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Asociaciones gremiales y organizaciones proveedoras de limpieza, quienes emplean a por lo menos 220 mil afanadores, analizan cortar relaciones contractuales con la administración pública dadas las afectaciones provocadas por el recorte del 15% aplicado por el gobierno federal.
En 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó a la baja los precios de referencia para los pagos en cada latitud del país, motivo por el cual miembros del sector, quienes prefirieron guardar anonimato, expresaron que la situación se ha vuelto insostenible, dados los costos que generan los .
De acuerdo con algunos integrantes del gremio, este recorte no solo pone en riesgo los miles de trabajadores directos, sino que se calculan afectaciones para al menos un millón de personas si se considera a sus dependientes económicos.
“Por un lado hemos cumplido con nuestras responsabilidades al atender los crecimientos en el salario mínimo, que ha pasado de 102 pesos en 2019 a 172 pesos en el año en curso; sin embargo, por otra parte absorbemos las alzas en costos de materiales y equipo, que ha traído consigo la inflación, además del ‘ajuste’ que Hacienda hizo de manera unilateral, sin existir un estudio de mercado, y sin explicación a las más de cien empresas registradas en el Contrato Marco desde el 14 de octubre de 2021”, explicaron en una misiva enviada hasta este medio de comunicación.
Sobre las modificaciones realizadas por la autoridad el año anterior, las inconformes presentaron documentación en la que se observa que la cotización pasó de 14 mil 388 pesos a 12 mil 805 pesos mensuales en la zona de la frontera, es decir, se le restó 10.9%; mientras que en el resto del país la baja fue de 10 mil 584 pesos a 8 mil 996 pesos, lo que representa una caída de 15%.
“Nos encontramos ante una encrucijada conscientes de la importancia de las labores de aseo para las sedes del gobierno; sin embargo, debemos velar por los derechos de nuestros miles de trabajadores y si continuamos en las condiciones actuales, quedaríamos impedidos para cumplirlos, ya que no solo nos enfrentamos a los aumentos salariales ya registrados, sino al que inminentemente se aplicará a partir de este 1 de enero, así como a los incrementos inflacionarios de nuestros productos”, remarcaron.
Cabe señalar que los primeros ajustes al salario mínimo arrancaron el 1 de enero de 2019, al asentar el general en 102.68 pesos y el de la zona fronteriza en 176.72 pesos; posteriormente en 2020, prosiguieron con 123.22 pesos y 185.56 pesos, respectivamente.
Para el año 2021, totalizaron en 141.70 y 213.39 pesos; mientras que en 2022 llegaron a 172.87 pesos y 260.34 pesos, en cada uno de los casos, por lo que solo en este último ejemplo el alza fue de 22%, e incluso anunciada como la más alta de los últimos 34 años.
Durante la primera quincena de octubre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 8.53%, lo que significa el tercer registro a la baja; no obstante, el indicador rebasa por más del doble el objetivo del Banco de México, que se ha fijado como meta permanente de inflación anual únicamente 3%.
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