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La prueba de ADN realizada al juez familiar de Oaxaca Juan Raúl Aquino Geminiano, en la demanda de reconocimiento de paternidad en su contra, arrojó un 99.9 por ciento de coincidencia genética con un niño de 11 años a quien desde el nacimiento abandonó, le negó la paternidad y también la pensión alimenticia.
La madre del niño interpuso la demanda en 2016. Desde entonces, durante siete años, en complicidad con colegas, el juez obstaculizó el proceso para la toma de ADN y el conocimiento de los resultados.
Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la Ley Sabina contra deudores alimentarios y acompañante del caso, denunció que el juez Aquino Geminiano contó con la protección del juez César Elí Peralta. Este último difirió la audiencia en tres ocasiones para alargar más el proceso y someter a desgaste a la denunciante con la intención de llevarla al abandono del caso.
“Con el tráfico de influencias de este señor (Aquino Geminiano) se ha revictimizado a la madre y alargado el proceso. Casualmente no se le podía notificar a este juez, ¡que es juez familiar!”, expresó Vázquez Ruiz.
En este sentido, la activista defensora de derechos subrayó que el Poder Judicial está coludido con los deudores alimentarios, a quienes protege y solapa. En muchos casos -agregó- las demandantes no cuentan con defensa jurídica y ello obstaculiza el derecho alimenticio de sus hijos e hijas.
Además de señalar la gravedad del abandono económico del juez contra su hijo de 11 años, Vázquez Ruiz alertó sobre el riesgo que representa que Aquino Geminiano se desempeñe como juez familiar y que resuelva demandas de pensión alimenticia y paternidad. Lo mismo en el caso de César Elí Peralta, quien actualmente tiene en sus manos y ha diferido en distintas ocasiones la audiencia de apertura de resultados de ADN en la demanda de paternidad en contra de J.O.C.R., alto funcionario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Vázquez Ruiz destacó que éste no es el único caso en donde el juez Aquino Geminiano evade su responsabilidad como padre. “Su modus operandi es presionar a las subordinadas que trabajan con él para sostener relaciones de pareja y después desaparecer. Se aprovecha de su cargo, de las condiciones económicas y laborales de las mujeres para amenazarlas con despedirlas”, señaló.
Ahora lo que esperan es que el proceso tenga un curso más fluido y que no se retrase más la entrega de pensión alimenticia para el menor de edad.
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