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Blanca vive en la Ciudad de México, el pasado mes de enero sufrió una intento de agresión con una sustancia química. Desde entonces vive con el temor a un nuevo ataque y además enfrenta el abandono institucional por parte de las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero de garantizarle la no repetición del hecho.
A inicios de año Blanca se compró un automóvil, al vivir en una unidad habitacional de la alcaldía Gustavo A. Madero, lo dejó estacionado en el espacio destinado a ello. Un grupo de hombres, que pasan la mayor parte del tiempo en este lugar, comenzaron a rayar el vehículo, a dejarle marcas y mensajes en los vidrios.
En un inicio Blanca decidió no decir nada, sin embargo, después de un tiempo de seguir observando esta situación, decidió acudir ante el administrador del edificio para buscar una solución a su problema.
En el mes de abril pudo notar que en la parte trasera de su vehículo había marcas más profundas, lo que provocó que incluso la pintura se removiera. “Quizá a alguien se le cayó algo de su edificio”, pensó. Pero esta sería solo la primera amenaza.
El 12 de mayo Blanca llegó a su unidad habitacional, ese día llovía. De pronto vio un chorro grande, pensó que era agua, así que decidió no bajar de su auto. A los pocos segundos ella y su hija descendieron del vehículo y entraron a casa de prisa.
Al día siguiente notó que la pintura del techo, el cofre y la puerta de su lado del automóvil se había levantado. Inmediatamente llamó a su seguro y de primer momento le indicaron que le habían arrojado ácido.
“Me dicen que esto no lo cubre el seguro, pero que tengo que levantar un acta, porque si eso me hubiera caído a mí, pues me hubiera lastimado. Aquí fue cuando ya me asusté”, contó Blanca a Cimacnoticias.
Decidió contactar a María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de violencia ácida, quien le recomendó acudir ante un Ministerio Público. Y así fue, Blanca decidió denunciar lo ocurrido. Pero esto ha representado un camino complicado.
“Tardé dos semanas yendo todos los días al MP para que quisieran levantar la denuncia, porque primero me dijeron que no, que esto se levantaba por internet porque realmente no me había pasado nada a mí, entonces era daño a propiedad privada”.
Luego de un peritaje detallado le indicaron que lo que le habían lanzado era sosa caústica, por lo que su insistencia en denunciar no se detuvo.
Posteriormente enviaron a Blanca a una de las 27 LUNAS que hay en la Ciudad de México, espacios que son unidades de atención y prevención de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres.
En este lugar “me dijeron que lo que me pasó no es violencia contra la mujer, porque violencia es que te haya pegado tu pareja”. La regresaron al Ministerio Público.
“Entendiendo que estés vulnerada y que te sientas amenazada y todo, pero pero pues eso es daño a la propiedad privada”, le dijeron a Blanca. Después de ir y venir, la denuncia tuvo que quedar de esa forma.
“Me recomendaron que después ampliara mi carpeta de investigación donde ya expusiera que me sentía expuesta y amenazada”, contó Blanca. Y en este proceso se encuentra, aunque difícilmente las autoridades le responden y la escuchan.
Blanca exige seguridad y protección
Blanca pide a las autoridades de la CDMX ser escuchada, pues, asegura, esta situación ha traído consigo afectaciones emocionales, entre ellas el miedo de salir todos los días de su hogar.
Por ello solicita seguridad. “Que manden al menos una patrulla que se dé la vuelta y que sepan que alguien me está cuidando, es lo único que les he pedido, porque no solo me van a cuidar a mí, sino a todos”.
Blanca, como otras mujeres, pensaba que obtendría apoyo al vivir en una ciudad que asegura proteger a este sector, pero son las propias autoridades “quienes te ponen un alto, no te creen y te vulneran”, afirmó.
Violencia química, invisibilizada en México
Durante el año 2022, en México 222 mujeres recibieron amenazas de ser agredidas por ácidos o sustancias químicas, según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), así lo reveló la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano.
Además, desde el año 2001 a junio de 2022, la Fundación Carmen Sánchez ha documentado 33 agresiones con ácido a mujeres. De estos casos, 60 por ciento fueron cometidos por quienes en ese momento o en el pasado habían mantenido una relación sentimental con la víctima. Del total de agresores, 85 por ciento fueron hombres.
La alta tolerancia del Estado mexicano hacia la violencia contra las mujeres ha provocado que más del 90 por ciento de los ataques con ácido perpetrados se encuentren impunes. Las sobrevivientes no solo luchan por sanar las cicatrices visibles e invisibles, también deben vigilar que las autoridades actúen con debida diligencia y perspectiva de género para poder acceder a la justicia.
Actualmente Puebla es el primer estado de todo el país en sancionar la violencia ácida como tentativa de feminicidio. Oaxaca considera la violencia ácida como delito autónomo, por medio del delito Alteraciones a la Salud por Razón de Género, el cual comprende daños por medio del uso de un agente físico, químico o sustancia corrosiva, para sancionarse con una pena de 20 a 30 años de prisión.
Mientras que seis entidades más la incluyen en su Código Penal como agravante del delito de lesiones, estas son: Ciudad de México, Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo y el Estado de México.
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