Ethel ArredondoPor Ethel Arredondo
Comarca Lagunera.– La reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas y de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha encendido las alertas en el norte del país, particularmente en regiones agrícolas como La Laguna, donde desde hace décadas la producción depende del agua de pozos y de la disponibilidad de los derechos para riego.
Mientras que las autoridades federales defienden que la reforma busca garantizar el derecho humano al agua, organizaciones campesinas advierten que el nuevo marco legal podría desmantelar la estructura productiva que sostiene la economía rural.
A esta preocupación se suman dirigentes políticos que preparan estrategias legales para frenar sus efectos y movilizaciones que podrían paralizar las actividades económicas de cada región del país.
El debate no sólo refleja la tensión entre el gobierno y el sector agropecuario, sino un conflicto más profundo: la disputa histórica por el control del agua en un país donde alrededor de 75% del recurso disponible se destina a la agricultura y donde los acuíferos más productivos se encuentran en sobreexplotación crítica.
En este escenario, la aprobación de la reforma ha provocado reacciones inmediatas y advertencias de movilización social.
Ley “perversa”
Productores agrícolas de Coahuila, representados por la Confederación Nacional Campesina (CNC), afirman que la nueva Ley de Aguas fue aprobada sin escuchar a quienes dependen directamente del recurso para producir alimentos.
El dirigente estatal, Jesús de la Rosa Godoy, explica que el proceso legislativo avanzó sin cumplir con las consultas obligatorias a campesinos, pueblos originarios y pequeños propietarios.
“Jamás se dio esa consulta. Hicieron, en dos o tres días, unas reuniones a modo en la Cámara de Diputados, donde entraron quienes ellos quisieron y con las opiniones que ellos querían que se presentaran”, afirmó.
Según De la Rosa, la exclusión del sector rural del debate legislativo ha generado un sentimiento de desconfianza y preocupación, especialmente porque la iniciativa introduce cambios considerados de alto impacto para la propiedad agrícola.
Uno de ellos es la prohibición de transferir derechos de agua junto con la tierra, lo cual, advierte, podría desvalorizar patrimonios familiares construidos durante generaciones.
“Ahora, según la reforma, yo no puedo vender mi tierra junto con el agua: el agua debe regresarse al gobierno federal a un banco de aguas, y ellos decidirán a quién entregarla”.
Este nuevo esquema, añadió, no sólo afecta la venta de tierras agrícolas, sino también la posibilidad de heredar derechos de agua a las siguientes generaciones. “Los campesinos dependen de su derecho de agua, de poder heredarlo a sus hijos. Con esta ley desaparece esa posibilidad”.
Otro punto que preocupa al sector campesino es la sustitución de las concesiones por permisos de corto plazo sujetos a revisión constante, lo que golpea directamente la seguridad jurídica para invertir.
De la Rosa lo ejemplificó así: “Ya no serán concesiones: serán permisos o autorizaciones que se revisarán cada dos años… Imagínese: un productor invierte dos o tres millones de pesos en arreglar su pozo, y al año Conagua puede decir ‘se cancela’. La inversión se pierde”.
La disponibilidad de créditos también se vería afectada, pues las instituciones financieras requieren que el solicitante demuestre derechos de agua vigentes.
“Si no los tienes, nadie te presta. Sin agua no hay ciclo agrícola y sin recursos no hay siembra”, explica.
En regiones como La Laguna, donde los niveles de extracción alcanzan profundidades cercanas a 400 metros, la tecnificación obligatoria que plantea la reforma también es vista como inviable sin apoyo institucional. Y es que el líder de la CNC señala:
“Hablan de medidores volumétricos en cada pozo, suena bien… pero no hay personal para supervisar. Para hacer eficiente el riego se necesita nivelación con rayo láser, estudios de suelo, infraestructura… nada de eso existe”.
A eso se suma la falta de recursos dentro de la propia autoridad encargada de vigilar la extracción. “Conagua tiene menos recursos que antes, menos personal, menos capacidad de vigilancia”, sostiene.
Más allá de los costos económicos y administrativos, el dirigente campesino plantea un riesgo mayor que desea “de corazón” no sea cierto: la intención política detrás de la reforma.
“Podemos pensar muchas cosas, pero esta ley es muy perversa. En otros países de Latinoamérica los gobiernos acabaron con el sector agropecuario para ponerlo de rodillas y hacerlo dependiente. No quisiera creerlo, pero esta ley puede significar el fin del sector agropecuario –social y privado– para dejar a todos a expensas del gobierno federal”.
Ante esta nueva legislación la CNC advierte sobre posibles conflictos sociales si no se corrige la ruta política que acompaña la reforma.
“No buscamos eso, pero están orillando a que los campesinos tomen decisiones desde sus comunidades… Esto puede convertirse en un conflicto social si no se escucha a todos”, dice De la Rosa, quien insiste en que la iniciativa debería devolverse al Congreso para un nuevo análisis.
“Estamos platicando con la gente… Ellos determinarán. Las organizaciones campesinas decidirán las medidas a tomar”, añade, sin descartar protestas, movilizaciones regionales o acciones coordinadas entre productores de distintos estados del norte.
Los amparos que vienen
En Durango el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que promoverá amparos en favor de productores agrícolas ante lo que considera una reforma que elimina derechos históricos y centraliza la administración del agua en el gobierno federal.
El dirigente estatal de este partido, Mario Salazar, denuncia que la nueva legislación “concentra todo el poder y el centralismo en la federación; elimina los derechos que las familias y el campo han tenido por generaciones y abre la puerta para que, desde un escritorio en la Ciudad de México, decidan quién tiene agua y quién no tiene agua”.
Salazar afirma que el derecho humano al agua, consagrado en la Constitución, fue convertido en un permiso vulnerable y condicionado. “Convirtieron un derecho humano en un permiso temporal, frágil, discrecional y bajo control político”.
Asegura que el PAN defenderá a los productores de Durango y de todo el país que enfrenten incertidumbre respecto del uso y disponibilidad del agua. “Vamos a proteger a los productores que puedan perder el agua… Morena se va a adueñar del agua de los productores del campo de nuestro país”.
El dirigente anuncia que el PAN ofrecerá asistencia jurídica completa para quienes decidan defenderse. “El PAN va a promover amparos, va a ayudar a cada productor del campo que quiera ampararse”. Destaca que esta vía se convierte en la única alternativa inmediata para preservar el estatus jurídico previo de los derechos de agua. “Es un instrumento judicial al que tiene derecho cualquier ciudadano… Haremos amparos individuales y les ayudaremos en la parte jurídica”.
Salazar también advierte que la centralización del agua no sólo implica decisiones lejanas a la realidad de cada región, sino que podría fomentar prácticas irregulares. “Se va a prestar al coyotaje… al no tener la posibilidad de ir hasta México por un permiso, puede haber coyotajes en esos trámites”. Añade que la mayoría de los productores tienen pozos o sistemas de acceso al agua que han trabajado por años y que serán vulnerados por la nueva estructura administrativa.
Respecto de una posible acción de inconstitucionalidad, indica que el análisis se desarrolla a escala nacional, pero aclara que la prioridad es acompañar a los directamente afectados. “Dejemos a un lado la parte política y veamos la realidad… En ese sentido el PAN se ofrece de manera solidaria y subsidiaria para decirle a la gente: ‘Te vamos a apoyar’”.
Al preguntarle sobre el número potencial de amparos, responde: “Los que sean necesarios… al menos lo vamos a ofrecer a la gente”.
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