Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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La Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, es una pieza ya obsoleta en un sector que cambió por completo con la llegada del iGaming, las plataformas digitales y un mercado de consumidores cada vez más joven y conectado. Sus vacíos legales son tierra fértil para el juego ilegal, daño para la recaudación fiscal y que además siembran incertidumbre entre los clientes. No sorprende que la semana pasada, en la GAT Expo CDMX 2025 realizada en Santa Fe, el tema central fuera la necesidad urgente de una nueva legislación para ordenar a la industria.
En este debate es clave recordar la reunión que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo a finales de 2024 con permisionarios, operadores y líderes gremiales como la AIEJA, que encabeza Miguel Ángel Ochoa, y la APPJSAC, de Alfonso Pérez Lizaur. Ahí se reconoció la importancia de modernizar la ley, garantizar piso parejo y blindar al sector contra la corrupción.
La industria de casinos físicos tiene un valor superior a los 10 mil millones de dólares y genera más de 200 mil empleos, ya sea de manera directa o indirecta. Está presente en 28 estados con alrededor de 400 salas de juego, que además de recaudar impuestos aportan dinamismo en sectores como turismo, gastronomía y espectáculos. Regular con claridad este ecosistema significa asegurar ingresos estables para el Estado y certidumbre para quienes trabajan en él.
El mercado online, por su parte, creció de manera acelerada tras la pandemia. Entre 2019 y 2024 pasó de 600 millones a 2,700 millones de dólares en ingresos, y se proyecta que supere los 3 mil millones este año. Sin embargo, cerca del 60% de ese negocio opera en la ilegalidad, con alrededor de 300 millones de dólares en ganancias que no pagan impuestos. Ese es quizá el mayor reto: cómo dar un marco regulatorio claro al juego digital para reducir la informalidad, proteger a los usuarios y mejorar la recaudación.
En el encuentro de Santa Fe, Miguel Ángel Ochoa, líder de uno de los gremios del sector, lo resumió con claridad: el combate al juego ilegal requiere reglas que hagan más atractivo permanecer en la legalidad. La experiencia de otros países muestra que cuando los impuestos o las restricciones son excesivas, los operadores terminan en la informalidad. México tiene la oportunidad de diseñar un modelo equilibrado, donde la regulación acompañe la innovación y no la frene.
Para los involucrados en el sector, el potencial de crecimiento es evidente. El iGaming en México pasó de 1.5 millones de jugadores en 2017 a más de 4 millones en 2024, y se espera que alcance los 6 millones en 2028. Las apuestas deportivas online duplicaron su volumen en los últimos siete años, mientras que los casinos digitales multiplicaron por ocho sus ingresos.
De ahí la relevancia de que Gobernación mantenga el diálogo con la industria. Una nueva ley puede traducirse en más recaudación, menos ilegalidad y mayor protección al consumidor. La puerta al debate con reglas claras está abierto. El reto ahora será que el Congreso materialice ese esfuerzo. Se trata de sentar bases sólidas para que el juego en México se desarrolle como lo que debe ser.
Salud sin atajos
La salud pública no se corrige con una etiqueta más cara, se construye con hábitos, espacios y servicios que funcionan. Por eso conviene mirar más allá del precio en la caja. El lunes 8 de septiembre la Cámara de Diputados recibirá el Paquete Económico 2026 y podría discutirse un ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La experiencia internacional muestra efectos acotados cuando se aplica un impuesto a una sola categoría y se deja intacto lo que realmente enferma. OMS, UNICEF y OCDE han descrito la magnitud del problema y, si el impuesto fuera remedio, las curvas ya caminarían en sentido contrario. Cargar la responsabilidad a una bebida o una botana simplifica el debate y complica la solución. La ruta pasa por la prevención desde la infancia, educación alimentaria, entornos seguros para moverse y acceso oportuno a servicios y medicamentos de calidad. El sector de alimentos y bebidas puede ser aliado con metas medibles, trazabilidad del gasto y evaluación abierta. Ante esto, sin duda la Iniciativa Privada y el Gobierno, vía dependencias como Salud, Economía, Hacienda y Educación, deberán trabajar en conjunto con planes y acciones, pero sobre todo, con acciones en el corto plazo.
Acuerdo nacional
En días recientes se presentó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encabezada por Alicia Bárcena, el quinto informe del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, compromiso voluntario por parte de la industria ante las autoridades orientado a transformar la cadena de valor de envases y empaques plásticos, bajo los principios de la economía circular. Uno de los signatarios es la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco, organismo que avanza para consolidarse como una industria más sustentable y circular, tema que no dejó de lado en su foro de Materias Primas, donde con expertos de talla internacional se analizó el mercado de resinas, de PET y polietileno. El valor de la producción de productos de plástico ronda poco más de 400 mil millones de pesos, mientras que su consumo aparente es de casi 7 millones de toneladas al año.
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