tiempo medios de comunicación entrevistaron a las amigas con las que estuvo esa noche y al chofer que la dejó en la carretera a Nuevo Laredo. “¿Qué llevaba Debanhi en su bolsa?” “¿Con quiénes estaba relacionada?” “Aparecen nuevos videos en torno a la muerte de Debanhi”: fueron algunos de los encabezados que, sin perspectiva de género, diversos medios de comunicación publicaron.
Todas las filtraciones y publicaciones tenían el mismo objetivo: revictimizar a Debanhi. Lo anterior incluso provocó que organizaciones como “Asamblea Feminista de Nuevo León” emitieran un comunicado para exigir respeto a la joven y a su familia.
“Hoy les repetimos: la culpa nunca es ni será de las víctimas. Se les ha pedido a los medios informar con perspectiva de género, no usar la revictimización, ser empáticos con el dolor que les pueden causar a las familias y siguen sin tener ética o responsabilidad en la información que comparten; más interesados en que la nota venda a través del morbo y el amarillismo”.
El camino para acceder a la justicia era ya de por sí difícil para la familia, que además tuvo que enfrentar las violencias en contra de su hija posteriores a su feminicidio.
La ineficiencia y las omisiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, derivaron en que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar la verdad detrás de su feminicidio.
“Por petición del señor Mario Escobar y la señora Dolores Bazaldúa, se determinó que, una vez ejercitada la acción penal sobre la obstrucción de la justicia, se solicitará la atracción por parte de la Fiscalía General de la República de la carpeta de investigación, con el propósito de continuar con las indagatorias que permitan esclarecer este feminicidio y castigar a quienes resulten responsables”, informó en agosto de 2022 el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.
A un año del feminicidio de Debanhi únicamente se tiene conocimiento de la vinculación a proceso -el pasado 10 de enero de 2023- de dos mujeres que laboraban como gerente y recepcionista del Motel Nueva Castilla, donde la joven de 18 años fue localizada sin vida 12 días después de su desaparición.
Ambas mujeres son acusadas por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento en la investigación. Además, hace 13 días Mario Escobar, padre de la víctima, informó a través de su canal de Youtube que la Fiscalía continúa realizando peritajes en las habitaciones del Motel Nueva Castilla. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cómo fue desaparecida Debanhi y quién o quiénes perpetraron el feminicidio.
“No vamos a parar, seguimos en la lucha buscando la verdad”, expresó Mario Escobar.
Yolanda Martínez Cadena, el feminicidio que intentaron hacer pasar por suicidio
El 31 de marzo de 2022 Yolanda Martínez Cadena -de 26 años- salió de su hogar en Nuevo León para buscar trabajo. Ese día también fue el último que se le vio con vida.
En las primeras horas que no supo de su hija, Gerardo Martínez, padre de Yolanda, inició una búsqueda por su cuenta. Y es que las autoridades le dieron la espalda, pues al acudir a ellas le dijeron que Yolanda, al ser mayor de edad, “se habría ido con el novio”.
“Cuando puse la denuncia no me la aceptaron porque decían que Yolanda se había ido con el novio. Me lastimaron con sus palabras en esos momentos. A mí me dejan solo en mi búsqueda durante más de dos semanas. Después de que Debanhi Escobar fue encontrada, viene el equipo conmigo, pero de alguna forma yo ya tenía mi investigación”, contó Gerardo Martínez a Cimacnoticias.
Durante el tiempo en que buscó a Yolanda, Gerardo se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien revictimizó a la joven a través de distintos medios de comunicación.
“Quiero dar un mensaje a la comunidad: que muy probablemente en el caso de Yolanda, por violencia familiar que había, ella salió de su domicilio. El mensaje es para pedirles… y decirle a Yolanda –si nos está viendo– que se sienta 100 por ciento protegida”, expresó García Sepúlveda el 5 de mayo de 2022; sin embargo, ese día Yolanda ya había sido asesinada.
Y es que el 9 de mayo del mismo año, la joven madre fue localizada sin vida en una zona de matorrales. Junto a ella supuestos mensajes de suicidio, de los cuales la Fiscalía estatal se valió para descartar un feminicidio, sin antes realizar una autopsia al cuerpo.
Para Gerardo Martínez, el cuerpo de su hija fue sembrado en el sitio de su localización, ya que, acusó, “casualmente” Yolanda fue localizada luego de que se ofreciera una recompensa de 100 mil pesos a quien brindara información sobre su paradero.
“Encontré su cuerpo, me lo sembraron, la tuvieron enterrada en algún lugar. La recompensa fue un cebo para que la entregaran y lo logré”.
Desde ese momento, Gerardo Martínez no ha dejado de exigir justicia para su hija, pues asegura que fue asesinada, de esta forma logró la reclasificación a feminicidio; sin embargo, la Fiscalía estatal no ha dado a conocer avances en la pesquisa. Por lo que la familia de Yolanda busca que la FGR atraiga el caso.
“¿Quieren hacernos creer que mi hija estuvo en ese lugar por 35 días sin que fuera percibida por las personas que caminaban en la acera que rodea los matorrales? Como víctimas, salimos amenazados y eso no se vale. A mi hija la hubiéramos encontrado con vida”, asegura el padre de Yolanda Martínez.
Casos de María Fernanda, Debanhi y Yolanda exhibieron revictimización estatal y mediática
Para Sofía Lozano Snively, codirectora de Alternativas Pacíficas A.C., los casos de feminicidio de María Fernanda, Debanhi y Yolanda exhibieron la lentitud en las investigaciones de la Fiscalía, el olvido del estado hacia las mujeres y el poder de los medios de comunicación para responsabilizar a una mujer de su propia muerte.
“Hay una víctima que le gusta al Estado y a la sociedad, que es la víctima que no habla, que se porta o se viste de cierta forma, que es asesinada o es víctima de un delito en ciertos contextos, pero cuando se nos sale de la idea de esta ‘víctima perfecta’ entonces es cuestionable y empezamos a asumir que es merecedora de ciertas violencias por estar en ciertos espacios cuando la realidad es que nuestro derecho a vivir libres de violencia, es algo que el Estado nos debe garantizar en todos los ámbitos de nuestras vidas”, expresó Lozano Snively en entrevista con Cimacnoticias.
Lo anterior, asegura la codirectora de Alternativas Pacíficas -una organización que acompaña a víctimas de violencia y sus familias- termina afectando “y como siempre” responsabilizando a las mujeres víctimas por las agresiones que viven.
Además, la falta de justicia en estos casos de feminicidio a casi un año de que fueron perpetrados, evidencia que el sistema judicial no es eficiente y cualquier hombre puede “asesinar a una mujer, violentar a una mujer y probablemente no pase nada”.
El abandono institucional y la creciente violencia feminicida en Nuevo León
“Si se meten con una mujer, se meten conmigo y con todo el gobierno de Nuevo León. No vamos a permitir que una niña o mujer vivan con miedo. Cero tolerancia a los golpeadores, cero tolerancia a los violadores, cero tolerancia a los feminicidas. No podemos construir un nuevo Nuevo León mientras miles de mujeres están siendo violentadas”: fue el mensaje que emitió el gobernador de la entidad, Samuel García, el pasado 5 de noviembre de 2021.
Un año después, los casos de feminicidio se incrementaron en un 54 por ciento, pasando de 66 en 2021 a 102 en 2022, detalló Sofía Lozano Snively.
“Las autoridades siguen sin reconocer el contexto alarmante de violencia contra las mujeres en Nuevo León. Siguen desestimando esto como una problemática”, afirmó Lozano Snively.
Lo anterior aún cuando el 18 de noviembre de 2016 se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) a cinco municipios (Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey), con el objetivo de establecer medidas que buscaran reducir las cifras por feminicidio en la entidad.
Pese a ello, no se ha brindado el presupuesto necesario para generar acciones que garanticen una vida libre de violencia a las mujeres, acusó la codirectora de Alternativas Pacíficas.
“Este año el presupuesto de egresos es de 140.000 millones de pesos y solo se destinaron 170 millones de pesos para programas de apoyo a las mujeres, más 20 millones para los refugios, de acuerdo con datos del gobierno. Esto representa un aumento del 27 por ciento respecto al 2022. Pero si vemos el presupuesto, pues digamos que sigue siendo muy poco. Y si vemos cuánto se dedica a áreas como comunicación u otras, pues nos damos cuenta que entonces realmente atender y prevenir la violencia feminicida no es una prioridad”.
Por ello, desde Alternativas Pacíficas se considera urgente que el Estado finalmente se responsabilice por garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir libres de violencias, dejando de lado los discursos y apostando por acciones concretas y “alianzas estratégicas con colectivas, organizaciones feministas y con mujeres expertas que llevan años poniendo el cuerpo para acompañar a las víctimas”.
“Mientras una mujer sea víctima de un femicidio, estamos hablando de que hay una crisis, porque el derecho a vivir libres de violencia y la igualdad para vivir en las mismas condiciones de de libertad y seguridad que cualquier otra persona no están garantizados en Nuevo León y entonces sea una, o sean 100 para nosotras esto siempre va a ser un tema de emergencia y de alerta a nivel local”, sentenció Sofía Lozano Snively.
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