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CDMX.-Mujeres que fueron víctimas de ataques con ácido y sustancias corrosivas, buscan justicia y a su vez luchan por atender médicamente sus heridas en rostro y cuerpo.
Originaria de Veracruz, María del Carmen Márquez, de 38 años de edad, acumula ocho lavados quirúrgicos y nueve cirugías reconstructivas, por las que ha pagado 290 mil pesos, además de los dos meses que estuvo hospitalizada en el ISSSTE. Este ha sido parte de su tratamiento para atender las lesiones por la sosa cáustica que le arrojó su expareja hace tres años.
En entrevista, María del Carmen destacó que las intervenciones quirúrgicas no son una cuestión estética, sino de salud. En su caso, perdió una oreja y su nariz y sus párpados se desfiguraron con motivo del ataque, por lo cual necesita al menos ocho cirugías más, con un costo aproximado de 30 mil pesos cada una.
“El doctor me da la oportunidad de que si yo no puedo pagar (al momento), comentó María del Carmen, quien calcula que para costear la totalidad de su tratamiento requerirá al menos medio millón de pesos.
Para revertir esta situación, sobrevivientes impulsan una reforma legal, conocida como Ley Malena, con el fin de considerar los ataques con ácido como tentativa de feminicidio y garantizar la reparación integral del daño.
Con dicha iniciativa, que hace alusión al nombre de la saxofonista María Elena Ríos, las sobrevivientes buscan que se imponga un castigo de hasta 22 años de prisión a las personas que cometan este delito y que la violencia ácida sea prevista o tipificada en la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. Para ello recaban firmas de adhesión en la plataforma change.org, y hasta ahora llevan 48 mil 243 rúbricas.
Como María del Carmen, otras 47 mujeres en México fueron agredidas con ácido en 2022, según datos de la Secretaría de Salud dados a conocer por Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), y la historia se repite: no hay reparación del daño o tarda en llegar y el apoyo del Estado no es total.
La saxofonista de Oaxaca María Elena Ríos consiguió que el gobierno estatal pagara sus tratamientos en clínicas privadas, porque el Hospital público Aurelio Valdivieso no contaba con el equipo para atender las lesiones por ácido que le causó el ataque ordenado en 2019 por el exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, su expareja. Sin embargo, a raíz de su activismo, recordó, el gobierno de Oaxaca le suspendió el pago de la atención médica y ahora ella debe buscar cómo hacer frente a esta necesidad de atención a su salud.
“Yo tengo que estar esperando a que algún laboratorio me pueda apoyar o que la doctora, dentro de sus posibilidades, me pueda apoyar o que el cirujano plástico me apoye, pero pues el hospital o la hospitalización no te lo perdonan”, destacó.
En la búsqueda para solventar su tratamiento, María Elena también se topó con la negativa de autoridades judiciales en la entidad al indicarle que la exigencia de pago para costearlo obedecía a fines estéticos o vanidad.
“Un juez, que ya lo (retiraron del caso) por violentador, por cómplice y por corrupto, su nombre es Teódulo Pacheco Pacheco, me decía ‘es que tú vas a un facial’, (y) no, no es grato para mí ir con la dermatóloga a que me vuelva a quemar la piel para que el colágeno reaccione. Duelen los tratamientos y duelen mucho”.
En una entrevista con este diario añadió: “ahí es donde entra la mala o la nula perspectiva (de género) por parte de las autoridades, porque dicen ‘es que lo tuyo es vanidad, eso es estético’, pero yo no nací quemada, yo no nací deforme y esto (el acceso a la salud) lo tuvo que haber garantizado el Estado o por lo menos en buscar a los agresores, pues (Juan Antonio Vera Hernández, identificado como el perpetrador e hijo de Vera Carrizal,) sigue prófugo”.
A casi cuatro años de la agresión en su casa, María Elena exigió que le paguen el tratamiento médico y las cirugías que necesita —en razón del ataque de género— y su derecho a mejorar. “A las mujeres nos obliga el sistema mexicano a cumplir con una imagen para poder validar tu calidad de víctima, ¿y cuál es esa víctima?, la que no denuncia, la que va a estar llorando todo el tiempo, la que tiene miedo, la que es cohibida”.
Datos de la organización Acid Survivors Trust International indican que en el mundo cada año son agredidas mil 500 personas con ácido o alguna otra sustancia química; 80 por ciento son mujeres.
Aprobación de la Ley Malena es viable: abogados
Gilberto Santa Rita, académico en Derecho Penal de la Universidad Iberoamericana, consideró necesario establecer un tipo penal que contemple las agresiones con ácido y sustancias químicas corrosivas como tentativa de feminicidio, de esta manera la reparación del daño plasmada en la Ley General de Víctimas ya protegería a las mujeres, sin la necesidad de generar una legislación completa.
“Habría que identificarlo (el ataque con ácido) como tentativa de feminicidio. Yo pienso que ese es precisamente el camino correcto, ya no hablar únicamente de lesiones agravadas, sino de una tentativa de feminicidio, lo cual en automático incrementa la pena más allá de la pena de las lesiones por ácido”, expuso en una entrevista con este diario.
Arturo Luis Cossío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM, coincidió en que, desde el punto de vista técnico, no hace falta crear una ley en contra de la violencia ácida, pues sentencias como la que obtuvo a su favor la mexicana Carmen Sánchez muestran que se puede juzgar con un enfoque de agresión por razón de género con las leyes vigentes, pero sí ayuda a eliminar aspectos subjetivos para probarlo.
“Lo que se está señalando es que cuando se produzcan cierto tipo de lesiones y de daños se va a considerar que la intención que se tenía era privar de la vida por motivo de género. No se estará requiriendo que se tenga que acreditar que se buscaba matar por motivo de género. Eso es una diferencia importante, porque objetiviza una cuestión que es muy difícil de demostrar”, destacó en torno a considerar los ataques de ácido como tentativa de feminicidio.
En lo que respecta a la reparación del daño, el abogado aclaró que mientras no exista una sentencia firme en contra de las personas agresoras no es posible que las mujeres afectadas accedan a una reparación del daño de quienes las atacan.
Además, explicó que aunque normativamente se tenga derecho a la reparación del daño existen dos problemas: los casos de justicia tardía y que podría no haber un incentivo para la reparación, pues en algunos casos se concede la suspensión de la pena, pero en este delito no aplica.
“Quizá la única salida tendría que ser buscando un mecanismo en la Ley General de Víctimas para dar preferencia a un fondo de reparación de daños que pueda constituirse para esto, ya hay uno previsto en la ley, pero que se les pudiera dar preferencia para que se repare el daño, sobre todo para las cuestiones curativas”.
Dicho fondo, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hasta el tercer trimestre de 2023 tenía poco más de un millón 150 mil pesos disponibles para la reparación del daño de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, no sólo de violencia con ácido.
La existencia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral está en riesgo, pues en octubre de 2020 el Senado de la República aprobó una iniciativa para extinguirlo junto a 108 fideicomisos más, y hasta que se resuelvan dos amparos que han frenado su desaparición, éste no puede recibir ni facilitar recursos.
Un caso de justicia tardía es el de la mexicana Carmen Sánchez. Tras nueve años una jueza del Estado de México condenó a 46 años ocho meses de prisión a su atacante Efrén García, por el delito de tentativa de feminicidio; se trata de la primera sentencia en su tipo en el país.
La semana pasada se practicó su cirugía 46 por las lesiones que le dejó el ácido que le lanzó su expareja, quien otorgó una cantidad para reparar el daño, pero después de tres mil 285 días; mientras tanto la mujer buscó apoyo para sus operaciones.
Los abogados reconocieron la importancia de esta sentencia a favor de la creadora de la Fundación Carmen Sánchez, pero resaltaron la necesidad de tipificar la violencia ácida como tentativa de feminicidio.
“Una golondrina no hace verano, se tiene que dar un impulso mayor a este tipo de prevención y sanción”, consideró el abogado Cossío Zazueta.
María del Carmen coincidió en la necesidad de que los ataques con ácido no sean vistos sólo como lesiones, sino como intentos de feminicidio: “Quitarte de la cabeza la idea de que te van a volver a atacar y de que ahora sí te van a matar es imposible. Yo salgo temerosa a la calle, tengo que salir a esto (a impulsar la iniciativa), porque si no, no nos escuchan».
En mi ciudad mi alcalde hizo como que yo no existía, mi gobernador también, pero sí existo
Carmen Sánchez
En la última década se registraron 797 casos de mujeres amenazadas o atacadas con ácido en el país, según la Conavim.
Actualmente, la Fundación Carmen Sánchez apoya a nueve mujeres atacadas con ácido y sustancias corrosivas, de siete estados de la República, con acompañamiento legal, psicológico, asistencia médica y búsqueda de convenios para que puedan acceder a apoyos para cirugías, según su cofundadora, Ximena Canseco.
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