Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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Las pedreras volvieron al ojo del huracán en el Nuevo León de Samuel García. Esta vez no por auditorías, impuestos ambientales o amparos judiciales, sino por un accidente que exhibió nuevamente las condiciones bajo las cuales opera una industria estratégica para el desarrollo urbano del estado. La madrugada del jueves, una explosión en la pedrera GEMSA Triturados Emond, ubicada en el Cerro de San Miguel, en Escobedo, provocó un derrumbe que dejó a un trabajador sepultado bajo toneladas de roca y escombro. Mientras elementos de Protección Civil estatal y municipal continuaban con las labores de búsqueda, familiares denunciaron públicamente lentitud en el rescate y cuestionaron la falta de maquinaria suficiente para remover el material desprendido.
El caso volvió a colocar sobre la mesa un tema incómodo para todos los actores involucrados. Cuando una empresa incumple protocolos o enfrenta cuestionamientos sobre seguridad industrial, termina alimentando la narrativa de quienes sostienen que la industria extractiva requiere una supervisión más estricta. El problema es que en Nuevo León la discusión ya dejó de ser exclusivamente ambiental o de protección civil. Hoy las pedreras se encuentran atrapadas en medio de un conflicto político, fiscal y judicial que se ha intensificado durante los últimos dos años.
El mejor ejemplo es Matrimar, la empresa ubicada en Cerralvo que desde 2025 mantiene una confrontación abierta con el Gobierno estatal. Lo que comenzó como una disputa relacionada con inspecciones ambientales, auditorías y clausuras derivadas del llamado Impuesto Verde terminó escalando a acusaciones mucho más delicadas. La compañía denunció públicamente una presunta red de extorsión institucional y presentó una denuncia penal luego de la difusión de audios en los que presuntamente se menciona la exigencia de un “pago fuerte” para permitir su operación.
En esos audios aparecen referencias al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos; al secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero; al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; y a Roberto Santos, funcionario relacionado con procesos de fiscalización estatal. Y aunque el gobierno de Nuevo León ha rechazado cualquier acto de corrupción, el caso ya llegó al Congreso local, donde legisladores solicitaron que la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, analice atraer las investigaciones.
Por eso el accidente de GEMSA llega en uno de los momentos más delicados para la industria extractiva. Mientras algunas empresas buscan demostrar que enfrentan lo que han llamado “extorsión institucional”, otras vuelven a quedar bajo escrutinio por cuestiones relacionadas con seguridad operativa y cumplimiento normativo. El resultado es una relación cada vez más tensa entre el Gobierno estatal y un sector que históricamente ha sido clave para el desarrollo económico de Nuevo León.
Costuras de campeonato
México disputará su tercer partido en la Copa del Mundo 2026 con la posibilidad de asegurar el liderato del grupo y mantenerse en el Estadio Azteca para la siguiente fase. La euforia que acompaña al Tricolor también se refleja fuera de la cancha, donde el éxito comercial de la camiseta oficial abre una incógnita interesante: si los cinco millones de prendas ya fabricadas por Grupo Martex, de Santiago Martí, y colocadas en el mercado por Adidas, serán suficientes para responder a una demanda que no ha dejado de crecer. El fenómeno ha convertido a la planta de Irapuato en uno de los centros industriales más visibles alrededor del torneo. Cerca de cinco mil trabajadores participaron en la producción de las camisetas, con ritmos de hasta 120 mil piezas por día y procesos especializados de corte, sublimado y confección. Más allá de los resultados del Tricolor, el Mundial deja una imagen de manos mexicanas capaces de competir con los grandes fabricantes internacionales.
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