AgenciaSaltillo, Coahuila.- Una jueza penal de Coahuila determinó no vincular a proceso a Roberto N., funcionario del Registro Público de la Propiedad del estado, quien enfrenta señalamientos por presuntos delitos sexuales contra menores de edad de su entorno familiar. La resolución fue emitida dentro de la causa penal 255/2026 y ya fue impugnada por la representación legal de una de las presuntas víctimas.
De acuerdo con el expediente, el servidor público es señalado como presunto responsable de agredir sexualmente a una adolescente de 13 años, hermana de su expareja, Yoselin Guadalupe Contreras García. Durante la audiencia también se presentó el testimonio de una de las hijastras de un matrimonio anterior del imputado, quien afirmó que tanto ella como su hermana vivieron situaciones similares cuando eran menores de edad.
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La mujer explicó que una de esas jóvenes presentó una denuncia en 2021; sin embargo, esa carpeta de investigación no fue judicializada. La otra decidió rendir su testimonio en el proceso actual con el propósito de evitar que existieran más víctimas, aunque, según la defensa, la jueza desestimó esa declaración pese a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la valoración de testimonios en delitos sexuales cometidos durante la infancia o la adolescencia.
En la misma resolución tampoco fue considerado el señalamiento realizado por otra menor de nueve años, hija de Yoselin, quien refirió haber sido víctima de tocamientos por parte de su padrastro.
El caso no prosperó luego de que personal del Centro de Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia concluyó que la menor no aportó “detalles de tiempo y espacio”.
La expareja del funcionario sostuvo que la resolución forma parte de un contexto de violencia institucional y aseguró que distintas instancias han incurrido en omisiones durante la atención de las denuncias. Entre los hechos que denunció se encuentran presuntas irregularidades en la integración de expedientes, el extravío de una carpeta por violencia psicológica y económica, así como actos de hostigamiento contra integrantes de su familia.
Tras conocerse la resolución, el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, defendió la actuación de la juzgadora y recordó que las víctimas cuentan con recursos legales para controvertir la decisión.
“Ninguno de mis jueces actúa en contra de norma expresa, si lo hiciera, pues está en riesgo su cargo, pero no tiene ninguna intención de ayudar a una persona”, afirmó.
Mery Ayup añadió que las resoluciones judiciales se dictan conforme a las pruebas presentadas en cada procedimiento y reiteró que las personas inconformes pueden recurrir a los mecanismos de impugnación previstos por la ley. La defensa de una de las presuntas víctimas confirmó que ya interpuso un recurso de apelación para que un tribunal revise la determinación emitida el pasado 15 de junio.
(Con información de Proceso). DA
