perse
Ciudad de México.- La diputada del Partido del Trabajo (PT), Maribel Martínez Ruiz, busca que se incluya en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) la desocupación de la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento, entre las órdenes administrativas de protección a las mujeres víctimas de violencia.
En México la violencia familiar está reconocida en el marco jurídico nacional y las acciones para erradicarla; sin embargo, los esfuerzos institucionales no han logrado permear la esfera social a la profundidad y al ritmo necesarios.
La violencia familiar se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante. Puede manifestarse también como abuso psicológico, sexual o económico y se da entre personas relacionadas afectivamente dentro del hogar.
Según datos de la organización Causa en Común, en promedio, solo 7 de cada 100 casos de violencia familiar se denuncian en México, el 7 por ciento, lo cual hace que sea una situación grave; tan solo de enero a julio de 2023 se registraron 170 mil casos y si se hace el acumulado en el periodo gobierno federal actual se tiene un millón 370 mil casos de violencia familiar denunciados.
Apremiante facultar a autoridades
Por ello, la diputada del PT, Maribel Martínez Ruiz, impulsa reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues considera apremiante facultar a las autoridades administrativas para que conozcan de la urgencia, ordenen y garanticen que el agresor abandone el domicilio y se asegure el cese de la violencia, así como la no revictimización de las mujeres, hijas e hijos.
Señaló que seguimos viviendo y conviviendo en una sociedad patriarcal que se resiste a los avances, esto queda claro con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que revelan “no solo el altísimo número de casos relacionados con la violencia familiar, sino que, además, éstos van en aumento”.
De ahí que se considere la urgencia de adoptar medidas que realmente garanticen que las mujeres, también en la esfera familiar, puedan gozar de su derecho a vivir en espacios y condiciones libres de violencia, agregó.
Expone que estas modificaciones legislativas, que ya están en revisión de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados para realizar su dictamen, tienen el único objetivo de proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos, dado que en muchos casos se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad por no tener ingresos suficientes para dejar el domicilio conyugal o de pareja.
Señala que las órdenes de protección son un mecanismo fundamental para prevenir la violencia y brindar apoyo a las víctimas, buscan detener el ciclo de abuso y establecen barreras legales que impidan que los agresores se acerquen a las víctimas, y juegan un papel importante en la prevención de futuros actos de violencia al imponer restricciones y consecuencias legales, con lo que disuaden a los agresores potenciales de cometer actos violentos o acosadores.
Además, menciona, ofrecen un espacio seguro para que las personas afectadas puedan reconstruir sus vidas y tomar medidas para su propia protección, proporcionan una vía legal para buscar ayuda y las empoderan para que denuncien sin temor a represalias.
En CDMX aumentó 92.3% violencia familiar
La violencia familiar aumentó 92.3 por ciento en la Ciudad de México en el periodo de enero a julio de 2018 al mismo lapso de este año. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hace cinco años las autoridades capitalinas reportaron 11 mil 918 casos, cifra que subió a 14 mil 966 en 2020, año en el cual inició la pandemia por COVID-19.
En ese año, autoridades locales y federales, así como organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconocieron que el confinamiento durante la emergencia sanitaria agravó la problemática, pues en la mayoría de los casos las mujeres convivían más tiempo en casa con los agresores.
Como dice la ONU, la violencia de género es una pandemia dentro de otra pandemia, así pues, el aumento de los casos de violencia por motivo de género es una de las tantas consecuencias sociológicas que también trajo la pandemia”, dijo el 19 de enero de 2021 la entonces secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, en una reunión sobre la protección a mujeres y niñas.
En el Informe Mensual de Resultados de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, informó sobre la vinculación a proceso de mil 74 presuntos agresores de mujeres entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de 2023.
Los datos del Secretariado Ejecutivo muestran que, durante los primeros siete meses del año, la Fiscalía reportó 22 mil 921 carpetas de investigación abiertas por violencia familiar; es decir, siete mil 955 más que en 2020.
