Redacción El Coahuilense
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador designó a Bertha Alcalde Luján como directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en sustitución de Pedro Zenteno Santaella.
Después de que Alcalde Luján fue rechazada por el Senado para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Presidencia de la República informó que desde el 19 de febrero está al frente del ISSSTE.
La semana pasada Pedro Zentena fue incluído dentro de las listas de candidatos de Morena al Senado.
En lo que va de la administración Bertha Alcalde ha ocupado diversos cargos en tres secretarias diferentes. El 16 de septiembre de 2021 fungió como comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros.
Del 16 de noviembre de 2020 al 3 de agosto de 2021 fue delegada federal de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, adscrita a la Secretaría de Bienestar, donde coordinó la estrategia de vacunación durante la pandemia.
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Durante 2019 trabajó como secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución donde también se desempeñó como directora general de Apoyo Jurídico.
Tiene título de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y título de maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York.
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El ISSSTE informó que como directora general continuará «la transformación del organismo para consolidar la estrategia de nuevas y mejores instalaciones médicas, abatimiento del rezago, mantenimiento de clínicas y hospitales, abasto de medicamentos y modernización de los 21 seguros, servicios y prestaciones de 13.8 millones de derechohabientes para garantizar el derecho a la salud y atención de calidad para las y los trabajadores al servicio del Estado y sus familias».
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