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Ciudad de México.- Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó una visita a México este 9 de septiembre. Tras recorrer diferentes estados y reunirse con víctimas y funcionarios, la relatora pudo observar—entre otras consideraciones generales— que el gobierno mexicano no cuenta con cifras oficiales que permitan dimensionar la cantidad de personas en situación de desplazamiento forzado al interior de la República.
De acuerdo con Jiménez-Damary, este vacío es especialmente preocupante al hablar sobre el diseño y la aplicación de políticas públicas a favor de las personas desplazadas. Y es que el desconocimiento de la cantidad de personas en esta situación, así como las experiencias a las que se enfrentan, complica la tarea del Estado de elaborar iniciativas para protegerlas.
Al respecto, la relatora —quien también es abogada y especialista en desplazamiento forzado y migración— reconoció la creación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno (la cual, sin embargo, está estancada en el Senado desde que la Cámara de Diputados la aprobó en septiembre de 2020).
Jiménez-Damary también miró como positivo el hecho de que haya iniciativas locales y federales para proteger a víctimas de desplazamiento forzado, tales como la Ley 487 en el estado de Guerrero y el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. No obstante, lamentó que estos proyectos no tengan un impacto eficaz debido a la falta de recursos económicos y a las fallas del sistema judicial en nuestro país.
Estado mexicano abandona a víctimas de desplazamiento forzado
Durante su estancia en México, la Relatora Especial de la ONU pudo visitar los estados de Chihuahua, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México. Al finalizar su viaje, presentó una serie de observaciones preliminares entre las que destaca el hecho de que niñas, adolescentes y mujeres son doblemente afectadas por el desplazamiento forzado.
Además de esto, la relatora declaró que cerca del 40 por ciento de los desplazamientos actualmente está conformado por personas de comunidades indígenas o pueblos originarios según datos recabados por organizaciones de la sociedad civil.
Entre las principales causas de los desplazamientos, Cecilia Jiménez-Damary pudo identificar la violencia desatada por el crimen organizado, el cambio climático, el despojo de tierras para la elaboración de megaproyectos, la violencia de género y la discriminación de sectores como la comunidad LGBTIQ+ y las personas indígenas.
No obstante, apuntó que todas estas violencias atraviesan de forma distinta a cada sector poblacional, por lo que es necesario crear mecanismos de protección que tomen en cuenta la perspectiva de género y también la perspectiva multicultural. De igual forma, destacó la relevancia de contar con personal capacitado para atender a las y los afectados.
Pero, contrario a esto, lo que sucede actualmente de acuerdo con Jiménez-Damary es que las personas en situación de desplazamiento no acuden con las autoridades debido a la falta de confianza en ellas. Al respecto la relatora explicó que, precisamente, la falta de atención por parte de las autoridades es la que muchas veces orilla a las familias a dejar sus hogares como último recurso para salvaguardarse.
Esto deja a las personas en una situación de indefensión, sin fuentes de ingreso ni protección policial, y muchas veces perseguidas por constantes amenazas por parte de sus agresores.
Los pendientes de México según la ONU
El informe final sobre la visita de Jiménez-Damary a México será entregado frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2023. Mientras tanto, la Relatora Especial ha adelantado que México necesita tener cifras oficiales para diseñar políticas públicas sobre desplazamiento interno con certeza.
Para ello, recomendó la creación de un registro federal único de personas desplazadas en el interior de la República Mexicana. Este registro no otorgaría un estatus jurídico a las y los desplazados, pero sí les facilitaría acciones como el trámite de documentos de identidad; actualmente, esto representa un problema para quienes desean acceder a servicios como vivienda o educación y no tienen ningún papel oficial para identificarse.
Finalmente, la Relatora Especial recomendó el diseño de políticas públicas que lleven a prevenir el desplazamiento forzado y a reparar los daños que causa, no sólo a atender a quienes ya están atravesando esta situación. También enfatizó que es de suma importancia que en esta labor participen no sólo el gobierno, sino también las víctimas del desplazamiento y las organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró que el gobierno mexicano revisará detalladamente las observaciones de Jiménez-Damary y les dará un seguimiento puntual para hacer las mejoras necesarias.
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