Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- El Congreso de Coahuila presentó una iniciativa de reformas y adiciones a su Constitución Política con el propósito de armonizar el marco normativo estatal con las reformas aprobadas a nivel federal en junio de 2025 y abril de 2026.
El conjunto de reformas, impulsado por el grupo parlamentario Alianza Coahuila (PRI, PAN y PRD) y la Fracción Parlamentaria Evaristo Pérez Arreola (UDC), abarca ejes como la prevención del nepotismo electoral, la prohibición de la reelección inmediata, la reconfiguración de los ayuntamientos, el establecimiento de un techo presupuestal para el Congreso local y la incorporación de los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
En materia de nepotismo, la iniciativa propone que ninguna persona pueda participar en un proceso electoral si tiene o ha tenido, en los tres años previos a la jornada electoral, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco (hasta el cuarto grado en línea colateral o el segundo por afinidad) con quien esté ejerciendo el cargo en disputa.
La restricción aplicará para todos los cargos de elección popular: gubernatura, diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
La propuesta también contempla la suspensión de derechos políticos para personas con sentencia firme por delitos cometidos de forma intencional contra la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad sexuales, así como por violencia familiar, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres.
Además, quedarán inhabilitadas quienes sean declaradas deudoras alimentarias morosas o se encuentren prófugas de la justicia.
En todos estos casos, la persona no podrá registrarse como candidata a ningún cargo de elección popular mientras subsista la sanción o la orden de aprehensión correspondiente.
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Respecto a la reelección, establece que los titulares propietarios de diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y quienes hayan sido electos de forma independiente, no podrán contender para el periodo inmediato posterior.
En cuanto a la integración de los ayuntamientos, la reforma plantea que cada municipio sea gobernado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, con observancia de los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva.
Respecto al gasto legislativo, determina que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos estatal del ejercicio fiscal correspondiente, en línea con los criterios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria establecidos por la federación.
Finalmente, en el ámbito de la paridad y la igualdad sustantiva, la propuesta recoge el mandato de la reforma constitucional federal de 2026, que elevó la perspectiva de género al mismo rango que la paridad y la igualdad sustantiva.
Con ello, busca garantizar que las decisiones públicas consideren las condiciones diferenciadas que enfrentan mujeres y hombres, con la finalidad de eliminar los obstáculos estructurales que históricamente han limitado la participación política de las mujeres.
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