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Ciudad de México.- A tres meses de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara que la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), la operación y adecuado funcionamiento de éste permanece pendiente y es una deuda con las familias de personas desaparecidas que buscan incansablemente a sus seres queridos.
Tras un litigio de dos años emprendido por Olimpia Montoya con el acompañamiento del Centro Prodh en contra de la omisión de la FGR de implementar el BNDF, el pasado 29 de mayo de 2023 se anunció el inicio de operaciones en el Diario Oficial de la Federación; desde 2017, la FGR había eludido su obligación de poner en marcha esta herramienta indispensable para enfrentar la crisis forense de más de 52 mil cuerpos sin identificar en México.
El anuncio de la creación del Banco fue un logro tras el impulso de las familias y su incansable lucha para que la FGR por fin asumiera su responsabilidad. No obstante, tras continuar monitoreando la operación, han constatado que no se encuentra en adecuado funcionamiento. Por una parte, mediante la resolución del 10 de agosto de 2023, el Poder Judicial resolvió que esta herramienta se encuentra lejos de ser un pendiente saldado.
Por otra parte, frente al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, la FGR informó, en seguimiento al informe de la visita de dicho organismo del año pasado a México, que: “Se tiene considerada la conclusión del Banco Nacional de Datos Forenses y de los subsistemas que lo integran, entre los años 2025 y 2026”. Tras la falta de información y múltiples evasivas de la FGR, el Juzgado a cargo de vigilar el cumplimiento le ordenó informar concretamente cuáles registros componían el Banco.
En el juicio de amparo se comprobó que todavía no están integradas al BNDF las bases genéticas, de huellas dactilares y el registro de fosas clandestinas y comunes, entre otros. La sentencia de amparo también ordenaba que, una vez construido el BNDF, se realizara la búsqueda de los datos de Marco Antonio Montoya, hermano de Olimpia Montoya —quien promovió inicialmente el amparo—. Sin embargo, la FGR simuló realizar una búsqueda en una plataforma piloto del Banco, y tal búsqueda se hizo con algunos datos erróneos de las señas particulares de Marco Antonio.
La transparencia, coordinación y accesibilidad de información proporcionada por las autoridades locales que sirven como punto de partida para la operación del BNDF es lamentablemente, muy bajo. De acuerdo con el análisis realizado por Data Cívica a partir de información pública o solicitudes de información, no hubo una sola autoridad local que haya completado la solicitud de información en su totalidad.
Entre varios de los hallazgos de este análisis, se concluye que las autoridades locales poseen más información sobre perfiles genéticos que sobre huellas digitales; que sólo Baja California, Guerrero, Jalisco y el Estado de México confirmaron contar con un sistema Ante Mortem /Post Mortem, con lo cual la mayor parte de las autoridades locales incumplen con sus responsabilidades -establecidas en la ley general- de hacer disponible la información forense a los usuarios objetivo de la herramienta; en relación al a la interoperabilidad con la Fiscalía General de la República (FGR), es preocupante que 1 de cada 4 de las fiscalías no reportan haber mandado información a la FGR desde el 2021.
Debido a estas múltiples irregularidades, la digna exigencia de las familias en búsqueda continúa y seguirán solicitando #IdentificaciónYa y que su información genética sea confrontada con la del Banco. Por otro lado, la FGR ha reportado que, finalmente, ha iniciado la construcción del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y que cuenta ya con 464 cuerpos registrados.
Si bien esto es incipiente respecto de los más de 52 mil cuerpos sin identificar en el país, el inicio de este Registro se encuentra en la dirección correcta para generar un auténtico proceso de recuperación de la información forense dispersa en todo el país. Por ello, urgieron a que la FGR acate la resolución del Poder Judicial, y ponga en marcha todos los recursos necesarios para la pronta creación y adecuada operación del Banco, “que esté a la altura para hacer frente a la crisis de más de 111 mil personas desaparecidas en el país y el rezago forense”.
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