Ernesto Núñez AlbarránPor Hiroshi Takahashi
Estados Unidos está prohibiendo libros, mientras sigue dictando al mundo qué historias consumir y sugiere más libertad para los chinos. La mayoría de estas prohibiciones se ejecutó sin seguir los protocolos básicos recomendados por asociaciones de bibliotecarios y educadores. Florida, Texas, Tennessee, Idaho, Iowa: estados convertidos en laboratorios de veto, donde bastan leyes vagas y comités militantes para sacar de circulación cualquier texto sospechoso de hablar de racismo, diversidad sexual, derechos civiles o desigualdad. Y desde 2021, el acumulado ya roza las 23 mil remociones.
La resolución H. Res. 797, presentada en la Cámara de Representantes por Jamie Raskin y un bloque de legisladores demócratas, no es un gesto simbólico más: es el documento oficial que admite que la censura de libros dejó de ser cruzada local de grupos conservadores para convertirse en una política agresiva que toca escuelas, bibliotecas públicas, academias militares y agencias federales.
El texto parte de un dato incómodo: entre julio de 2024 y junio de 2025 se registraron 6 mil 870 casos de censura que afectaron 3 mil 751 títulos y a 2 mil 589 autores, ilustradores y traductores, según PEN America (Poets, Essayists, Novelists, eso significaban las siglas en su origen, hoy más personajes que viven de su pluma están en el grupo).
La resolución registra que el Presidente, se refieren a Donald Trump, ha respaldado la censura de temas de género, sexualidad y raza, y detalla cómo, tras órdenes ejecutivas recientes, las escuelas del Departamento de Defensa retiraron al menos 596 libros, mientras academias militares purgaron cerca de 400 títulos “incompatibles” con la misión del Pentágono. En esa limpia cayó, por ejemplo, I Know Why The Caged Bird Sings, de Maya Angelou.
El documento acusa además la cancelación de fondos de la National Endowment for the Arts y la National Endowment for the Humanities a proyectos que usan lenguaje sobre raza, género o identidades LGBT+, y el giro del Departamento de Educación, que llegó a calificar la crisis como “un engaño”, cerró investigaciones y despidió al responsable de atender denuncias por prohibición de libros. Es el Congreso dejando constancia de que la maquinaria de censura cuenta con señales desde arriba.
Para sostener su denuncia, H. Res. 797 recurre a la memoria jurídica de Estados Unidos. Recupera Tinker vs. Des Moines (1969), donde la Suprema Corte dejó claro que los estudiantes no entregan sus derechos en la puerta de la escuela, y el caso Pico (1982), que advirtió que retirar libros por motivos partidistas equivale a “supresión oficial de ideas”. Cita la Primera Enmienda y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos para subrayar la contradicción: el país que convirtió la libertad de expresión en marca registrada está adoptando, en sus aulas, bibliotecas y bases militares, los mismos métodos de silenciamiento que históricamente ha condenado en gobiernos autoritarios.
No están atacando panfletos extremistas, sino el corazón del canon crítico y de la literatura sobre derechos humanos. Brave New World, de Aldous Huxley, castigado por explorar el control social y la anestesia colectiva. The Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood, incómodo espejo de un orden patriarcal. Anne Frank’s Diary: The Graphic Adaptation, versión accesible del testimonio del Holocausto, retirada bajo el argumento de “contenido inapropiado”. Their Eyes Were Watching God, de Zora Neale Hurston, y To Kill a Mockingbird, de Harper Lee, clásicos que obligan a hablar de racismo estructural y justicia fallida, convertidos en objetivo de quienes prefieren una historia oficial inmaculada.
Junto a ellos, la resolución documenta el embate contra libros infantiles y juveniles que explican diversidad y derechos: The Story of Ruby Bridges, de Robert Coles; Letter from Birmingham Jail, de Martin Luther King, Jr.; Malala: A Hero For All, de Shana Corey; Fry Bread: A Native American Family Story, de Kevin Noble Maillard. En el nuevo moralismo político estadounidense, contar que una niña negra entra escoltada a una escuela segregada, que una niña paquistaní desafía al extremismo por el derecho a estudiar, o que una familia indígena existe y resiste, se vuelve sospechoso.
El golpe es aún más directo cuando se trata de personajes y temas LGBTQ+. Títulos como And Tango Makes Three —dos pingüinos machos que crían a una cría— o This Book Is Gay, de Juno Dawson, son señalados no por su lenguaje o nivel educativo, sino por atreverse a decir que esas vidas también cuentan. La resolución subraya que una proporción desmedida de libros censurados tiene personajes queer o aborda identidad de género. Es decir: la política pública del veto se usa para borrar del mapa narrativo a quienes ya enfrentan violencia fuera de las páginas.
H. Res. 797 advierte que esta ola tiene víctimas concretas: estudiantes que pierden acceso a narrativas que se parecen a sus vidas; docentes y bibliotecarios que trabajan bajo amenaza y autocensura; autores que ven sus obras convertidas en pieza de guerra cultural; padres que sí quieren escuelas abiertas a la curiosidad; comunidades que ven mutiladas sus bibliotecas públicas. Y remata con un señalamiento grave: buena parte de estas decisiones se toma sin transparencia, sin procesos formales, sin especialistas; son remociones masivas guiadas por textos legales imprecisos y campañas de presión ideológica. H. Res. 797 es, en realidad, el acto de acusación de una parte del Congreso contra el país que todavía presume ser una gran biblioteca democrática mientras empieza a vaciar sus estantes.
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