Redacción El CoahuilensePor Diego García/CEDIL
A sólo un par de semanas de conmemorar el 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, en Coahuila se suscitó un caso que evidencia lo alarmantemente vigente que son el odio, acoso y agresiones contra las personas trans en nuestra entidad.
Hace semanas, desde el CEDIL se advertía que la exclusión y la violencia hacia esta población debía preocuparnos seriamente, dados los constantes episodios de desprecio y hostilidad que enfrentan en su cotidianidad. El caso reciente ocurrido en Monclova no sólo confirma esa advertencia, sino que la vuelve una exigencia política ineludible.
Las palabras de acoso e insultos no son meros enunciados aislados, configuran un clima social asfixiante en el que las agresiones físicas comienzan a percibirse como comprensibles, tolerables e, incluso, justificables. El problema neurálgico radica en que el acoso suele minimizarse bajo una narrativa complaciente: se le etiqueta como una “incomodidad pasajera”, una fricción social inevitable o, peor aún, se refugia bajo el falso manto de la “libertad de expresión”. Esa trivialización deliberada constituye el núcleo de la violencia.
Cuando el insulto se normaliza y la burla se blinda como una opinión legítima, se desdibuja intencionadamente la gravedad de la violencia simbólica que se ejerce convirtiendo a la víctima en un blanco móvil.
En este sentido, el acoso y la violencia funcionan como verdaderas pedagogías sociales. No son comportamientos erráticos; son dispositivos que enseñan, con una crueldad metódica, quién puede ser humillado sin consecuencias y quién merece ser protegido por el Estado y la sociedad. Son recordatorios constantes de la impunidad con la que operan los mecanismos de exclusión.
Cada acto de hostigamiento, cada comentario despectivo, cada exclusión aparentemente menor en espacios públicos refuerza la gramática de un sistema que considera legítimo violentar –física o verbalmente– a quienes transgreden el orden binario establecido. Así, la violencia no irrumpe de manera repentina, se construye, se sedimenta y se reproduce progresivamente en un entorno que la valida.
Conviene recordar que en Coahuila, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2021 y 2022, las personas trans han sido víctimas de discriminación y vulneración de sus derechos fundamentales en un 44.5%; este dato revela un patrón sistemático de exclusión que fractura el acceso al empleo digno, a la atención de salud integral y a otros espacios esenciales para la reproducción de la vida. Cuando casi la mitad de una población experimenta la negación de derechos básicos, estamos ante un problema estructural de desposesión, no ante incidentes excepcionales.
A este panorama se suma el contexto nacional. Proyectos internacionales como Trans Murder Monitoring identifican a México como el segundo país más peligroso para ser una persona trans, superando los 400 casos de transfeminicidios hacia 2025 y ubicándose únicamente por debajo de Brasil. Esta posición en los rankings de violencia letal evidencia que la transfobia es un eje que articula la necropolítica del país. Frente a ello cualquier intento de restar importancia al acoso cotidiano resulta no sólo irresponsable, sino cómplice porque ignora que esas microagresiones constituyen el terreno fértil donde germinan las violencias de mayor calado.
Como si estos datos no fueran en sí mismos suficientes para generar indignación, observamos con frustración cómo los medios de comunicación aprovechan estos sucesos para “sacar tajo” del transodio apelando a un amarillismo que deshumaniza. No conformes con el acto de violencia inicial, algunos medios han insistido en llamar a la víctima por su necrónimo (o deadname), justificándose en una supuesta “objetividad legal”, una nimiedad administrativa.
Esa práctica es una manera de violencia epistémica: la legalidad de un nombre en un papel no borra la realidad ontológica de una identidad. Caer en este acto es participar activamente en la maquinaria del acoso.
Esta revictimización, que pretende poner en entredicho la identidad de una mujer, revela una incapacidad profunda de reconocer al otro. Ni la identidad, ni la expresión de género están condicionadas a la validación externa. No podemos olvidar que los derechos humanos no son negociables y que las personas no requieren de nuestra aprobación para existir, habitar el espacio público o ser quienes son. La visibilidad, por la que tanto se lucha este 31 de marzo, no es un privilegio que se otorga, sino una precondición para la justicia. Es imperativo romper con estas pedagogías del odio y construir, en su lugar, espacios que no sólo toleren, sino que abracen la potencia política de la diferencia.
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