Redacción El CoahuilenseLas observaciones sobre un contrato federal de alto monto llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a solicitar la intervención de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La revisión se centra en la licitación pública nacional LA-06-400-006400001-N-19-2025, relacionada con la entrega de vales electrónicos de despensa a trabajadores del gobierno, luego de detectarse posibles irregularidades en la propuesta económica ganadora y riesgos en su ejecución.
El fallo, emitido el 8 de diciembre, otorgó un contrato superior a los 10 mil millones de pesos a Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. No obstante, el registro económico de la empresa en la plataforma Compras MX mostró inconsistencias. En este procedimiento consolidado se introdujeron cambios relevantes, entre ellos la eliminación de la subasta inversa y la adopción de un esquema de “oferta única”.
Durante la conferencia presidencial del miércoles 10 de diciembre, Sheinbaum pidió a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Anticorrupción verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y analizar los señalamientos en torno a la adjudicación.
“Pedimos ahí a Raquel Buenrostro que pueda revisar, pero cuando se hace una licitación, sea para vales o para compra de papel, sobre todo las compras consolidadas, que es la mayoría de las compras que se hacen del gobierno, porque eso disminuye los costos…así cada secretaría hiciera su licitación, hay reglas muy específicas que deben cumplir todas las empresas y si hay una queja, pues que la revise la secretaría correspondiente”, expresó la mandataria.
En paralelo, se interpusieron al menos dos denuncias formales ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Los documentos, conocidos por este medio, detallan presuntas fallas técnicas y alertas sobre la operación del servicio que, según los promoventes, ponen en entredicho la legalidad y viabilidad del proceso.
Uno de los señalamientos indica que Broxel dejó sin registro los campos obligatorios de precios e importes en Compras MX. El texto afirma que esta omisión debió ocasionar el desechamiento automático de la propuesta, debido a la falta de congruencia entre la información capturada en la plataforma y el archivo PDF presentado.
Otro escrito advierte sobre antecedentes de incumplimiento. El documento recuerda que en 2021 la empresa no acudió a firmar un contrato previamente adjudicado para trabajadores de CAPUFE, situación que provocó retrasos y obligó a asignar el servicio al segundo lugar.
La presión operativa también aumentó este año, ya que el plazo de entrega se redujo de 10 días hábiles a cinco días naturales. En ese periodo deben distribuirse 800 mil tarjetas en más de 2 mil 100 puntos del país. Especialistas consultados sostienen que esta logística exige capacidades que la empresa no ha demostrado en procesos de esta dimensión.
De acuerdo con las fuentes, cualquier atraso en la personalización o activación de las tarjetas tendría un impacto inmediato en cientos de miles de trabajadores federales y en más de 200 dependencias, con el consiguiente riesgo de reclamaciones generalizadas y costos adicionales.
En ambas denuncias se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisar el procedimiento y dejar sin efecto el fallo de la compra consolidada.
