AgenciaSaltillo, Coahuila.- El proceso judicial contra Esthela ‘N’, vinculada por el delito de violencia vicaria en Coahuila, ha desencadenado un intenso debate entre expertos, revelando posturas opuestas sobre la interpretación y aplicación de esta figura legal.
Dos voces autorizadas expusieron análisis divergentes en el noticiero Fuerte y Claro. Por un lado, Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, cuestionó la decisión judicial.
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Consideró que se incurrió en excesos, especialmente al imponer inicialmente una medida cautelar de resguardo domiciliario que calificó de desproporcionada y ajena a la perspectiva de género.
Argumentó que el concepto de violencia vicaria nació para visibilizar agresiones predominantemente ejercidas contra mujeres mediante la manipulación o sustracción de los hijos.
Salazar sostuvo que, en este caso, el juez no acreditó mediante peritajes la existencia de un daño psicológico, emocional o patrimonial directo al padre.
Por ello, consideró que el conflicto podría corresponder más a una figura de obstrucción parental y que la aplicación del delito de violencia vicaria fue incorrecta.
En la vereda opuesta, la abogada litigante Diana Hernández defendió la actuación judicial, afirmando que se ajustó al marco legal actual.
Explicó que, aunque el delito de violencia vicaria surgió desde la lucha de las mujeres, su incorporación al Código Penal de Coahuila lo define como una conducta punible sin distinción de género, pues la ley castiga actos y no identidades.
Hernández recalcó que la figura está plasmada tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Penal local, dentro de los delitos de violencia familiar, lo que hace posible su aplicación contra una mujer.
Subrayó que, en ausencia de una reforma, los jueces deben aplicar la norma tal como está escrita. Sin embargo, coincidió en la pertinencia de un debate legislativo para clarificar su alcance.
Ambas especialistas hicieron un llamado común a priorizar el interés superior de los niños y adolescentes en estos conflictos, evitando que sean usados como herramientas de confrontación.
Finalmente, coincidieron en la urgencia de abrir un espacio de discusión en el Congreso estatal para revisar la figura penal, su correcta implementación y la integración obligatoria de las perspectivas de género e infancia en los procesos judiciales.
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Con información de Capital Coahuila
