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La denuncia que se había realizado el 18 de agosto de 2020 contra Felipe Calderón Hinojosa, por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se reafirmó el día de hoy; cabe señalar que, en ella, se acusa de acciones ilegales referentes a la disolución de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en octubre de 2009.
Se destaca que el SME sostiene que la desaparición de LyFC, resultó en la pérdida de empleo de más de 44,000 trabajadores eléctricos, fue llevada a cabo de manera ilegal mediante lo que describen como un «asalto armado y militar».
Por ende, la denuncia que fue inicialmente presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), no solo señala a Calderón, sino también a varios miembros de su gabinete y a jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cabe destacar que en ella hacen referencia al libro «Decisiones difíciles» publicado en 2020, donde Calderón expone detalles sobre la extinción de LyFC. Según el SME, el capítulo 8 del libro podría contener confesiones de actos que podrían constituir delitos, incluyendo abuso de poder, malversación de fondos públicos y actos de corrupción vinculados al decreto.
Además, el sindicato enfatizó que la acción tuvo un impacto significativo en la industria eléctrica nacional. Entre los perjuicios mencionados se encuentra la alteración de la infraestructura eléctrica, con la sustitución del cobre por aluminio, así como el supuesto saqueo de activos patrimoniales de LyFC por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
«Podemos destacar, entre otras cosas, el perjuicio patrimonial derivado del reemplazo del cableado de cobre por aluminio, la apropiación indebida de bienes patrimoniales de LyFC por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y la decadencia de las condiciones laborales en el sector eléctrico nacional», se lee en un comunicado firmado por José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario de Asuntos Exteriores del SME.
El sindicato también recalca la importancia de esta denuncia, no solo como búsqueda de justicia para los trabajadores afectados, sino como una oportunidad para responsabilizar a gobiernos neoliberales, que se les acusa de expoliar al país durante décadas sin consecuencias legales.
Por último, el SME hace un llamado a la justicia por los presuntos delitos cometidos durante el proceso de disolución y espera que esta acción siente un precedente para la rendición de cuentas de futuras acciones gubernamentales.
