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Ciudad de México.- Crear más iniciativas que sancionen las conductas violentas podría no estar siendo la solución a la problemática, incluso estaría reproduciendo las desigualdades, incluidas las de género, y generando más daños sociales, incluso para las propias víctimas: así lo arrojó el análisis «Efectos inesperados. Feminismo y apuestas penales en México», realizado por diversas organizaciones.
En el libro, que se compone de 15 ensayos, las autoras analizan los efectos contraproducentes que tienen algunas de las políticas «supuestamente» encaminadas para proteger a las mujeres.
«Con base en evidencia, las autoras buscan mostrar que el sistema penal no solo no le garantiza a las víctimas aquello que supuestamente quieren —el castigo de sus agresores—, sino que puede generar más daños sociales, incluso para las propias víctimas».
Durante la presentación de libro- realizado por las organizaciones Balance, EQUIS Justicia para las Mujeres, Fondo Semillas, GIRE, Intersecta y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir- las especialistas que participaron, entre ellas Estefanía Vela, directora de Intersecta, destacó que se ha buscado agregar más delitos «como una manera de que el estado volteé a ver la gravedad en la que nos encontramos». Sin embargo, eso podría resultar contraproducente. Por ello afirmó que en México no se ha logrado «diseñar políticas públicas que salven a las mujeres».
Los procesos de justicia pensados para las mujeres
El texto destaca que el Estado mexicano ha apostado progresivamente por el derecho penal para hacer frente a las violencias, incluida la de género. Desde su conceptualización, el delito de feminicidio se ha añadido a 33 códigos penales.
En 2019, el feminicidio se sumó a otros delitos relacionados con la violencia de género presentes en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; entre ellos, la violación, el abuso o la violencia sexual contra menores. Estas medidas, sin embargo, no han revertido la creciente violencia letal contra mujeres y niñas. Entre 2007 y 2019, la tasa de asesinatos por cada 100 mil mujeres se triplicó, pasando de 2 a 5.9.
Un ejemplo más reciente de la tendencia a usar el derecho penal en México se puede encontrar en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM) 2021-2024, que propone implementar campañas que desalienten la violencia contra las mujeres, enfatizando su carácter de hecho delictivo. También podemos citar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, que considera la violencia de género como un “delito de alto impacto que debe combatirse”.
La estrategia de prevención de la violencia de género del Estado mexicano se centra en tipificar como delitos las formas de violencia contra las mujeres y niñas. ¿Cuál es el problema con esta estrategia?, cuestionan las especialistas.
«En primer lugar, significa que el Estado espera a que la agresión se consume para después actuar. Es decir, no protege a las mujeres que se encuentran en riesgo, y en muchos casos actúa demasiado tarde frente a un caso de feminicidio. Por otro lado, la denuncia no siempre es la primera respuesta de las mujeres que enfrentan a una situación de violencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del 2021, el 85.7% de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última no solicitó apoyo a instituciones y no presentó una denuncia, a comparación del 78.6% en 2016.50 Entre las razones que expresaron las mujeres están: no saber dónde y cómo denunciar, la vergüenza posterior a los hechos, el miedo a las consecuencias, y la posibilidad de no ser creídas o sufrir revictimización.51 Finalmente, la denuncia deja fuera las violencias que no entran en la tipificación (por ejemplo las violencias más cotidianas, o las microviolencias)».
«Justicia punitiva no resuelve los problemas estructurales»
El texto hace especial énfasis en que las sociedades modernas han normalizado y naturalizado buscar la justicia dentro de los modelos que ofrece el Estado. Desde esta perspectiva, aseguran, «la justicia solo puede ser ejercida por los actores estatales, cuyas estrategias suelen seguir una lógica punitiva. Es decir, tendiente a castigar, criminalizar, estigmatizar y encarcelar».
Al respecto, se destaca que hay dos problemas fundamentales con el hecho de entender e implementar la justicia desde una lógica exclusivamente punitiva:
El primero es que la justicia punitiva no resuelve los problemas estructurales que originan las violencias, sino, por el contrario, genera nuevas condiciones de violencias y profundiza las desigualdades que las motivaron.
El segundo es que la justicia punitiva está basada en un sistema de normas y procedimientos que ha sido pensado, construido y controlado por las personas más privilegiadas de la sociedad (hombres, blancos, heterosexuales) que han dejado fuera otras visiones, como la de las mujeres, las infancias o los pueblos originarios.
¿Se puede hablar de justicia fuera del marco del Estado y de su lógica punitiva?, cuestionan las especialistas. Al respecto, recuerdan que algunos movimientos feministas han construido respuestas que apuntan a una idea de justicia que incorpora conceptos como la reparación, la sanación, la recuperación, la redistribución, los cambios en las relaciones de poder, la sostenibilidad de la vida, la responsabilidad colectiva y el buen trato. «Esto es, conceptos y experiencias que van mucho más allá del castigo, la criminalización, el estigma o el encarcelamiento que ofrece la justicia punitiva».
