Círculo Rojo: Gobierno confesional

noviembre 28, 2025
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Alfredo González, pluma respetada en el gremio y actual director del periódico El Heraldo de México, se ocupó de Piedras Negras y de su alcalde Jacobo Rodríguez, en su columna “A fuego lento”, para evidenciar algo que en la ciudad fronteriza es cosa conocida: que el munícipe suele regirse por designios de fe bajo la guía espiritual de su pastor, y a la sazón, jefe de gabinete, Luis Campos.

Con frecuencia, Alfredo González lleva primicias en su columna, analiza situaciones de trascendencia nacional y suele encontrar garbanzos de libra en casos como el del edil nigropetense.

El periodista contó lo anormal que es iniciar reuniones de trabajo con oraciones, lo que junto a conductas tales como ver a Jacobo agradecer y encomendarse a Dios en lugar de rendir cuentas o responder cuestionamientos, ha generado una alarma porque en ese municipio no gobierne un liderazgo surgido de Morena, y sí, una secta de pastores que opera bajo la marca “Profetas 25, con sede en Monterrey.

El artículo finaliza lanzando una pregunta sobre un supuesto apoyo que los senadores Miguel Ángel Riquelme y Luis Fernando Salazar estarían dando a Jacobo con un propósito nada saludable para la actual administración.

Retoma ruta judicial

No sería extraño que el conflicto entre Jacobo Rodríguez y su gerente del Simas, Lorenzo Menera, tenga tintes de guerra santa, aunque por ahora, un viraje en la posición del alcalde acaba de sorprender a propios y extraños, por avivar la guerra judicial.

El pasado 13 de noviembre, Menera celebraba el amparo y hasta retaba “me hicieron lo que el viento a Juárez”. Por esos días de mediados de mes, Jacobo adelantó que no apelaría la sentencia. Todo parecía volver a la normalidad e inclusive se especuló sobre una solución al conflicto entre ambos por la intervención de algún actor político nacional.

Pero algo cambió. Ayer, el ayuntamiento de Piedras Negras apeló la decisión del Juzgado Tercero con miras a continuar la presión para remover a Menera y todo el consejo.

Un regalo de Coahuila

Hubo mesa de seguridad interestatal y los acuerdos alcanzados entre los gobernadores, Manolo Jiménez Salinas, de Coahuila, y Esteban Villegas de Durango, se encaminaron a la Laguna del lado duranguense, región que este año volvió a experimentar episodios de violencia y un miedo más o menos generalizado de sus habitantes.

La laguna duranguense y, concretamente Gómez Palacio y Lerdo, han tenido un repunte de episodios de violencia que mantienen la opacidad sobre el origen y motivación, así como en las acusaciones por las actividades que presuntamente efectúa la CATEM, organización sindical que a decir del gobernador duranguense, se ha dedicado a la extorsión de empresarios, destacadamente, productores agropecuarios y transportistas.

El secretario técnico de la mesa interestatal es el fiscal Federico Fernández Montañez. Entre integrantes de la mesa trascendió que el martes por la mañana hubo un encuentro entre Federico y la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, así como de mandos militares, para recibir una propuesta del lado coahuilense.

El acuerdo fue para implementar una serie de acciones en materia administrativa, operativa, de inteligencia, e inclusive, de adecuación del marco jurídico que Coahuila llevó a Durango como un regalo para homologar criterios y trascender las deficiencias que han resultado en el repunte de violencia de aquel lado del Nazas, que los gobernadores y los mandos militares, así como sus respectivos gabinetes de seguridad, suscribieron e hicieron público ayer.

“El responsable soy yo”

Pocos fueron los cuestionamientos durante las comparecencias celebradas ayer en el Congreso con los secretarios de Gobierno, Finanzas y Seguridad, tres de las consideradas secretarías triple A. Pero sí llamó la atención un cuestionamiento del morenista Alberto Hurtado al titular de Seguridad, Hugo Eduardo Gutiérrez, sobre las competencias en la materia de dicha secretaría y la fiscalía general.

La cuestión del legislador fue porque el fiscal Federico Fernández, suele hacer declaraciones y dar informes en materia de seguridad cuando esa es función de la secretaría que no parece tener vocería.

Hugo Gutiérrez explicó que hay una mesa de seguridad en cada orden de gobierno y que el fiscal coordina la mesa estatal, es decir, que es vocero de dicha mesa y por ello suele dar informes.

Pero luego tuvo una afirmación inusual y muy enfática. Hugo Gutiérrez pidió que no haya confusión, que no se traslapan funciones o responsabilidades y añadió con un tono seco, medio duro:

“Yo soy el responsable de lo que hagan o dejen de hacer los policías de Coahuila”.

El performance de Tania

La cita de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra con la Auditoría Superior del Estado se cumplió y, hasta el cierre de esta edición lo que no había cumplido fue su advertencia de contarlo todo, sea lo que fuere ese todo.

Desde temprano sus publicaciones en redes sociales fueron erráticas pues inició publicando una foto de ella a caballo en la que algún blog afirma que será la próxima gobernadora de Coahuila; luego, en un siguiente post, haciendo un comparativo de guapura (no es broma), entre los gobernadores Manolo Jiménez y Samuel García, declarándose team García.

Finalmente, hizo una serie de transmisiones para denunciar que en la ASE de Manuel Ramírez Briones, no la dejaban transmitir en vivo, mientras que los auditores le explicaban que la audiencia era cerrada.

Nos dicen los enterados que finalmente la audiencia transcurrió con un cuestionario al que Tania respondió y que sus respuestas ahora serán contrastadas con las documentales. El performance y los procedimientos, se sabe, continuarán.

Hasta vales de despensa

La sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que desechó la intentona de liquidación de Rodrigo Germán Paredes Lozano, el expresidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), incluyó también el pago de los días 11 al 21 de enero así como el finiquito correspondiente a los días devengados, como se informó en este espacio el pasado lunes.

Lo curioso de la sentencia basada en el proyecto de la magistrada Clara Mújica, es que no consideró que ese finiquito ya estaba disponible desde el último de enero, la primera quincena a pagar después de que Rodrigo Paredes fue defenestrado por faltas graves identificadas por el INE. Él no ha querido cobrarlo.

El finiquito, claro está, incluye pago de vacaciones, aguinaldo, vales de despensa y demás prestaciones, calculadas por los días trabajados del año y, aunque un trabajador común no tendría derecho más que a unas cuantas monedas, resulta que si son como 80 mil pesotes. 

Amarran fechas electorales

Hubo sesión en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que preside Óscar Daniel Rodríguez Fuentes ayer y, como se tenía previsto, se aprobó el calendario electoral, un acuerdo que suele ser de mero trámite.

Con el calendario aprobado también se estableció la sesión solemne de arranque del proceso electoral que será el lunes, de manera que a partir de ese día, todos los días serán hábiles en el IEC hasta junio de 2026.

La relevancia de la elección es porque se trata de la intermedia del gobernador Manolo Jiménez y, por lo tanto, del resultado dependerá también su solución de salida. 

Pero también hay un ingrediente nacional: se trata de la única elección que habrá en el país en 2026, en el único estado priísta donde el avance de Morena no se ha materializado en mayorías legislativas ni municipales y que ya se ha puesto en el interés de Andrés Manuel López Beltrán, así como de otros actores.

Breves de la elección

En el panismo, por más esfuerzos de liderazgos locales por conseguir que el nacional suscriba coalición con el PRI, la decisión de Jorge Romero y su equipo es que irán solos.

El PRI, por su lado, también irá solo.

La ecuación por resolver es: el panismo logrará convertirse en una opción atractiva para los inconformes con el priísmo y le arrebatará votos a Morena; si sucederá lo contrario y le bajarán votación al PRI o, si de plano, se confirma la irrelevancia electoral que se advierte en sus resultados de 2023 y 2024.

Y una más: ¿logrará UDC, el partido local más longevo de México, conservar su registro?

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