Redacción El CoahuilensePor Gonzalo Villanueva // CEDIL
En días pasados la Dirección de Infraestructura y Obra Pública de Saltillo abrió el número de oficio EO-805030989-N10-2025 para licitar el levantamiento topográfico, diseño conceptual y anteproyecto para la rehabilitación de la Alameda Zaragoza en la Zona Centro.
Este acontecimiento, sumado a las declaraciones de Antonio Nerio, titular de Obras públicas del municipio, han generado una reciente controversia en torno de la Alameda Zaragoza que va más allá del debate urbanístico. Se ha transformado en un ejemplo claro de cómo se concibe y ejerce el poder en nuestra ciudad, y de la necesidad de reconsiderar los mecanismos de participación ciudadana.
El Instituto Municipal de Planeación (Implan) presentó propuestas para la Alameda, fruto de un foro “participativo”. Sin embargo, la reacción de la comunidad fue de escozor y crítica. La queja central: el “taller participativo” resultó ser un evento de baja convocatoria, dominado por funcionarios y con una difusión tan limitada que, para muchos, pasó desapercibido.
Para comprender la raíz de este conflicto, es útil considerar la psicología comunitaria, específicamente la concepción del poder de Maritza Montero. A diferencia de la perspectiva tradicional, que lo ve como una posesión asimétrica (donde algunos lo tienen y otros no), Montero argumenta que el poder es relacional y ubicuo, intrínseco a toda interacción social. No es un objeto que se adquiere, sino un proceso social multifacético que impregna todas las relaciones humanas.
Desde esta perspectiva la aproximación del Implan a la Alameda parece encajar en la concepción asimétrica tradicional del poder. Al limitar la difusión del foro y priorizar la asistencia de funcionarios y allegados a la administración municipal, se actuó bajo la premisa de que la institución “posee” el poder de decidir, y la comunidad es un mero receptor pasivo de sus designios. Se “cosificó” la participación, reduciéndose a un trámite, en lugar de reconocerla como un proceso dinámico de construcción colectiva.
No es cosa menor el énfasis que hace la psicología comunitaria respecto de que el control y el poder deben de centrarse en la comunidad. De esta manera el objetivo es que las personas reconozcan y empleen el poder que ya poseen, generando el proceso desde sí mismas. En el caso de la Alameda, la comunidad ya ejerce poder mediante su uso cotidiano del espacio, su conocimiento empírico de sus necesidades, y la organización de colectivos dedicados a su conservación. Estos son recursos de poder que fueron ignorados. La resistencia y la protesta de los saltillenses son, precisamente, una manifestación de este poder relacional que se niega a ser pasivo.
En este sentido el fortalecimiento es central, un proceso en el que los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades para controlar su situación de vida y transformar su entorno. Lo que el Implan ofreció no fue un proceso de fortalecimiento, sino una “donación” de un proyecto medianamente predefinido, lo cual contradice la idea de que el cambio debe ser producido por las personas involucradas, no recibido como un regalo.
Cabe recordar que, a principios de marzo de este año, el gobierno del estado invitó al “Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey” con el propósito de analizar la dinámica poblacional, el crecimiento y los desafíos urbanos en Coahuila.
Ese grupo de académicos es reconocido por su liderazgo en intervenciones urbanas en Nuevo León. Aunque se han logrado mejoras estéticas en diversas zonas urbanas, colectivos neoleoneses han criticado que su enfoque en la renovación urbana prioriza intereses privados. Esto ha generado efectos como gentrificación, privatización del espacio público, desplazamiento de lo simbólico, y una priorización de lo estético sobre lo social. Además, se ha señalado que los intereses del Tec de Monterrey prevalecen sobre los impactos ambientales, y que la participación ciudadana es simulada, con decisiones ya tomadas sin considerar a los vecinos. Es necesario cuestionarse si la asesoría que ahora ofrecen en Coahuila repite ese patrón: decisiones técnicas sin raíces sociales.
En consonancia con esto, el pasado martes 29 de julio, el alcalde Javier Díaz señaló que las modificaciones que se tienen en puerta para la Alameda tienen como objetivo la recreación y convivencia de los saltillenses. Además, mencionó que estas decisiones son resultado de un estudio realizado por “Aceleradora de ciudades”, una iniciativa que impulsa la innovación pública y la transformación urbana de ciudades en distintos puntos del país.
Es crucial que el trabajo psicosocial comunitario revele su naturaleza inherentemente política. Esto no se refiere al partidismo, sino a la búsqueda de una transformación social, permitiendo que voces habitualmente ignoradas influyan en los asuntos públicos. Un proceso de participación simulado perpetúa un modelo de toma de decisiones “desde arriba”, donde los intereses políticos o estéticos prevalecen sobre las necesidades comunitarias y ecológicas, como la protección de especies clave como las cotorras serranas –aves endémicas que anidan en los árboles antiguos de la Alameda– o el respeto al arbolado histórico que contribuye al microclima de la zona.
La reciente polémica con la regidora Alejandra Salazar, aunque tangencial al Implan, ilustra también la complejidad de estas dinámicas de poder. Su crítica inicial a la baja participación parecía un acierto, pero su posterior oferta de diálogo fue percibida como condescendiente. Esto demuestra que incluso quienes buscan representar la voz ciudadana pueden, sin intención, caer en una visión asimétrica del poder, tratando a los ciudadanos como subordinados en lugar de como pares. La frustración de los colectivos ante esta actitud subraya la importancia de un trato digno y horizontal, donde la capacidad de la comunidad para actuar, decidir y transformar su entorno –lo que en psicología comunitaria se llama agencialidad– debe ser reconocida y respetada.
En conclusión, el caso de la Alameda Zaragoza es un llamado de atención. Nos obliga a cuestionar si realmente estamos construyendo una “ciudad espectáculo” o una ciudad para sus habitantes.
La verdadera participación no es un formulario ni una foto; es un proceso continuo, relacional y dialéctico, donde el poder se ejerce en ambos polos de la relación. Únicamente reconociendo y potenciando el poder que reside en la conciencia, los recursos y la acción colectiva de la comunidad, se puede asegurar que espacios vitales como la Alameda sean transformados para el bienestar real de Saltillo, y no para la agenda de unos pocos.
Habrá que reformular los canales de difusión y participación ciudadana para que colectivos y ciudadanos en general se incluyan en este tipo de iniciativas.
Al mismo tiempo, resulta necesario cuestionarse si la Alameda necesita un rediseño; quizá, requiere respeto más allá de cualquier cosa. Lo que es una realidad es que no necesita una intervención estética, sino un compromiso ético con su gente y su historia. Por ello, es tiempo de que las decisiones se construyan desde abajo, con raíces en la tierra que pisan los saltillenses cada día.
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