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Pasaron 13 días desde que el Poder Judicial del Estado de México desistió de ejercer acción penal en contra de Roxana Ruiz, sentenciada por defender su vida ante el hombre que la agredió sexualmente. Pese a ello, continúa con medidas cautelares, riesgos por amenazas y sin poder reunirse con su hijo debido a que la familia del hombre que la atacó interpuso un recurso de amparo.
En entrevista con Cimacnoticias, Elsa Arista, integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, detalló que durante estos días han tenido que esperar la resolución del Tribunal de Alzada de Texcoco, el cual deberá ratificar la absolución a Roxana.
Sin embargo, la familia de su agresor presentó un recurso que mantiene las posibilidades abiertas sobre garantizar o no la libertad a Roxana, quien en 2021 fue atacada sexualmente por un hombre, de quien se defendió hasta que este perdió la vida.
“Como Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza esperamos que el juez de alzada de Texcoco respete la decisión del poder judicial del Estado de México y pueda darle su libertad inmediata a Roxana, ya que sigue con estas medidas cautelares y podría seguir si el juez de alzada le da la razón a la familia de su agresor”, expresó Elsa Arista.
La activista detalló que esperan que el juez de una resolución antes de que se cumplan los tres meses, pues en este tiempo se está poniendo en riesgo la vida de Roxana.
“Causa pendiente el hecho de que pueda ser agredida por el acoso que vive en redes. Están revictimizando a Roxana”, aseguró Elsa Arista.
El pasado 24 de mayo integrantes de Alerta Temprana Red emitieron un mensaje para que a Roxana, su abogado defensor y a integrantes de la Asamblea Vecinal les fueran otorgadas medidas de protección.
Y es que luego de ser absuelta, la familia de Roxana Ruiz (su madre, su prima y su tía) recibieron llamadas telefónicas en las cuales con engaños y mentiras han tratado de obtener información sobre la ubicación de la víctima.
Una de estas llamadas se realizó con el nombre de la supuesta directora del Penal Neza-Bordo. Esta persona aseguró que entregaría diplomas y reconocimientos que Roxana había obtenido durante el tiempo que estuvo en reclusión, por lo que ella debía acudir directamente a recibirlos.
Sin embargo, esto resultó falso y colocó a Roxana, su abogado defensor y a Nos Queremos Vivas Neza en una “situación de alerta”, señalaron en un mensaje.
Por ello, solicitaron que, de manera urgente, se les otorguen medidas de protección y sean inscritas en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “ya que las amenazas se derivan de su labor en defensa de los derechos de las mujeres”.
Sin embargo, a decir de Elsa Arista, cuando acudieron formalmente a solicitar estas medidas, únicamente se enfrentaron a un trámite burocrático que terminó en una simple firma y sello de recibido.
Revictimización y criminalización del Poder Judicial del Edomex contra Roxana
Roxana tiene 23 años, es originaria de una comunidad indígena de Oaxaca y -como cientos de mujeres- decidió migrar para acceder a mejores condiciones de vida.
Fue así como llegó a la periferia del Estado de México, una de las zonas más abandonadas de la entidad mexiquense, misma que cuenta con dos Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) cuya declaratoria se emitió por los delitos de feminicidio y desaparición.
Ya asentada en Nezahualcóyotl, Roxana trabajaba en un puesto de papas para mantenerse a ella y a su hijo. Al ser comerciante no contaba con prestaciones o derechos básicos como salud, educación y vivienda. Así vivía su día a día.
El 8 de mayo de 2021 Roxana fue agredida sexualmente por un hombre. Para defender su vida actuó en defensa propia y el agresor perdió la vida. Asustada buscó deshacerse del cuerpo; sin embargo, fue capturada por policías municipales de Nezahualcóyotl, aún cuando en más de una ocasión refirió que había sido víctima de violencia. En ese momento comenzaron los atropellos a sus derechos.
Por ejemplo, la médica legisla no realizó el procedimiento necesario para determinar la agresión sexual contra Roxana, tampoco le suministró los antirretrovirales con el fin de reducir la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual después de la agresión.
Por su parte, los Ministerios Públicos que recibieron en un primer momento a Roxana, no actuaron en apego a los derechos humanos de la mujer, aún cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el personal cercano a víctimas debe atender con debida diligencia incorporando la perspectiva de género.
Y es que sin analizar el contexto ni tomar en cuenta la agresión sexual en su contra, tanto los Ministerios Públicos como la defensora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, decidieron enviar a Roxana a prisión.
Ocho meses pasó Roxana en prisión. Luego de ello, el 15 de febrero de 2022, el Juzgado de Control de Distrito de Nezahualcóyotl modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso otras condiciones para que Roxana siguiera el proceso en libertad, esto gracias al acompañamiento feminista y las protestas que desencadenó su caso.
En mayo de 2023 se dictó sentencia condenatoria de más de seis años de prisión contra Roxana. Pero nuevamente el movimiento feminista la acompaño hasta que el Poder Judicial desistió de ejercer acción penal en su contra y determinó que actuó en legítima defensa.
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