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Ciudad de México.- Previo a la presentación del Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a realizarse el próximo 24 de enero de 2024, más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo EPUMx, presentaron 18 informes temáticos como insumos para dicha reunión sobre el estado de los derechos humanos en el mundo cuya conclusión señala retrocesos significativos en el Estado de Derecho.
Violencia contra las mujeres, la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; migración; desplazamiento forzado; militarización; desaparición forzada; pueblos indígenas; población LGBTIQ+; personas privadas de la libertad; personas con discapacidad; tortura; empresas y derechos humanos; seguimiento a recomendaciones internacionales; sistema penal e impunidad; niñez, adolescencias y juventudes; protesta social y población afromexicana, son algunos de los temas analizados que dan cuenta de la situación de los derechos humanos en México, en un contexto de violencia sistemática e impunidad.
“Se observan retrocesos significativos en el Estado de Derecho, lo cual se evidencia particularmente en el debilitamiento de mecanismos, órganos autónomos y desconcentrados relevantes para la garantía de los derechos humanos y la democracia, como el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por otra parte, a 10 años de su creación, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas no cuenta con la capacidad operativa y administrativa necesarias para cumplir con su labor y se ha deteriorado la institucionalidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, señala el informe.
Para los expertos en derechos humanos, es indispensable que, al examinar a México en enero próximo, el Consejo de Derechos Humanos considere en su balance la persistencia, pero también la agudización, de algunas de las cuestiones abordadas en las recomendaciones previas, así como la existencia de problemáticas sobre las cuales no se han emitido recomendaciones específicas, especialmente en las cuestiones vinculadas con la militarización y sus múltiples impactos.
Por ello, es indispensable que, al examinar a México en enero próximo, el Consejo de Derechos Humanos considere en su balance la persistencia, pero también la agudización, de algunas de las cuestiones abordadas en las recomendaciones previas, así como la existencia de problemáticas sobre las cuales no se han emitido recomendaciones específicas, especialmente en las cuestiones vinculadas con la militarización y sus múltiples impactos.
Al respecto, Angélica de Anda Celis, de Amnistía Internacional, señaló que, en particular, el derecho a la protesta y la militarización, son temas aún invisibilizados en los diagnósticos de derechos humanos.
“Vemos un aumento de 163 por ciento de los recursos presupuestales en un contexto donde tristemente estas instancia continúan siendo opacas, no rinden cuentas, utilizan el fuero militar para investigar violaciones a los derechos humanos, pese a que la constitución como los estándares internacionales dictaminan que ante cualquier violación de los derechos humanos tiene que ser investigada y juzgada por jueces civiles”, señaló durante la presentación del informe.
Como ejemplo, señala a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que desde 2019, cuando fue la designación de su actual presidenta, la independencia y criterios de actuación de la institución se ha puesto en duda, debido al debilitamiento de la estructura interna y la adopción de decisiones en respaldo a la política del gobierno que contravienen sus obligaciones como institución nacional de derechos humanos, tal fue el caso de avalar las reformas legislativas que institucionalizaron la militarización de la seguridad pública.
Militarización
A lo largo del sexenio, la militarización se ha extendido en diversas esferas de la vida pública, mediante una base legal sin precedentes. El gobierno ha perpetuado e institucionalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y otras de índole civil, que suman más de 240, incluidas la construcción de obras públicas, la implementación de la política migratoria, la gestión de programas sociales y de aduanas y puertos, entre otras.
En 2019, se reformó la Constitución para la creación de la Guardia Nacional (GN) como la entidad civil responsable de la seguridad pública a nivel federal, luego en el 2022, el Congreso aprobó reformas secundarias para adscribir la GN al control administrativo y operativo de la SEDENA. En la práctica la GN se ha consolidado como un órgano castrense por el origen de sus mandos, la composición de sus elementos, su entrenamiento y la inexistencia de controles civiles efectivos sobre su actuación.
Acceso a la Justicia y feminicidios
En 2021 se efectuó una reforma al Poder Judicial de la Federación con la que se buscó atacar prácticas de nepotismo y corrupción, así como fortalecer un nuevo sistema de precedentes y de representatividad en la carrera judicial y construir una fiscalía autónoma.
Sin embargo, para los analistas, esto derivó en una serie de contrarreformas que acotaron los derechos de las víctimas, cancelando instancias de rendición de cuentas, erosionando controles para designación de fiscales y desvinculando a la FGR de mecanismos de coordinación interinstitucional en temas tan relevantes como la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el argumento de ser una institución autónoma, desvirtuando el sentido de su autonomía de investigación.
Destaca el 2021 como el año con más feminicidios. Se registró un máximo histórico de mil 018 de estos delitos, en un contexto de aumento de violencia contra las mujeres. En esta línea, en comparación con el año previo, en 2022 incrementó la tasa de víctimas y de delitos en general.
La narrativa de autoridades federales y estatales busca justificar la persistencia de la violencia en diversos contextos bajo el discurso de que son enfrentamientos entre grupos delincuenciales. En este contexto, la impunidad es la regla: en promedio, el 91.8 por ciento de los delitos que se denuncian en el país no son investigados.
“Se estima que en 2021 solo el 10.1 por ciento de los delitos se denunció ante las autoridades y únicamente en 67.3 por ciento de estas denuncias se inició una carpeta de investigación, de las cuales en 50.8 por ciento no pasó nada o no se resolvió la denuncia”, destaca el informe.
Desapariciones
Según datos oficiales, México registra más de 111 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 40 mil ocurrieron durante esta administración. Si bien estos datos incluyen casos recientes y del pasado, el índice ha crecido exponencialmente en los últimos años, observándose una estrecha relación con el inicio, en 2006, de la denominada “guerra contra el narcotráfico”.
Los casos judicializados por el delito de desaparición rondan alrededor del 2 y 6 por ciento, y solo se han emitido 36 sentencias condenatorias a nivel nacional, ninguna contra un alto mando civil o militar.
En este panorama, en los últimos años han aumentado sustantivamente las desapariciones de personas migrantes, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Existen serias falencias en las investigaciones por parte de las fiscalías, como la burocracia y formalismos excesivos, la ausencia de planes de investigación y omisiones en la práctica de diligencias, la resistencia para colaborar con las comisiones de búsqueda de personas, o la falta de recursos suficientes para cumplir su deber.
En general, el Estado no cuenta con una política integral para prevenir y erradicar esta práctica. A la par, el país enfrenta una crisis forense, con más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, bajo custodia estatal, a los que se suman aquellos que son encontrados por familias y no tienen un procesamiento adecuado por parte de las autoridades.
Examen Periódico Universal
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo singular del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos. De tal forma, constituye una oportunidad para visibilizar las problemáticas estructurales y de diseño de políticas públicas que enfrentan los países miembros.
De estos análisis, surgen recomendaciones por parte de la comunidad internacional encaminadas a mejorar la situación de derechos humanos en las naciones y superar los retos que dificultan la garantía de los derechos humanos.
El EPU fue creado en marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero fue hasta el 2008 cuando se realizó el primer el primer EPU, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han sometido tres veces a la evaluación. El cuarto ciclo de exámenes comenzó en noviembre de 2022.
El Colectivo EPUmx
Es una coalición de organizaciones, redes y colectivos de sociedad civil nacionales, estatales e internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México. El Colectivo se aglutina alrededor de los ciclos de evaluación de México ante el Examen Periódico Universal y sus integrantes han presentado contribuciones conjuntas desde el primer ciclo sobre el país en 2009.
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