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El martes 27 de junio se cumplieron 3 meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde 40 personas murieron, 28 resultaron lesionadas y 15 mujeres sobrevivieron. A la fecha, estas mujeres no han sido reconocidas como víctimas de los hechos; además, organizaciones de la sociedad civil denuncian que las acciones de las autoridades mexicanas para investigar el caso, reparar el daño a las víctimas y sus familias no son transparentes. Igualmente, acusan que la revictimización y hostigamiento a las y los sobrevivientes y sus familias han permeado todo el proceso.
A través de un comunicado, las organizaciones que acompañan a seis personas sobrevivientes y sus familias explicaron que tienen conocimiento de cómo el Instituto Nacional de Migración (INM) las y los presiona para que dejen de comunicarse con la sociedad civil, condicionando el apoyo que reciben para gastos de estancia en México y atención médica derivada del incendio, y al que por ley tienen derecho. Esta situación puede tener la consecuencia de ser deportados a sus países de origen.
Asimismo, señalan que el INM, como presunto responsable de la tragedia del incendio, no puede ser también quien atiende a las familias, pues esta función es responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Como ejemplo refieren que el 16 de junio, el comisionado del INM, Francisco Garduño —quien se encuentra en proceso de investigación por el incendio— se reunió con representantes del gobierno guatemalteco para dar seguimiento a la reparación del daño de sus connacionales, acciones que le corresponden a la CEAV. Además, los agentes de Migración han llevado a las personas a sus citas ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que podría constituir un proceso de coacción.
Por su parte (apuntan las organizaciones) la CEAV se ha mantenido al margen del proceso, delegando sus responsabilidades al INM y revictimizando a las familias al dejarlas en manos de sus agresores. La Comisión no les ha brindado acompañamiento psicosocial continuo y tampoco ha actuado para gestionar la atención multidisciplinaria y el proceso de reparación del daño en el corto, mediano y largo plazo.
En el corto plazo, los sobrevivientes y sus familias necesitan solventar gastos en sus países de origen —cuidado de hijas e hijos, pagos de servicios, etc.—; en el mediano plazo, necesitan traer a sus hijas e hijos a México, asegurar el acceso a educación, protección y certeza para reconstruir sus proyectos de vida; y en el largo plazo, atención médica especializada permanente en los países de origen o de acogida.
Aunado a esta desatención por parte de la CEAV, falta el reconocimiento como víctimas de 15 mujeres que lograron salir a tiempo del incendio. Este reconocimiento les permitiría buscar la obtención de justicia y acceder a medidas reparatorias por parte del Estado mexicano. Sin embargo, la reparación integral del daño aún no se establece; ésta deberá considerar, entre otras cosas, las medidas necesarias para que las víctimas retomen su proyecto de vida.
FGR obstaculiza defensa de las víctimas del incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez
De acuerdo con el comunicado, el proceso ante la FGR ha sido poco transparente y punitivo. Mientras Francisco Garduño enfrenta el proceso en libertad y en funciones, dos migrantes —entre ellos uno con graves lesiones— han sido acusados ser los autores materiales y están encarcelados. El 7 de abril, dos de las víctimas designaron a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil como representantes jurídicos, pero la FGR rechazó la designación, aunque esta decisión se encuentra impugnada actualmente y las organizaciones permanecen a la espera de una resolución. Entre estas organizaciones están la Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Asylum Access México, Uno de Siete Migrando y el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi).
Tales agrupaciones (que cuentan con el respaldo de otras organizaciones) aseguran que la FGR obstaculiza a las víctimas para ratificar a sus representantes legales, al rechazar las firmas y pedirles que acudan a la Fiscalía en Ciudad Juárez, cuando las personas se encuentran físicamente en la Ciudad de México en seguimiento médico y otras en Estados Unidos, lo que les impide viajar.
A más de 90 días de este crimen de Estado, la sociedad civil denuncia que las autoridades siguen culpando a las personas migrantes sin asumir su responsabilidad. También señalan irregularidades en los conteos de las personas afectadas. El testimonio de un sobreviviente indica que la noche del incendio fue rescatado de entre los fallecidos, ya que las autoridades lo habían cubierto con una bolsa como al resto de los cuerpos asumiendo que estaba muerto, hasta que una de las mujeres migrantes sobrevivientes lo vio moverse y fue rescatado.
No fue un accidente, sino la consecuencia de la política migratoria
«Esta tragedia no puede ser una más en la cuenta de casos impunes del Estado mexicano ni quedar en el olvido», aseveran las organizaciones. Para ello, aseguran que es necesario reconocer este incidente como la consecuencia de una política migratoria de contención que criminaliza a las personas y las encierra en estaciones migratorias en condiciones de hacinamiento, sin agua ni alimentos suficientes, convirtiéndolas a todas ellas en tragedias –como la de Ciudad Juárez– esperando a suceder.
Desde 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido más de 80 recomendaciones al INM relacionadas con las condiciones de detención al interior de las estaciones migratorias y estancias provisionales sin que nada cambie.
Ante ello, las organizaciones que acompañan a las y los sobrevivientes y sus familias llaman a la CEAV a tomar las riendas en la protección y reparación del daño de las víctimas a través del ejercicio de sus facultades. Es por ello que piden a dicha Comisión dejar de avalar la intromisión el INM, porque las personas afectadas son sobrevivientes y acompañar el proceso de reparación es responsabilidad de la Comisión y no de Migración.
Las secuelas del incendio son permanentes: muchos no podrán volver a trabajar ni movilizarse por sí mismos, lo que se traduce en impactos en sus familias y sus proyectos de vida, por lo que la reparación tendrá que estar a la altura de las necesidades familiares. La FGR debe dejar atrás la simulación y castigar a los verdaderos responsables, comenzando por separar del cargo a Francisco Garduño y no obstaculizar la representación jurídica de los sobrevivientes.
«Ninguna persona merece ser encerrada en una celda migratoria y vivir con secuelas de por vida por buscar escapar de la violencia y obtener mejores condiciones de vida para sus familias. Hasta que la dignidad se haga costumbre, ni perdón, ni olvido«, concluye el comunicado.
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