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Ciudad de México.– Pamela Vargas perdió su patrimonio en un incendio provocado por una inmobiliaria que construyó al lado de su casa. La vivienda de Ricardo Guerrero quedó con fisuras y grietas por una construcción irregular colindante que él había señalado desde 2016. Marisol González ha denunciado los fraudes de funcionarios en los mercados públicos. Los tres son vecinos de la Alcaldía Benito Juárez. No se conocían hasta hace unas semanas cuando un reclamo los unió: frenar la corrupción en la demarcación a través de la Revocación de Mandato del Alcalde Santiago Taboada Cortina.
“Yo soy una víctima del Cártel Inmobiliario, por eso mi familia y yo decidimos participar dentro de este Comité de Revocación de Mandato para preguntarle a los vecinos si quieren que el Alcalde siga rigiendo en esta demarcación”, dijo en entrevista vía zoom Pamela Vargas, habitante del número 90 de la calle Elisa en la colonia Nativitas de la Alcaldía Benito Juárez.
La mañana del pasado 20 de enero un incendio acabó con el patrimonio de la familia Díaz Vargas, entre ellos niños, adultos y personas de la tercera edad, que habita el inmueble desde hace 40 años. El siniestro, acusan, fue provocado por un corto circuito en el edificio contiguo que está en construcción y que habían denunciado desde hace dos años ante la Alcaldía por los daños que ocasionó en su vivienda.
“La constructora, al poner su acometida eléctrica incurrió en varios problemas de violaciones al reglamento y lo puso mal, esto produjo un incendio muy fuerte que le pegó en el domicilio de Pamela”, comentó Guillermo Meixueiro, integrante de la red vecinal de Benito Juárez.
En el inmueble número 90 habitan 18 personas, entre primos, tíos, sobrinos y nietos. El día del incendio una integrante de la familia resultó con quemaduras y fue trasladada de emergencia al hospital. Aún sigue en tratamiento.
Pamela denuncia que desde el día que ocurrió el siniestro, el 20 de enero, no han recibido apoyo por parte de la Alcaldía, sólo de los vecinos que se organizaron para llevarles víveres y ayudarlos en gestiones legales para que la constructora se responsabilice por el daño causado en sus viviendas.
“Ya tenemos casi dos meses de que se incendió una parte de mi casa, no tenemos agua ni luz; hemos batallado con la constructora porque no quiere hacerse responsable, hay resistencia a pagar todos los daños, mientras que por parte de las autoridades no hemos recibido apoyo, toda la ayuda ha sido por parte de los vecinos”, mencionó.
Los vecinos denuncian que el día del incendio la Alcaldía envió un camión para recoger la evidencia que demostraba que el fuego había sido culpa de la constructora.
“El apoyo que dio la Alcaldía en el inicio fue mandar un camión para recoger lo que había quedado del incendio, pero no para apoyar a los vecinos, sino para quitar todo lo factible para los peritajes iniciales y dijeran que ahí no había pasado nada y deslindarse del tema”, recordó Guillermo Meixueiro.
Los habitantes damnificados de Elisa número 90 mostraron, con fotografías tomadas previo al incendio, que la empresa Bufete Constructor y de Bienes Raíces S.A. C.V., colocó sus medidores justo en la entrada de su casa y eso provocó un calentamiento en las líneas eléctricas que derivó en el incendio.
Por estos hechos, que quedaron denunciados dentro de la carpeta de investigación con el folio CI-FIBJ/UAT-BJ-3/UI-1S/D/00268/01-2023, la familia Díaz Vargas decidió unirse al Comité que encabeza la Revocación de Mandato de Santiago Taboada y evitar así “que la corrupción inmobiliaria dañe el patrimonio de más personas”.
SinEmbargo contactó al área de Comunicación Social de la Alcaldía para saber su postura acerca de este proceso de Revocación de Mandato que han organizado los vecinos debido a las denuncias de corrupción, pero respondió que no tenían ningún comentario al respecto.
Otro de los vecinos que encabeza el Comité de Revocación de Mandato en Benito Juárez es Ricardo Guerrero, quien desde el 2016 interpuso la primera denuncia ante la Contraloría de Ciudad de México en contra de la construcción ubicada en el número 1073 de la calle 5 de febrero en la colonia Álamos.
El edificio señalado, ya construido en su totalidad, dañó la vivienda del señor Ricardo Guerrero –ubicado en el número 1079– con grietas y fisuras, además de no respetar la separación de colindancias entre las edificaciones.
“La construcción de 5 de febrero 1073 dañó esta propiedad. Existe una demanda civil por los daños en el juzgado. Esto se materializó por actos de corrupción”, se lee en un cártel colocado en la fachada de la vivienda del señor Guerrero.
SinEmbargo contactó al área de Comunicación Social de la Alcaldía para saber su postura acerca de este proceso de Revocación de Mandato que han organizado los vecinos debido a las denuncias de corrupción, pero respondió que no tenían ningún comentario al respecto.
Otro de los vecinos que encabeza el Comité de Revocación de Mandato en Benito Juárez es Ricardo Guerrero, quien desde el 2016 interpuso la primera denuncia ante la Contraloría de Ciudad de México en contra de la construcción ubicada en el número 1073 de la calle 5 de febrero en la colonia Álamos.
La indiferencia de las autoridades de la Alcaldía, e incluso las de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde desde el 19 de enero de 2019 solicitó con pruebas su intervención para investigar 226 obras ilegales autorizadas en la demarcación, ha hecho que Guerrero eche mano de uno de los recursos que le quedan como ciudadano: pedir la remoción del Alcalde.
“Tenemos que acostumbrarnos a no aceptar a una autoridad más de tres años porque puede ser dañino. Esto es una oportunidad para ver si ya se pueden detener estas obras porque hasta el día de hoy continúan y no hay quien pueda pararlo, por eso tenemos que tratar por todos los medios para frenar esto”, destacó.
En su lucha ciudadana por visibilizar la corrupción en la demarcación, Ricardo Guerrero también ha realizado un mapa en Google que muestra hasta el momento 400 edificaciones presuntamente ilegales autorizadas en las administraciones de Jorge Romero (2012-2015), Christian Von Roehrich (2015-2018), hoy prófugo de la justicia, y Santiago Taboda (desde 2021).
Los vecinos de la Benito Juárez que encabezan el Comité de la Revocación de Mandato no sólo lo hacen para denunciar la corrupción inmobiliaria, también para exhibir los fraudes en los mercados públicos y en los presupuestos participativos.
“Hay un deterioro en la Alcaldía en manos de los gobiernos panistas, como los fraudes en presupuestos participativos, en la Copaco y ahora con el Cártel Inmobiliario, algo que habíamos denunciado desde hace 10 años y no hemos tenido respuesta”, dijo Gabriela Ortega, vecina de la colonia Villa de Cortés que durante 10 años ha formado parte de los comités ciudadanos y ahora está en la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco).
Gabriela afirma que este proceso ciudadano de Revocación de Mandato es encabezado por y para las víctimas de la corrupción en la Alcaldía y no es un asunto político, como lo ha tratado de “disfrazar” el Alcalde Taboada.
“Ahora con la nueva Ley de Participación Ciudadana tenemos las herramientas, como la Revocación de Mandato, para marcar un hasta aquí porque estamos descontentos de esta administración, pero sobre todo lo hacemos por las víctimas, hay muchas víctimas del Cártel Inmobiliario, algunas están presentes, hay otras que están sufriendo un infierno y lo hacemos por ellos”, aseguró.
Lo mismo opina el vecino Guillermo Meixueiro: “La Alcaldía Benito Juárez quiere politizar esto, dicen que somos de Morena y descalifican nuestro movimiento vecinal”.
Hugo Torres Zumaya, vecino de la colonia Narvarte, explicó que todos los integrantes del Comité Promotor son vecinos que no están afiliados a ningún partido político y también denunció una guerra sucia por parte de la Alcaldía al descalificar la Revocación de Mandato.
“La Alcaldía ha estado subiendo notas argumentando que hay baja participación y ha estado diciendo que estamos vinculados a algún partido político y eso es falso, esa es la manera que ellos utilizan para quitarle legitimidad al proceso de Revocación, que está integrado por víctimas y por líderes vecinales que llevan años luchando en contra de la mafia inmobiliaria”, sostuvo.
Torres también ha denunciado el caso City Towers Black, un desarrollo con 808 departamentos de lujo que ha estado en la mira luego de que funcionarios de Benito Juárez entregaron permisos a cambio de departamentos.
“En el caso de City Towers, diputados del PAN tienen departamentos que algunos fueron pagados con cheques sin fondo, entonces por eso es que están las órdenes de aprehensión”, destacó.
Al menos tres funcionarios que firmaron la “Autorización de uso y habitabilidad” del City Towers Black son investigados por la Fiscalía capitalina: Adelaida García González, directora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos (detenida); Emilio Sordo Zabay, exdirector de Desarrollo Urbano; y Víctor Manuel Mendoza Acevedo, director de Planeación, Desarrollo y Participación, y hermano del Diputado panista en la Ciudad de México Luis Alberto Mendoza, este último tiene un departamento en otro de los edificios de la misma empresa que pagó al contado en 2017, según documentos a los que tuvo acceso el diario El País.
Además, el diario Reforma reportó esta semana que el Alcalde Santiago Taboada también adquirió un departamento, que posteriormente vendió, en uno de los edificios de la firma City Towers.
Marisol, una comerciante usufructuaria del mercado Independencia en la Benito Juárez que ha denunciado por años la corrupción en los mercados públicos de la demarcación, también considera que este proceso de Revocación de Mandato es importante para darle voz a las víctimas.
“Tengo una carpeta de investigación en contra de varios funcionarios, incluyendo al hoy prófugo Christian Von”, detalló. “El Alcalde Taboada amenaza a comerciantes con enviar verificación si insisten en preguntar el procedimiento que usaron para cambiar las guarderías a locales al interior de los mercados”.
La denuncia de Marisol da cuenta de cómo la Alcaldía Benito Juárez vendió a particulares los espacios públicos destinados para los Centros de Desarrollo lnfantil (Cendis) dentro de los mercados y ese dinero no ha sido transparentado.
Por estas denuncias, los vecinos de la Benito Juárez se han organizado para recolectar firmas para la Revocación de Mandato instalando módulos itinerantes y uno fijo ubicado en Plaza Victoria junto a la estación oriente del Metro Villa de Cortés. En éste último se encuentran todos los sábados de 10:00 a 15:00 horas dando también asesorías a colonos para defenderse de construcciones irregulares.
Para solicitar la Revocación de Mandato en la Benito Juárez necesitan al menos 37 mil firmas y hasta el momento llevan casi cinco mil.
“Es sorprendente la cantidad de personas que tiene una construcción ilegal a su lado y que quieren dar sus firmas para manifestar su enojo”, destacó Gabriela Ortega. “Santiago Taboda siempre ha dicho que él ganó por 140 mil votos, pues le hago la invitación que participe en este proceso de Revocación para saber si los vecinos aún confían en él”.
A pesar de los obstáculos que han tenido en la Alcaldía para instalar los módulos, como la prohibición de colocar las mantas para promover este proceso y amenazas por parte de personal de la demarcación, los vecinos se muestran optimistas y advierten que la recolección de firmas seguirá porque la Revocación de Mandato lo hacen por las víctimas: “Ya no queremos que más familias pierdan su patrimonio o algún familiar” por la corrupción.
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