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Con 37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, este 2 de marzo Puebla se convirtió en el primer estado de todo el país en sancionar la violencia ácida como tentativa de feminicidio con hasta 40 años de prisión al aprobarse una iniciativa en el Congreso local que también adiciona esta violencia a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad.
El dictamen define la violencia ácida como el acto que «inflige daño no accidental utilizando ácido, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otra sustancia que pueda provocar, o no, lesiones internas, externas o ambas».
De esta forma quedó añadido a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Puebla. Por otro lado, en el Código Penal también se realizaron diversas modificaciones para sancionar la violencia ácida como tentativa de feminicidio con penas que van de los 20 a los 40 años de prisión y una multa de 34 mil 545 a 69 mil 091 pesos.
Esta iniciativa es parte de un trabajo realizado por el diputado Néstor Camarillo Medina de la bancada del PRI, quien presentó una primera propuesta en julio de 2022. Y por las diputadas Aurora Sierra Rodríguez del PAN y Tonantzin Fernández Díaz de Morena, quienes también presentaron iniciativas en septiembre y octubre del año pasado. De esta forma, las diversas propuestas se enlazaron para crear la que este día se votó en el pleno.
La violencia ácida no solo causa daño físico, sino también emocional y psicológico a las víctimas, aseguró la diputada Aurora Sierra Rodríguez. “Tiene como objetivo destruir la vida de las mujeres y la de sus seres queridos”, añadió, por ello consideró como necesario no considerar los ataques con ácido como lesiones, sino como una tentativa de feminicidio.
Es así como a través de esta iniciativa se busca “mandar un mensaje a todo aquel que busque dañar a una mujer”, señaló la diputada Tonantzin Fernández Díaz.
Cabe recordar que actualmente en México únicamente Oaxaca sanciona la violencia ácida como delito autónomo, por medio del delito Alteraciones a la Salud por Razón de Género, el cual comprende daños por medio del uso de un agente físico, químico o sustancia corrosiva, para sancionarse con una pena de 20 a 30 años de prisión.
Mientras que seis entidades más la incluyen en su Código Penal como agravante del delito de lesiones, estas son: Ciudad de México, Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo y el Estado de México.
Desde 2001 hasta la actualidad, la Fundación Carmen Sánchez –asociación civil enfocada en visibilizar y obtener justicia ante la “violencia ácida”– ha registrado 33 agresiones con ácido a mujeres. El 60 por ciento de estos ataques fueron cometidos por quienes en ese momento o en el pasado habían mantenido una relación sentimental con la víctima. Del total de agresores, 85 por ciento fueron hombres
Necesario implementar política integral en materia de prevención y atención: Fundación Carmen Sánchez
En un comunicado, la Fundación Carmen Sánchez, creada por la sobreviviente de violencia ácida que lleva el mismo nombre, destacó que, si bien esta aprobación representa un avance, aún es necesario “implementar una política integral en materia de prevención, atención y sanción de estos crímenes”.
“Esto incluiría (al menos en el tema de acceso a la justicia) que todo el personal encargado de la impartición de justicia sea sensibilizado y capacitado de manera especializada en violencia química, teniendo en cuenta los conocimientos científicos de la gravedad del delito y otorgando un trato digno, eficaz y eficiente a todas las víctimas”, expresaron.
Además, señalaron que la investigación y juzgamiento de estos casos deberá ser realizado con la debida diligencia, con perspectiva de género, con enfoque diferenciado y de acuerdo con lo sugerido en protocolos internacionales. Lo cual, en la actualidad, no ocurre en el estado de Puebla.
Al respecto recordaron el caso de Esmeralda Millán, sobreviviente de ataque con ácido en el 2018 en Puebla. La audiencia intermedia de su caso ha sido diferida en 14 ocasiones consecutivas. Además, acusó la Fundación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Puebla no le ha otorgado orientación y asesoría jurídica, asistencia médica y asistencia social.
Por ello hicieron un llamado a que ya no existan más dilaciones en el proceso legal que lleva Esmeralda desde hace más de cuatro años. Finalmente, señalaron que es urgente “sensibilizar y capacitar al personal de la Fiscalía para garantizar a las víctimas su pronto acceso a la justicia y la reparación integral del daño”.
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