Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
La cuenta apareció como una molestia menor, un perfil anónimo en Twitter que utilizaba fotografías de militares reales, retomaba imágenes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y difundía denuncias sobre presuntos abusos dentro de las Fuerzas Armadas. Pero en cuestión de meses se convirtió en un asunto que llegó hasta el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En marzo del 2020, el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, envió una carta al comandante supremo de las Fuerzas Armadas para informarle sobre el seguimiento realizado a la cuenta @Soy_Militar. En el documento describió al perfil como “una cuenta de un usuario particular con aparente personalidad militar y no autorizada por esta Secretaría”, cuya presentación incluía la frase: “Denuncio abusos de corruptos mandos militares, a civiles y a mismos compañeros militares”.
La preocupación de la Sedena no era únicamente el contenido. Los investigadores descubrieron que la fotografía de perfil pertenecía al soldado de infantería Flavio Martínez González, integrante del 6/o Batallón de Fuerzas Especiales en Nogales, Sonora, quien aseguró no tener relación alguna con la cuenta. La imagen había sido tomada durante un desfile militar en República Dominicana y posteriormente utilizada sin autorización. Por ello, la institución decidió asesorar al militar para presentar una denuncia penal por el uso indebido de su imagen.
La historia se volvió más extraña durante la madrugada del 3 de marzo de 2020. A las 23:30 horas del día anterior, el administrador de @Soy_Militar desactivó la cuenta tras advertir a sus seguidores que presuntamente intentaban hackearla. Dos horas y media después surgió un nuevo perfil: @soy_militarmx. Conservaba la misma fotografía, difundía contenidos similares y seguía publicando información relacionada con las Fuerzas Armadas. Tres días después volvió a transformarse. La nueva cuenta cambió de nombre a @yosoyyoio, eliminó fotografías militares y borró los mensajes de denuncia que habían llamado la atención de los mandos castrenses.
Detrás de la investigación se activó una operación de inteligencia digital poco conocida. En una tarjeta informativa y confidencial clasificada como SOC-0762, el Centro de Operaciones del Ciberespacio del Estado Mayor de la Defensa Nacional detalló las acciones emprendidas para localizar al administrador. Entre ellas figuraba el uso de identidades falsas en redes sociales.
“Se utilizan usuarios simulados para ubicar al administrador de la cuenta @yosoyyoio, con el fin de ganar la confianza y obtener mayor información”, señala el documento.
Las instrucciones de los militares incluían crear perfiles ficticios para comentar favorablemente publicaciones relacionadas con las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo Federal, así como otros destinados a criticarlas. También se ordenó compartir contenidos en grupos de militares dentro de Facebook, Twitter e Instagram para ampliar el alcance de la observación.
La Sedena también construyó mapas de relaciones, analizó seguidores y buscó posibles familiares y amigos del responsable. Uno de los principales objetivos fue el soldado Isidro Gatica Sierra, adscrito al 23/o Batallón de Infantería en Chihuahua. Los analistas detectaron que replicaba publicaciones de @Soy_Militar y mantenía una intensa actividad en redes sociales. El expediente enumera al menos seis cuentas de Facebook, dos perfiles de Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y diversos espacios digitales asociados a su nombre.
Los documentos muestran además una preocupación institucional por la influencia que la cuenta había alcanzado. La inteligencia militar observó que entre los seguidores de @Soy_Militar figuraban “importantes personalidades públicas, de la política nacional y de medios de difusión masiva”. Los analistas concluyeron que esos actores probablemente seguían el perfil porque difundía noticias e imágenes tomadas de las cuentas oficiales de la propia Sedena y del alto mando militar.
En la carta dirigida al Presidente, Luis Cresencio Sandoval admitía que los servidores de Twitter estaban ubicados en empresas privadas de Estados Unidos y otros países, por lo que resultaba difícil lograr la cancelación de cuentas. Incluso señalaba que dichas compañías privilegiaban el respeto a la libertad de expresión. Más aún, el documento reconocía que no existían herramientas tecnológicas capaces de identificar con certeza la identidad física de un usuario anónimo en redes sociales.
Los expedientes muestran cómo una denuncia digital escaló hasta convertirse en un asunto de seguridad nacional, movilizó recursos de inteligencia militar, generó investigaciones de campo, denuncias penales y la utilización de perfiles encubiertos para rastrear a un usuario cuya identidad, al menos en esos documentos, seguía siendo una incógnita.
