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Ciudad de México.– Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo que fue creado para “procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles” es —a cuatro años de su puesta en marcha— señalado por un desfalco de al menos 9 mil millones de pesos debido a irregularidades, compras fraudulentas de carne y azúcar, que implicarían a al menos 22 personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contras esas 22 personas —entre ellos funcionarios— a inicios de este mes, a quienes se acusa del pago irregular de 145 millones de pesos por casi ocho mil toneladas de azúcar, de las cuales sólo se entregaron tres mil 110 toneladas. El fraude también se reportó en la adquisición de 73.4 millones de pesos en carne a través de cinco convenios, según reportó El País.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que no habrá impunidad en el caso que implica a esta institución cuya fundación él firmó, puesto que se iría “a fondo” en la investigación para castigar a los responsables.
“No hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el pasado 13 de marzo. “Y qué decían antes los corruptos: ‘caiga quien caiga’, ‘no me temblará la mano’, ‘la Ley es la Ley’. Pura simulación, pura demagogia”.
La sospecha de fraude en Segalmex data desde al menos el 2022, cuando el Presidente hizo un reconocimiento que ya habían investigaciones abiertas ante la FGR en la materia. “Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación”, dijo en junio de 2022 en conferencia de prensa.
Pero el caso explotó cuando a inicios de marzo, la FGR informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas, entre los cuales se encuentran 12 funcionarios de la paraestatal, cuatro personas vinculadas con las empresas que estarían coludidas y seis beneficiarios de los recursos públicos desviados.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, dijo en ese momento la FGR.
Para ese entonces, era la sexta judicialización de cuatro carpetas de investigación abiertas por desfalcos de Segalmex, mientras que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero anunció que todavía habían más carpetas a judicializarse en los próximos meses.
LIGAN A CÚPULA DE SEGALMEX
Desde abril de 2022, la Fiscalía ya había advertido que existía una carpeta de investigación por el uso indebido de recursos públicos en Segalmex, que derivó en la vinculación a proceso de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas del organismo, “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.
En un comunicado emitido a mediados de ese mes, las autoridades federales indicaron que el exfuncionario habría autorizado —entre el 14 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020— la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos con recursos públicos asignados a Segalmex.
Siete meses después, en noviembre, la FGR emitió un segundo comunicado informando que Gavira Segreste había sido vinculado a proceso una segunda vez por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, porque “probablemente firmó la renovación de un contrato en calidad de Apoderado Legal y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, en el que le permitió del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico con recursos públicos”.
Por otro lado, El País publicó apenas el 20 de marzo del año en curso que Segalmex firmó cinco convenios para un total de 73.4 millones de pesos, con los cuales habría de recibir carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, pero solo recibió una parte. Este caso igualmente habría implicado a Gavira Segreste durante su administración en la dependencia.
La investigación de la reportera Georgina Zerega expuso que “sólo se entregaron 60.3 millones de pesos en productos, unos 3.19 millones de dólares, y omitieron despachar el resto. Los entonces responsables del organismo nunca reclamaron la mercancía faltante”.
Los proveedores señalados en el informe al que tuvo acceso el rotativo español, y que serían los beneficiarios de estos convenios, fueron: Wurst Alimentos, Novam Innovación en Alimentos, Synexo, Empacadora La Merced, y Carlos Ovidio Villareal González.
EN UN AÑO, MÁS DE 20 PERSONAS SEÑALADAS
De las 22 órdenes de aprehensión solicitadas y obtenidas por la FGR a inicios de este marzo, al 19 de este mes se habían vinculado a proceso a 10 personas.
El caso más reciente fue el de José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de la empresa Servicios Integrales Carregin, quien fue acusado de delincuencia organizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, a quien se le dictó prisión preventiva oficiosa en tanto la investigación es complementada e inicia el juicio en su contra.
Fue a través de Carregin que se habrían realizado las supuestas compras de 7 mil 840 toneladas de azúcar con un costo total de 142 millones 440 mil 883 pesos, pero que nunca fueron entregados a la dependencia. Por este mismo caso fue que se detuvo a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de la empresa; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro; y Gonzalo Mora Nateras.
La Fiscalía igualmente obtuvo las detenciones de Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa, quien fue acusado penalmente de los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control presupuestal de Liconsa; Simón Escobar Copca, exjefe de almacén de Diconsa en Querétaro; y Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del almacén rural en San Luis de la Paz, Guanajuato.
Carlos Antonio Dávila Amerena, exjefe Jurídico de Diconsa y Segalmex, también fue detenido, pero el pasado 16 de marzo un Juez federal con sede en Almoloya de Juárez determinó que no había pruebas suficientes en su contra para vincularlo a proceso por los delitos de los que se le acusaban, por lo que fue liberado. El Ministerio Público presentó una apelación en respuesta a la resolución del Juez Gregorio Salazar Hernández.
DE LOS MÁS POBRES… AL DESFALCO
Segalmex fue creada por medio de un decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2019, como un organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Al anunciar su puesta en marcha, el Gobierno federal aseguró que era un organismo descentralizado que buscaría fomentar la autosuficiencia alimentaria del país a través de la coordinación para “la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía en favor de los productores y regiones nacionales”.
Además de hacer una compra y reparto de alimentos básicos, también buscaría apoyar la productividad agroalimentaria en el país al importar fertilizantes y semillas mejoradas.
“Segalmex debe procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles; promover la industrialización de productos alimenticios que considere necesarios y apoyar a los productores nacionales adquiriendo sus productos agroalimentarios”, expuso en un comunicado el Gobierno de México el 18 de enero de 2019.
A pesar de crearse como una institución gubernamental para favorecer a los sectores más vulnerables de la población, desde ese año y hasta el 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había generado observaciones en la Cuenta Pública por 15 mil 308 millones de pesos. De esta cifra, una parte fue aclarada y/o reintegrada a las arcas públicas, pero al momento de esta publicación aún subsistían 9 mil 821 millones 060 mil 322.15 pesos por aclarar.
La ASF indicó en su informe 283-DE de la Cuenta Pública 2019 que había un monto por precisar de 3 mil 396 millones 253 mil 452.70 pesos, los cuales correspondían a los gastos de operación de tres servidores que no se pudieron comprobar; productos de Canasta Básica cuya recepción en los almacenes de Diconsa no fue acreditada; y la adquisición de envases PET cuya recepción no fue acreditada.
También se detectó en dicho informe que Segalmex pagó 182.1 millones de pesos “sin acreditar la recepción de 34 millones 732 mil 002 costales blancos de polipropileno, aun cuando en el pedido A/001/2019 se estableció como fecha obligada el 31 de diciembre de 2019 y que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada”; el pago de tarimas sin que fueran recibidas; pagos en exceso de trigo panificable, entre otros.
Un año después, en el 2020, la ASF pidió que Segalmex aclarara el ejercicio irregular de 5 mil 640 millones 592 mil 176.10 pesos en total, en parte porque según la auditoría 327-DE, el organismo había pagado completamente un pedido de plaguicidas, abonos, granos, y fertilizantes sin acreditar su recepción.
La auditoría también detectó “salidas de efectivo no identificadas por Segalmex” por un monto de 104.38 mdp, y falta de documentación comprobatoria de la prestación de servicios en apoyo de actividades institucionales.
Finalmente, en el 2021 la misma institución federal advirtió que Segalmex había ejercido 884 millones 207 mil 085.43 de pesos durante dicho año fiscal con irregularidades, por pagos realizados sin contar con la documentación que acreditara el cumplimiento de especificaciones técnicas de servicios como “de Arrendamiento de Equipo de Laboratorio, Pesaje y Bandas Transportadoras”; “de almacenaje, guarda y custodia”; “de almacenaje de fertilizante”.
Asimismo, indicó del siniestro de 9.230 toneladas de maíz blanco nacional sin que se hubiera notificado al seguro para hacer válido el seguro; “incentivos otorgados a medianos productores sin acreditar que éstos contaran con las facturas y los instrumentos de administración de riesgos a nombre de los productores”; entre otros.
El 18 de agosto del año pasado, el Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, indicó en la conferencia matutina del Presidente López Obrador que la dependencia a su cargo había interpuesto 38 denuncias ante la FGR por probables delitos cometidos en contra del patrimonio de Segalmex, Liconsa y Diconsa, mientras que dentro de la SFP había abiertos 618 expedientes para la investigación de presunta responsabilidad administrativas.
A raíz de las denuncias y observaciones de las diversas dependencias gubernamentales, se renovó el cargo directivo de Segalmex: Leonel Cota Montaño sustituyó a Ignacio Ovalle Fernández; y se buscaron implementar medidas para mayor control interno y rendimiento de cuentas; según anunció el Gobierno federal.
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