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Ciudad de México.- Desde el pasado 28 de junio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pospuesto la discusión del amparo que permitiría despenalizar el aborto en Aguascalientes; la historia se repitió este 9 de agosto, cuando se decidió nuevamente enviar a lista el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, promovido por organizaciones que buscan que se deje de criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Durante la sesión realizada este miércoles, la ministra Ana Margarita Ríos Fajart y los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutíerrez Ortíz Mena votaron en favor de enviar a lista el amparo en revisión 79/2023, el cual convertiría a Aguascalientes en la segunda entidad en despenalizar el aborto por sentencia, después de Coahuila en 2021.
Con esta acción se “da espacio a que los grupos fundamentalistas continúen con sus ataques” contra las promoventes del amparo, además, “este riesgo también es para las mujeres que al tener un aborto siguen siendo criminalizadas”, refirió Angie Contreras, integrante de Cultivando AC.
Cultivando AC, junto a Morras help Morras, TERFU AC, CECADEC y Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), fueron las organizaciones encargadas de impulsar una estrategia jurídica con el fin de despenalizar al aborto en varias entidades del país, entre ellas Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Chiapas, Morelos y San Luis Potosí.
En este caso el amparo 79/2023 busca “invalidar porciones normativas relativas al delito de aborto del Código Penal para el estado de Aguascalientes”. Cabe recordar que actualmente en la entidad se sanciona con seis meses a dos años de prisión y de 20 a 40 días multa a la mujer que decida interrumpir su embarazo.
“El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el estado de Aguascalientes que regulan la penalización del aborto, son inconstitucionales, por ser contrarios a los derechos humanos de las mujeres, especialmente del derecho a la igualdad y no discriminación y del derecho humanos a la salud”, señala el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá.
Las organizaciones esperan que la concesión del amparo se traduzca en la aplicación presente y futura de la invalidación normativa por parte de cualquier autoridad del estado de Aguascalientes, es decir, no solo se garantizaría a las mujeres el derecho de acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), también se daría libertad a aquellas que actualmente se encuentran presas por decidir sobre su vida y cuerpo.
“Este tribunal constitucional no solo tiene la obligación de proteger a quienes no han sido procesadas o condenadas por el delito de aborto, sino también a quienes están siendo procesadas y a quienes ya se encuentran condenadas, pues permitir que mujeres inocentes estén en la cárcel porque en su momento no se habían declarado inconstitucionales los artículos impugnados, ocasionaría que dichas mujeres ya afectadas por dicha criminalización, sigan siendo víctimas del propio sistema de justicia, avalando las consecuencias dramáticas y violación a sus derechos ocasionada”, añade el documento.
Sin embargo, el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nuevamente fue pospuesto, en medio de un camino que ha mostrado que, pese a que en 2021 la SCJN declaró inconstitucional la criminalización del aborto, los estados no han avanzando en la despenalización de este derecho.
Ya que actualmente solo 11 entidades de 32 han actualizado sus códigos penales para despenalizar el aborto, estas son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
Las organizaciones esperan que la concesión del amparo se traduzca en la aplicación presente y futura de la invalidación normativa por parte de cualquier autoridad del estado de Aguascalientes, es decir, no solo se garantizaría a las mujeres el derecho de acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), también se daría libertad a aquellas que actualmente se encuentran presas por decidir sobre su vida y cuerpo.
“Este tribunal constitucional no solo tiene la obligación de proteger a quienes no han sido procesadas o condenadas por el delito de aborto, sino también a quienes están siendo procesadas y a quienes ya se encuentran condenadas, pues permitir que mujeres inocentes estén en la cárcel porque en su momento no se habían declarado inconstitucionales los artículos impugnados, ocasionaría que dichas mujeres ya afectadas por dicha criminalización, sigan siendo víctimas del propio sistema de justicia, avalando las consecuencias dramáticas y violación a sus derechos ocasionada”, añade el documento.
Sin embargo, el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nuevamente fue pospuesto, en medio de un camino que ha mostrado que, pese a que en 2021 la SCJN declaró inconstitucional la criminalización del aborto, los estados no han avanzando en la despenalización de este derecho.
Ya que actualmente solo 11 entidades de 32 han actualizado sus códigos penales para despenalizar el aborto, estas son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
Mujeres son criminalizadas en Aguascalientes
De 2020 a lo que va de 2023, en Aguascalientes se han abierto un total de 40 investigaciones contra mujeres por el delito de aborto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El año con más casos es 2021, con un total de 14 casos; seguido del año 2022, donde se criminalizó a 13 mujeres; en 2023 se han iniciado ocho investigaciones, mientras que en 2020 la cifra fue de cinco.
La imposibilidad de acceder a este servicio de forma segura, legal y gratuita, ha provocado que las mujeres practiquen abortos clandestinos o viajen a entidades donde sí es posible solicitar una ILE sin ser criminalizadas.
Una de las entidades a las que viajan las mujeres de Aguascalientes es la Ciudad de México, donde desde el año 2007 se despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación.
Desde ese año hasta mayo de 2023, 155 mujeres de Aguascalientes han sido atendidas en las clínicas de la Ciudad de México donde se brinda este servicio, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la capital del país.
Es por ello que por medio de redes sociales, mujeres y organizaciones exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dar prioridad al proyecto que permitirá dejar de criminalizar a quienes decidan abortar en Aguascalientes, sin verse en la necesidad de recurrir a opciones que vulneran su derecho a la salud.
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