Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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La abogada y analista Natalia Torres se colocó en el centro de la conversación pública después de plantear que debería existir un examen de conocimientos para tener derecho a votar. La discriminatoria declaración provocó, como era previsible, una fuerte reacción, incluso escaló a la mañanera de la presidenta Sheinbaum. Pero hay un dato que ha quedado fuera de buena parte de la discusión. Torres es la asesora digital del senador Agustín Dorantes Lámbarri, uno de los panistas que busca posicionarse rumbo a la sucesión en Querétaro en 2027. Y bueno, si alguien se dedica a la comunicación política, tendría que saber que las palabras de un colaborador también pueden terminar afectando la imagen de quien lo contrata, ¿no?
Por eso resulta extraño el silencio de Dorantes. Si Torres, que desde entonces no ha hecho otra cosa que venderse como mártir, forma parte de su equipo y su trabajo está relacionado con estrategia y comunicación política, lo mínimo que cabría esperar es una explicación pública sobre la relación que mantienen y sobre si comparte o rechaza sus dichos. Más aún cuando el propio Dorantes pretende construir una candidatura competitiva en un estado donde la contienda para suceder a Mauricio Kuri parece tener, al menos por ahora, otros perfiles mejor posicionados en los nombres de Felipe Fernando “Felifer” Macías y Luis Bernardo Nava.
En los círculos cercanos al panismo queretano también han surgido cuestionamientos sobre la manera en que se manejan los dineros en estas asesorías. Se habla incluso de pagos en efectivo a colaboradores, asuntos que, de ser ciertos, deberían aclararse con absoluta transparencia y con la documentación correspondiente.
Ahora bien, ¿Qué habría ocurrido si una declaración de este calibre la hubiera hecho Gerardo Fernández Noroña o Arturo Ávila? Es difícil imaginar que los periodistas y comentaristas más críticos del gobierno actual hubieran dejado pasar el asunto. Seguramente habría editoriales, columnas y pronunciamientos para exigirles explicaciones y colocarlos en el centro del debate público. Pero cuando la polémica toca a un personaje vinculado con la oposición, pareciera que algunos aplican una vara distinta.
Dorantes tendría que entenderlo. Si aspira a gobernar Querétaro en 2027, no puede permitirse que una polémica de su entorno se convierta en un problema mayor por falta de claridad. Mucho menos cuando su proyecto político todavía necesita demostrar que tiene viabilidad y cuando dentro del propio PAN ya se habla de otros pre candidatos con mejores posibilidades. Natalia Torres puede defender sus ideas, faltaba más, pero Dorantes también debería explicar por qué una de sus asesoras aparece en el debate público con una propuesta que muchos consideran excluyente y, sobre todo, si piensa asumir el costo político de esas declaraciones o dejar que sea ella quien cargue sola con la factura.
Turbulencia legal
Atentos al litigio que el SAT de Antonio Martínez Dagnino, llevará a la Suprema Corte en contra de Interjet destapa un expediente sobre la fallida conducción de su abogado, Francisco Javier Mondragón Alarcón. Lejos de blindar a una de las familias empresariales más conocidas del país, el esquema trazado por el litigante funcionó como un cerco para sus representados. Dos puntos de quiebre marcan el desastre: el aval a la ruinosa adquisición de 22 aviones rusos Sukhoi Superjet 10, que llevan años varados en Toluca, y una ruta de litigio que terminó acorralando a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani ante un reclamo millonario de la autoridad tributaria. Ahora que la SCJN revisará el alcance de la responsabilidad solidaria de los empresarios, queda una pregunta incómoda:¿Mondragón realmente defendió a los Alemán u operó para quedarse con los remanentes?
Emprendedor en la mira
Un personaje empieza a ser mencionado entre los corredores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la FGR y el gremio de abogados porque, al parecer, anda de emprendedor. Desde un despacho supuestamente de inteligencia en las Lomas de Chapultepec, Israel Salazar Fabela ofrece carpetas de investigación y supuestas gestiones para resolver asuntos, siempre a cambio de los respectivos “honorarios”.
Mucha información y denuncias se empiezan a integrar en contra de este personaje. En altas instancias del Gobierno Federal ya hay instrucción de que rinda cuentas.
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