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Tamaulipas.- El pasado 28 de mayo, la activista y buscadora Delia Quiroa Flores Valdez lanzó un comunicado dirigido a los diferentes grupos del crimen organizado en México. En él, propone un pacto por la paz para frenar las desapariciones forzadas en el país y para el ejercicio seguro de la búsqueda de personas por parte de colectivos cuyo único deseo es encontrar a sus familiares con o sin vida. Los grupos delictivos ya han dado señales de aceptar la propuesta, pero falta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tome acciones al respecto.
El comunicado firmado por Flores Valdez (abogada e integrante del colectivo de búsqueda 10 de marzo) está dirigido a los cárteles de Sinaloa, del Golfo, del Noroeste, de los Salazar, de Tijuana, de Ciudad Juárez, de los Beltrán Leyva, al Cártel Jalisco Nueva Generación a la Familia Michoacana y a Los Caballeros Templarios. En él, la defensora de derechos humanos les recuerda a los miembros del crimen organizado que ellos también han sido víctimas de los abusos del gobierno.
Dichos abusos tienen que ver con el saqueo económico de los gobiernos hacia la sociedad. “La mayo parte de nuestra clase política, ya en el poder, se dedica a fabricar operaciones y desviar recursos”, se asevera en el comunicado. Esto han orillado a personas de bajos recursos a recurrir al narcotráfico como una fuente de subsistencia ante la discriminación y la falta de oportunidades.
“Ustedes y nosotros tenemos algo en común, somos abusados por nuestro gobierno, ustedes cuando son detenidos y nosotros como víctimas, que buscamos a nuestros familiares, al no tener quién nos defienda”.
“Fueron de los pocos que se enfrentaron a los abusos de la autoridad”, dice el documento. No obstante, Dalia Quiroa explica que a lo largo de su vida entre Tamaulipas y Sinaloa ha observado que la forma de estos grupos de hacer justicia y mantener la disciplina es bastante radical. Y si bien al principio actuaban solo con ejecuciones, posteriormente, la desaparición forzada se convirtió en otro de sus mecanismos de demostración de poder.
Al respecto, la abogada también señala que —en realidad— esta práctica “infectó” a los grupos delincuenciales gracias al gobierno, el cual (de acuerdo con Flores Valdez) vendió a 37 miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) al Cártel del Golfo durante los tiempos del líder criminal Oziel Cárdenas Guillén.
Finalmente, la activista le recuerda a los grupos del crimen organizado que ha sido testiga de cómo ellos rinden culto a las madres cada 10 de mayo, pero que muchas de estas madres no pueden enterrar dignamente a sus hijos ni atreverse a honrar su memoria al no saber si están vivos o muertos luego de haber sido desaparecidos. Todas estas circunstancias llevan a Delia Quiroa a proponer un “Pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz”.
La petición de Delia Quiroa para los cárteles en México
La propuesta de la portavoz del Colectivo 10 de marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas consiste, básicamente, en llevar a cabo una reconciliación que permita parar las desapariciones forzadas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta este 15 de junio de 2023, 110 mil 976 personas han sido víctimas de este delito en México y aún no han podido regresar con sus familias.
Lo que Flores Valdez pide al respecto es:
El cese a conflictos armados por parte de los grupos del crimen organizado; esto, a excepción de que dichos conflictos se hagan como legítima defensa según sus derechos constitucionales.
El respeto a un sepulcro digno para las personas fallecidas “en aras de erradicar la desaparición y la desaparición forzada de personas” en México.
El respeto a la vida y el libre tránsito de las madres, familiares y colectivos durante sus labores de búsqueda en las diferentes entidades de la República Mexicana.
Dichas propuestas no solo frenarían las desapariciones forzadas en el país, sino que —de acuerdo con la abogada— también evitaría que otros países como Estados Unidos quieran intervenir en las detenciones de miembros del crimen organizado bajo el pretexto de que el gobierno mexicano no hace nada para frenar sus actividades.
“Es por lo que los invito a firmar este pacto”, escribe Delia Quiroa. Para conocer la respuesta de los cárteles, la defensora pidió a sus líderes subir un video con el pacto impreso y firmado a las redes sociales de los periodistas Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva.
Aunque hasta el momento no ha habido una respuesta de parte de los grupos delictivos, la activista afirma que ellos ya están escuchando el mensaje. Esto, a raíz de la desaparición de tres niños que fueron secuestrados por un cártel en Reynosa y que fueron liberados después de que la abogada pidiera su libertad. Además, María Valdez (madre de Delia) aseguró en un canal de noticias que en Jalisco también aparecieron 60 bolsas con restos óseos después del acuerdo propuesto por su hija.
De acuerdo con la madre buscadora, los cárteles de Michoacán y de Sinaloa se han puesto en contacto con ellas a través de abogados para comunicar que ellos quieren pacificar al país y que van a apoyar a las madres buscadoras dentro de sus posibilidades para encontrar a sus familiares dándoles pistas sobre su localización. El mensaje es que ellos están dispuestos a aceptar el acuerdo, pero que aún falta que el presidente del país afine los detalles para poder comenzar el diálogo.
Llaman a López Obrador a tomar acciones por el acuerdo de paz
A 18 días de haber lanzado la propuesta del pacto por la paz, Delia Quiroa Flores emitió un segundo comunicado llamando a los grupos del crimen organizado a aceptar sus peticiones. Este comunicado está dirigido también al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En él, la activista reconoce las declaraciones de Obrador, quien en su conferencia matutina del pasado 30 de mayo aseguró que aprobaba y apoyaba cualquier iniciativa que promoviera la paz.
“Yo creo que eso es algo histórico que no podemos perder de vista y ustedes deben pronunciarse”, afirma la abogada interpelando a los grupos delictivos. En este sentido, Delia Quiroa afirma que un acercamiento entre ellos y el mandatario mexicano permitiría ver la realidad de los daños colaterales que ha provocado la llamada “guerra contra el narco” iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
La activista recuerda que no sería la primera vez que se dé un pacto así: al respecto, recordó el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. También reconoce que, si bien este acuerdo no tuvo los resultados esperados, en México se puede aprender de esos errores.
“¿Acaso no les duele el combate entre ustedes?”, dice el comunicado.
En el documento, Quiroa Flores lanza otras propuestas que se suman a las del primer comunicado. Dichas propuestas son:
La realización de una consulta ciudadana para que la población opine si está de acuerdo o no con pactos como este
El inicio de diálogos de paz con representantes de ambos grupos tal como pasó con el gobierno de Colombia y las FARC
Un cese a los conflictos armados de por lo menos seis meses, así como el fomento a la no desaparición de personas para ver cómo funciona esa estrategia.
“Ustedes son los que pueden poner un alto a la violencia innecesaria en el país, ya no quiero ver sangrar a México, ya no quiero sentir que el miedo y la miseria controlan mi vida”, asevera la defensora, quien desde el 10 de marzo de 2014 busca a su hermano Roberto que fue desaparecido en Reynosa, Tamaulipas.
Finalmente, la portavoz de los colectivos de búsqueda pide al presidente la destitución de Karla Irasema Quintana Ozuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), por haber mentido sobre el supuesto hallazgo de media tonelada de restos óseos calcinados en Matamoros, Tamaulipas. Las madres y familias buscadoras denuncian que esto las llevó a abrir una queja con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero que ahora Irasema Quintana está presionando para dar “carpetazo” al asunto.
Por su parte, María Valdez ha denunciado que la CNBP no cuenta con presupuesto debido a que todo se ha invertido en campañas políticas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). A esto se suman declaraciones del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien pretende utilizar el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para aumentar el salario de los policías de Tlaxcala.
Pese a que las mujeres buscadoras tampoco confían en el crimen organizado porque son sus miembros quienes han desaparecido a sus familiares, María Valdez lamenta que ya no les quedan más opciones. “El presidente no nos hace caso y el gabinete de seguridad no quiere hacer nada”, declaró a Imagen TV. En este sentido, el acuerdo de paz es una de las últimas oportunidades de frenar la violencia que está rebasando al territorio nacional.
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